El mes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reiteró una afirmación que ha venido repitiendo durante los últimos cinco años: sostuvo que el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México representa “una amenaza constante e inminente” para todo el estado. Con ello, renovó una declaratoria de desastre en materia de seguridad fronteriza que ha ampliado considerablemente sus facultades, sin necesidad de pasar por la Legislatura estatal.
La declaración de Abbott contrasta marcadamente con las cifras reportadas por la administración Trump, la cual señala que la disminución en el flujo de migrantes que cruzan la frontera ha sido sin precedentes, alcanzando mínimos históricos desde que asumió el cargo en enero de 2025.
No obstante, desde que Abbott declaró por primera vez una situación de emergencia en la frontera en 2021 —durante la administración de Biden—, ha renovado o modificado dicha declaratoria en al menos 69 ocasiones; 21 de ellas, durante el mandato de Trump.
El gobernador republicano, quien el próximo mes buscará su cuarto mandato, ha consolidado su poder como ningún otro gobernador de Texas antes que él. Según han informado ProPublica y The Texas Tribune, Abbott ha aprovechado los esfuerzos de sus predecesores para fortalecer su posición en un sistema diseñado, por definición, para limitar el poder del gobernador —dado que la Constitución estatal restringe las acciones que pueden emprenderse sin la aprobación legislativa—. Uno de los métodos que ha empleado para lograrlo consiste en emitir órdenes ejecutivas y declaratorias de desastre, las cuales le permiten reasignar fondos, suspender normativas y adjudicar contratos de forma directa, sin necesidad de licitación, en situaciones de emergencia. El mes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reiteró una afirmación que ha venido repitiendo durante los últimos cinco años: sostuvo que el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México representa “una amenaza constante e inminente” para todo el estado. Con ello, renovó una declaratoria de desastre en materia de seguridad fronteriza que ha ampliado considerablemente sus facultades, sin necesidad de pasar por la Legislatura estatal.
La frontera es segura: Trump
La declaración de Abbott contrasta marcadamente con las cifras reportadas por la administración Trump, la cual señala que la disminución en el flujo de migrantes que cruzan la frontera ha sido sin precedentes, alcanzando mínimos históricos desde que asumió el cargo en enero de 2025.
No obstante, desde que Abbott declaró por primera vez una situación de emergencia en la frontera en 2021 —durante la administración de Biden—, ha renovado o modificado dicha declaratoria en al menos 69 ocasiones; 21 de ellas, durante el mandato de Trump.
El gobernador republicano, quien el próximo mes buscará su cuarto mandato, ha consolidado su poder como ningún otro gobernador de Texas antes que él. Según han informado ProPublica y The Texas Tribune, Abbott ha aprovechado los esfuerzos de sus predecesores para fortalecer su posición en un sistema diseñado, por definición, para limitar el poder del gobernador —dado que la Constitución estatal restringe las acciones que pueden emprenderse sin la aprobación legislativa—. Uno de los métodos que ha empleado para lograrlo consiste en emitir órdenes ejecutivas y declaratorias de desastre, las cuales le permiten reasignar fondos, suspender normativas y adjudicar contratos de forma directa, sin necesidad de licitación, en situaciones de emergencia.
Desde enero de 2025, dos de las principales agencias encargadas de la vigilancia fronteriza —el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento Militar de Texas— han adjudicado más de 5 millones de dólares en contratos sin licitación, invocando la situación de emergencia para adquirir bienes como una camioneta Ford F-150, rifles y apartamentos, según indican los registros estatales.
“Creo que es algo sin precedentes”, señaló Cal Jillson, profesor de ciencias políticas en la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University), en Dallas. “No creo que exista un ejemplo similar; ciertamente no en cuanto a la duración de la emergencia, y mucho menos después de que esta parece haber quedado atrás”.
La oficina de Abbott no respondió a preguntas específicas para este reportaje —incluidas aquellas sobre los contratos sin licitación—, pero la subsecretaria de prensa, Madeline Waschak, afirmó en una declaración por escrito que el gobernador ha dejado claro que la seguridad fronteriza sigue siendo una prioridad constante.
“Los daños causados por cuatro años de políticas fronterizas fallidas bajo el mandato demócrata no desaparecieron de la noche a la mañana, y los avances que hemos logrado no se mantendrán por sí solos sin una vigilancia continua”, escribió.
“Asegurar la frontera requiere una acción constante y deliberada para combatir los cruces ilegales, el contrabando de los cárteles, el tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas que amenazan la seguridad pública en Texas. El gobernador Abbott se asegurará de que las herramientas necesarias sigan vigentes para proteger a nuestro estado, mientras trabajamos junto a la administración Trump para disuadir, arrestar, detener y deportar a los inmigrantes ilegales”, añadió.
En el momento de la primera declaración fronteriza de Abbott —cuatro meses después del inicio del mandato del presidente Joe Biden—, la Patrulla Fronteriza registraba más de 180,000 detenciones a lo largo de la frontera suroeste en un solo mes. Según Abbott, la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración habían provocado una crisis humanitaria en muchas comunidades de Texas.
“Las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden han facilitado una escalada de violencia por parte de los cárteles, han aumentado drásticamente el riesgo de trata de personas y han generado una grave crisis relacionada con el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos”, señalaba la orden.
Desde entonces, el número de detenciones a lo largo de la frontera suroeste ha disminuido, situándose este año en una media de unas 8,000 mensuales.
La declaración sobre seguridad fronteriza constituye la proclamación de emergencia de Abbott que más tiempo ha permanecido vigente de forma ininterrumpida. De manera similar, Abbott mantuvo durante tres años su declaración de desastre por la COVID-19 —emitida originalmente en 2020—, a pesar de que restó importancia a la gravedad de la pandemia.
“Se trata del poder silencioso del gobernador”, afirmó Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Houston. “No es algo de lo que suelan alardear, ya que, cuanto más se convierte en una cuestión política, más probabilidades hay de que sea objeto de controversia”.
Además de la seguridad fronteriza, la segunda declaración de emergencia más prolongada del gobernador está relacionada con las sequías. En julio de 2022, declaró un estado de desastre y, pocos días después, lo modificó para incluir un total de 189 condados. Aunque ha seguido renovando dicha declaración, actualmente esta solo abarca aproximadamente un tercio de los condados identificados inicialmente.
Intentan limitar facultades de Abbott
Los legisladores estatales han intentado —sin éxito— limitar las facultades del gobernador bajo la ley estatal de desastres. El año pasado, legisladores de ambos partidos presentaron varias iniciativas que habrían obligado a Abbott a obtener la aprobación de la Legislatura si deseaba prorrogar una declaración de desastre; sin embargo, ninguna fue aprobada.
Las declaraciones de emergencia de Abbott han ido acompañadas de un gasto récord en medidas de seguridad fronteriza. Texas destinó más de 11,000 millones de dólares durante la administración Biden y asignó otros 3,000 millones de dólares adicionales el año pasado, tras la llegada de Trump al poder.
Todo esto forma parte de la “Operación Lone Star” de Abbott, una iniciativa lanzada en marzo de 2021 bajo el argumento de que era necesaria para frenar el contrabando de drogas y el tráfico de personas hacia el país a través de Texas. Gracias a la declaración de emergencia, la policía pudo acusar a los inmigrantes de allanamiento de propiedad privada al cruzar la frontera; además, el gobernador pudo redirigir fondos de otras agencias para financiar la operación, construir barreras fronterizas, desplegar a la Guardia Nacional y obtener apoyo de otros estados.
Gran parte de los fondos para la “Operación Lone Star” se canalizan a través del Departamento Militar de Texas y el Departamento de Seguridad Pública (DPS), dos de las agencias responsables de las principales labores de aplicación de la ley. Asimismo, la partida presupuestaria destinada al gobernador para la seguridad fronteriza ha aumentado considerablemente desde que Abbott asumió el cargo hace más de una década. El año pasado, los legisladores estatales asignaron a su oficina cerca de 230 millones de dólares para ser distribuidos mediante subvenciones, destinadas principalmente a fiscales locales y agencias gubernamentales que colaboran con el estado en la “Operación Lone Star”.
Aunque la situación sobre el terreno ha cambiado, un aspecto de la declaración de emergencia ha permanecido constante: la capacidad de las agencias estatales para adjudicar contratos sin licitación.
El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) y el Departamento Militar de Texas han adjudicado, hasta el momento, al menos seis contratos sin licitación durante la segunda administración de Trump para labores relacionadas con la operación, justificándolo mediante la declaración de emergencia. Esto incluye un contrato de más de 2 millones de dólares con la empresa CTC Gunworks LLC, con sede en Texas, para la adquisición de rifles y pistolas destinados al personal en servicio activo. No fue posible contactar a los representantes de CTC Gunworks para obtener sus comentarios.
Funcionarios del Departamento Militar de Texas remitieron las preguntas sobre sus procesos de contratación a la oficina del gobernador. Un portavoz del DPS señaló, en una declaración por escrito, que si bien la declaración de desastre permite realizar compras de manera acelerada, el departamento sigue aplicando las mejores prácticas y “busca seleccionar a los proveedores que ofrezcan el mejor valor, determinado por el costo, la calidad y la capacidad para cumplir con los requisitos específicos de respuesta ante desastres”.
Con respecto a los contratos en cuestión, el portavoz del DPS indicó que se trataba de adquisiciones vinculadas a contratos estatales ya existentes.
La continua financiación y expansión de la “Operación Lone Star” se han producido a pesar de que la iniciativa ha estado plagada de problemas. En 2022, una investigación realizada por ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project reveló que el éxito reportado por el estado incluía detenciones no relacionadas con la frontera o la inmigración, además de contabilizar incautaciones de drogas efectuadas por agentes estatales que no estaban asignados directamente a la operación. Asimismo, The Texas Tribune y Army Times denunciaron las precarias condiciones laborales, los retrasos en los pagos y los casos de suicidio entre los miembros de la Guardia Nacional desplegados como parte de la “Operación Lone Star”.
Durante un evento organizado esta semana por The Texas Tribune, en el que participaron legisladores estatales de El Paso, la representante estatal demócrata Mary González —vicepresidenta del Comité de Asignaciones— afirmó que los legisladores estatales ya han comenzado a reducir la financiación destinada a la frontera, y que existe interés por parte de ambos partidos en continuar con esta tendencia durante la próxima sesión legislativa. “Creo que el problema radica en que parte de esos fondos destinados a la seguridad fronteriza permanecen en la oficina del gobernador —donde no existen mecanismos de control y equilibrio— y, dado que seguimos bajo una declaración de emergencia (que en realidad ya no lo es) que le permite disponer libremente de ese dinero, se han observado algunas asignaciones cuestionables bajo el pretexto de la seguridad fronteriza”, señaló.
Sin embargo, Abbott ha reiterado en diversas ocasiones que la labor de Texas para asegurar la frontera aún no ha concluido.
“Debemos asegurar la frontera no solo durante los próximos dos años de la administración Trump, sino de forma permanente”, declaró Abbott a principios de octubre en una conferencia de prensa donde abordó el reembolso de 7,500 millones de dólares por parte del gobierno federal para cubrir los gastos de seguridad fronteriza en los que había incurrido el estado.
Rottinghaus afirmó que Texas siempre tendrá que hacer frente a los cruces fronterizos y al tráfico de drogas, pero que la existencia de estos problemas no siempre justifica una declaración de emergencia.
