Llevo dos meses litigando en nuestra ciudad, tiempo en el que, me he dado cuenta de cuánto pesan las condiciones cotidianas en el ejercicio de un derecho que solemos explicar desde la Constitución, pues la disponibilidad de estacionamiento, el estado de las instalaciones, la posibilidad de conocer el avance de un asunto y el tiempo entre actuaciones repercuten en nuestro trabajo y en la vida de quienes representamos.
Esta experiencia me ha llevado a mirar con mayor preocupación la distancia entre la tutela judicial que reconocen las normas y las condiciones materiales necesarias para hacerla efectiva, especialmente cuando las dificultades administrativas y las deficiencias de infraestructura se acumulan sobre personas que ya enfrentan un conflicto familiar, patrimonial o laboral.
El artículo 17 constitucional reconoce el derecho a obtener justicia pronta, completa e imparcial dentro de los plazos legales, mientras que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen las garantías judiciales, el plazo razonable y la efectividad de los recursos, obligaciones cuyo cumplimiento requiere una organización capaz de atender, resolver y hacer cumplir sus determinaciones.
Las deficiencias materiales cuentan con documentación reciente, pues el pasado 12 de octubre El Diario publicó un reportaje sobre el deterioro de distintas salas de audiencias de Ciudad Judicial del Distrito Bravos, donde se identificaron sillas dañadas, plafones rotos, humedad, luminarias sin funcionar y áreas de descanso inutilizables.
La misma publicación recogió señalamientos del abogado Emmanuel Rangel sobre micrófonos deficientes y programas antiguos para videollamadas, aunque el propio litigante precisó que esas condiciones no impiden por sí mismas celebrar las audiencias y sí afectan la comodidad de quienes acuden y trabajan en esas instalaciones.
La presidencia del Tribunal Superior de Justicia también ha reconocido necesidades concretas, ya que en una entrevista publicada el 21 de agosto la magistrada Marcela Herrera Sandoval refirió que había espacios judiciales en Juárez donde no se proporcionaba agua para beber y señaló que continuaban buscando opciones de estacionamiento para mejorar la atención.
La crítica exige precisión, por lo que afirmar que todos los asuntos tardan un mes en radicarse o siete meses en recibir sentencia requeriría información suficiente y desagregada por juzgado, materia y etapa procesal, además de distinguir la complejidad del litigio, la conducta de las partes, la insuficiencia de recursos y las dilaciones atribuibles a la autoridad.
Documentar las demoras mediante fechas y actuaciones identificables fortalece el reclamo ciudadano y permite establecer responsabilidades con rigor, además de ofrecer elementos para corregir prácticas que podrían permanecer ocultas detrás de estadísticas generales sobre asuntos recibidos o expedientes concluidos.
Desde el litigio considero necesario publicar tiempos de tramitación por órgano y materia, establecer un programa de mantenimiento con presupuesto, responsables y fechas, así como habilitar mecanismos que permitan conocer el estado de las solicitudes y las razones de los retrasos, incluyendo la radicación, los acuerdos, las notificaciones, las audiencias, las sentencias y su ejecución.
La responsabilidad institucional comprende la gestión administrativa, la asignación presupuestaria y la organización del trabajo, de manera que el personal judicial cuente con condiciones suficientes para cumplir sus funciones y las personas usuarias dispongan de información comprensible sobre el trámite de sus asuntos.
Quienes litigamos también debemos asumir nuestra responsabilidad mediante la presentación de asuntos debidamente integrados, el cumplimiento de nuestras cargas procesales, la abstención de prácticas dilatorias y la documentación rigurosa de las irregularidades que denunciamos, porque la exigencia de una justicia efectiva compromete a todos sus operadores.
Después de estos dos meses tengo la convicción de que la dignidad de la justicia se concreta en el trato recibido, en una actuación practicada oportunamente y en una resolución que puede cumplirse, por lo que Juárez merece instituciones capaces de responder a esa exigencia y reconocer que cada demora evitable consume tiempo de una vida que el expediente apenas alcanza a describir.
