En la lucha contra la extorsión en la Ciudad de México (CDMX), el Congreso capitalino recibió el paquete de iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que plantea endurecer las sanciones hasta con siete años de prisión a quienes cometan este delito.
CDMX apuesta por combatir la extorsión
El proyecto de ley, presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, propone tres modificaciones clave al Código Penal local.
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En primer lugar, contempla la derogación del artículo 148 Quáter, con el objetivo de armonizar la legislación capitalina con la Ley General en materia de extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2025, evitando contradicciones y fortaleciendo la coordinación con el ámbito federal.
Así como reformar el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima, para incorporar de manera expresa la violencia física o moral como agravante.
Foto: Cuartoscuro
Como eje central, la iniciativa propone la creación de un Capítulo X que tipifica el delito de hostigamiento coercitivo, el cual contempla penas de tres a siete años de prisión para quien, mediante violencia física o moral, busque obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar alguna conducta, sin que sea necesario acreditar un daño consumado o un beneficio obtenido.
El Congreso local explicó que la legislación actual exige que la extorsión genere un resultado material para poder perseguirse, es decir, que el daño se concrete o el beneficio se obtenga.
Esto ha dejado fuera conductas intimidatorias frecuentes que, aunque no se consuman, generan temor en comerciantes, transportistas y vecinos.
“Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá intervenir desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que el delito se consuma”, señaló el Grupo Parlamentario de Morena.
La propuesta también incluye la reforma al artículo 253, para incorporar tanto la extorsión prevista en la legislación federal como este nuevo delito dentro del catálogo de graves.
Al respecto, la diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que desde el recinto de Donceles y Allende se respaldarán estas medidas para fortalecer el marco legal, incentivar la denuncia, mejorar la atención a víctimas y avanzar hacia una política de “cero tolerancia” frente a la extorsión.