La situación de José Ignacio Landaluce al frente del Ayuntamiento de Algeciras atraviesa uno de sus momentos más delicados. El alcalde deberá comparecer el próximo 23 de octubre ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, después de que la jueza haya admitido a trámite la denuncia presentada por una joven militante del Partido Popular que le atribuye presuntos tocamientos en el despacho de la Alcaldía. La investigación judicial coincide con una ofensiva política para apartarlo del cargo, en un escenario marcado por las acusaciones de dos mujeres y la ruptura de una parte de su propio grupo municipal.
La citación supone un nuevo episodio en una crisis que ya ha trascendido el ámbito judicial. Mientras la magistrada comienza a recabar declaraciones para esclarecer los hechos denunciados, doce concejales populares han abandonado el Gobierno local y han promovido una moción de censura con el respaldo de Vox. La iniciativa pretende situar al edil Jacinto Muñoz al frente del Consistorio.
La jueza cita a varios responsables municipales
La investigación no se limitará a la declaración del regidor. La magistrada ha citado para el 22 de octubre, en calidad de testigos, a Jacinto Muñoz, secretario general del PP de Algeciras, y a Patricia Bueno, actual segunda teniente de alcalde.
Ambos podrían aportar información relevante para esclarecer qué ocurrió antes y después de los hechos denunciados. Según fuentes municipales, la denunciante trabajaba como cargo de confianza en la Oficina de Atención al Mayor, área cuya delegación correspondía a Bueno. La jueza podría tratar de determinar si la joven comunicó a alguno de ellos lo sucedido.
Muñoz, por su parte, se encuentra en una posición especialmente significativa dentro de la crisis municipal: además de declarar como testigo, es el candidato propuesto para sustituir a Landaluce si prospera la moción de censura. Su futuro político queda así vinculado a una operación que busca cambiar la dirección del Ayuntamiento en medio de la controversia.
La denunciante se encuentra de baja laboral y decidió acudir a los tribunales después de conocer la existencia de otra denuncia contra el alcalde. Según la información publicada por Europa Sur, la jueza también pretende tomarle declaración.
Dos denuncias que han sacudido al PP de Algeciras
El caso que ha motivado la citación del 23 de octubre no es el único procedimiento relacionado con Landaluce. Otra militante del PP denunció al alcalde en septiembre ante el Tribunal Supremo por dos presuntas agresiones sexuales que, según su relato, habrían ocurrido en 2020 y 2021.
Los hechos denunciados se situarían en dos escenarios diferentes: un centro médico propiedad del regidor y las dependencias del Ayuntamiento. El Supremo ha remitido esa denuncia a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la posible existencia de indicios delictivos y sobre la competencia del alto tribunal para investigar el caso.
Landaluce perdió su condición de senador tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, una circunstancia que influye en el análisis de la competencia judicial. No obstante, la remisión a la Fiscalía no equivale a una declaración de culpabilidad ni implica que los hechos estén acreditados.
La coincidencia de ambos asuntos ha elevado la presión sobre el alcalde y ha colocado al partido ante una crisis que afecta tanto a su liderazgo local como a la estabilidad del Gobierno municipal.
Una moción de censura amenaza su continuidad
La respuesta política ha tomado forma con la salida de doce concejales del PP del Ejecutivo local y la alianza con los cuatro representantes de Vox para impulsar la moción de censura. La propuesta fue registrada el 14 de octubre y plantea que Jacinto Muñoz sustituya a Landaluce en la Alcaldía.
El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, confirmó que populares y Vox habían firmado la petición para tramitar la iniciativa. La suma de sus representantes les proporciona una mayoría suficiente para sacar adelante el cambio de gobierno, según los datos facilitados sobre la composición municipal.
El movimiento tiene una dimensión especialmente relevante porque la oposición al alcalde procede, en buena medida, de sus propias filas. La fractura evidencia que la continuidad de Landaluce ya no depende únicamente de la evolución de las denuncias, sino también de la capacidad de conservar apoyos dentro de su organización.
El PSOE, por su parte, llevaba dos años ofreciendo sus votos a los populares para desalojar al regidor de la Alcaldía. La nueva operación altera el equilibrio político del municipio y abre la puerta a un cambio de liderazgo tras años de protagonismo de Landaluce.
El 28 de octubre, otra fecha decisiva para Algeciras
El calendario concentra en pocos días dos acontecimientos determinantes. La declaración del alcalde está prevista para el 23 de octubre, mientras que el pleno para debatir la moción de censura se ha fijado para el día 28.
La proximidad entre ambos procedimientos añade incertidumbre al futuro inmediato del Ayuntamiento. Por un lado, la investigación judicial deberá avanzar mediante las declaraciones y las diligencias que acuerde la magistrada. Por otro, los concejales decidirán si Landaluce continúa al frente de la institución o si se produce un relevo impulsado por PP y Vox.
Son dos procesos distintos, aunque sus consecuencias políticas puedan entrecruzarse. La comparecencia judicial no determina por sí misma el resultado de la moción, del mismo modo que un cambio en la Alcaldía no resolvería las denuncias.
Por ahora, Landaluce afronta una doble presión: esclarecer ante la Justicia las acusaciones formuladas contra él y una pérdida de respaldo político que amenaza con poner fin a su etapa al frente del Consistorio. @mundiario
