Durante 2025 aumentaron las agresiones en contra de defensores de los derechos humanos ambientales en el País y se registraron al menos 10 homicidios.
El informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en la materia, presentado este jueves, remarca que si bien la cifra de asesinatos es menor a la de 2024, cuando se registraron 25, continua siendo inaceptable.
La lista de ambientalistas asesinados en 2025 incluye a tres dirigentes y activistas comunitarios de Jalisco: Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad indígena tepehuana-wixárika de Azqueltán; Cándido Esaú Román Pérez, representante legal del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, de Cihuatlán, y Karina Ruiz Ocampo, representante legal de la asociación vecinal La Cima, Nuestra Prioridad, del municipio El Arenal.
Consigna también los homicidios de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi e integrante activo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), y Cristino Castro Perea, defensor de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, del municipio de Santiago Astata, en Oaxaca, así como los de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) en Cacahuatepec, y Sergio Hugo Ureiro Castañeda, dirigente del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros de Tlapa, en Guerrero.
En Michoacán fue asesinado Francisco Macías Sánchez, integrante de la ronda comunitaria del municipio autónomo de Cherán; en Morelos Silvia Hernández Meza, candidata de la Planilla Morada, que contendía por la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, y en Puebla José Luis Lucas Quirino, profesor, ejidatario y líder social en la región de Acuaco, del municipio de Zaragoza.
Agresiones
El informe advierte que las agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos ambientales registraron un repunte, al llegar a 135, 41 más que en el 2024 y la segunda cifra más alta en 12 años de registro.
Los principales tipos de agresión documentados en el informe son los de estigmatización, intimidación, difamación, amenaza, hostigamiento, criminalización y ataque físico. En 85.5 por ciento de los casos las víctimas fueron integrantes de organizaciones civiles o comunidades.
En más de la mitad de los casos, 56 por ciento, los responsables fueron agentes gubernamentales, en por ciento miembros de la delincuencia organizada y en 6 por ciento personal de empresas.
Las entidades con mayor número de agresiones fueron Ciudad de México, con 39, Puebla, con 20, y Oaxaca, con 17.
"Las personas siguen siendo amenazadas e intimidadas tan sólo por defender el medio ambiente, sus recursos naturales y sus territorios. En tanto la narrativa por parte de diversos actores sea estigmatizante y/o difamante en contra de las personas defensoras el riesgo de que sufran agresiones continuará siendo elevado", alerta Cemda.
"El gobierno mexicano tiene frente a sí todo un desafío para poder garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, colectivos y comunidades que actúan para promover y proteger los derechos humanos ambientales y luchan por su realización lo hagan de manera libre y segura".