El Gobierno afronta la recta final antes de la votación de sus decretos de vivienda con más incertidumbres de las previstas. Junts y PNV, dos de los socios parlamentarios que resultan decisivos para la convalidación, han expresado este miércoles serias reservas sobre el contenido y la tramitación de las medidas, pero ninguno ha querido adelantar todavía el sentido de su voto.
La portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha declarado “decepcionada” y “preocupada” después de analizar el decreto y ha advertido de que no responde a las dos prioridades que su formación había planteado al Ejecutivo: proteger a las familias y limitar la actuación de los fondos de inversión. Los jeltzales, por su parte, ha reclamado un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios. “No se puede convertir al pequeño propietario en el enemigo”, ha advertido su portavoz, Maribel Vaquero.
La posición de Junts constituye uno de los principales interrogantes de la votación extraordinaria del viernes. Nogueras ha evitado cualquier portazo y ha asegurado que su grupo seguirá examinando “cada página” de los textos antes de tomar una decisión definitiva. La formación independentista considera que el decreto no cumple suficientemente con sus reclamaciones. En particular, cuestiona que las restricciones a determinadas compras inmobiliarias impidan realmente que los fondos buitre puedan seguir adquiriendo viviendas y reclama medidas más contundentes para proteger a las familias que viven de alquiler.
Junts también ha expresado reparos sobre algunos efectos que, a su juicio, puede tener la regulación sobre los propietarios particulares. Entre los ejemplos planteados figura el supuesto de un propietario que quiera transmitir a un hijo una vivienda actualmente alquilada. La formación considera que la regulación puede generar situaciones que entren en conflicto con ese derecho.
A ello se añade el malestar por la propia negociación. Junts critica que el Gobierno haya presentado dos decretos separados y con poco margen para estudiarlos antes de una votación que exige una respuesta inmediata. La fragmentación del paquete se ha convertido así en otro elemento de desconfianza entre los socios.
🏠 VIVENDA A portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mostra "preocupación" e "decepción" tras unha primeira lectura dos decretos do Goberno https://t.co/QZkZfP8xpW
— G24 (@G24Noticias) September 30, 2026
El PNV reclama “más zanahoria y menos palo”
El PNV mantiene un tono diferente, aunque tampoco ha comprometido su respaldo. Vaquero ha advertido de que las medidas aprobadas por el Gobierno no resolverán por sí solas la crisis habitacional y ha reclamado más tiempo para estudiar su alcance. Al mismo tiempo, ha descartado situarse en una posición de bloqueo permanente y ha defendido la búsqueda de acuerdos.
El punto más sensible para los nacionalistas vascos es la relación entre protección del inquilino y seguridad jurídica del propietario. Vaquero ha defendido que se puede proteger a las personas vulnerables sin “criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler”. El argumento tiene especial relevancia para el modelo vasco que reivindica el PNV, según ha explicado su portavoz, por los pequeños propietarios representan alrededor del 90 % de la oferta de alquiler en Euskadi. Mientras no exista un parque público suficiente, sostiene la formación, esos arrendadores continúan siendo necesarios para garantizar la oferta.
De ahí que el PNV reclame diferenciar entre los grandes fondos de inversión y los particulares que poseen una o varias viviendas. Su receta pasa por incrementar la construcción de vivienda protegida, mejorar la seguridad jurídica y establecer incentivos para ampliar la oferta: “más zanahoria y menos palo”.
La vivienda, entre la urgencia social y la aritmética parlamentaria
La tensión llega después de que el Gobierno aprobara dos reales decretos con medidas destinadas a contener algunos de los efectos más acuciantes de la crisis residencial. El paquete incluye protección frente a desahucios de personas vulnerables, prórrogas de contratos de alquiler, regulación de determinados alquileres temporales y de habitaciones y restricciones a determinadas operaciones de fondos de inversión.
Pero la división del paquete en dos normas ha complicado la negociación parlamentaria. La prórroga automática de los contratos de alquiler quedó separada en un segundo decreto, promovido principalmente por Sumar, mientras el primer texto concentra el grueso de las medidas.
La decisión responde también a una cuestión de aritmética, ya que el Ejecutivo trata de evitar que una medida particularmente controvertida arrastre al resto del paquete. El resultado es que el viernes habrá dos votaciones y, potencialmente, dos escenarios parlamentarios diferentes.
Sánchez confía en salvar las medidas
A pesar del malestar expresado por sus socios, Pedro Sánchez ha trasladado públicamente una posición de confianza. El Gobierno necesita convencer a las formaciones que pueden inclinar la balanza y ha pedido que valoren el contenido de las medidas antes de fijar posición. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido precisamente ese argumento durante la sesión de control, que los grupos analicen las medidas incluidas en el decreto antes de decidir su voto.
El problema para La Moncloa es que las dudas no proceden únicamente de la oposición. El PP ha anunciado su voto en contra de los dos decretos y ha acusado al Ejecutivo de utilizar una técnica legislativa que considera contradictoria. Alberto Núñez Feijóo ha presionado directamente a Junts y PNV para que tampoco respalden las normas.
La posición de los posconvergentes y peneuvistas deja al Gobierno ante una negociación de última hora. Ambos grupos comparten algunas de las preocupaciones que han impulsado al Ejecutivo a actuar —el encarecimiento de la vivienda, la protección de las familias vulnerables y la necesidad de ampliar la oferta—, pero discrepan sobre la forma de intervenir en el mercado y sobre el equilibrio entre inquilinos y propietarios. @mundiario
