El Ministerio de Defensa ha decidido llevar a la Justicia las graves acusaciones formuladas por Amnistía Internacional contra miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta. La decisión llega después de que la organización denunciara posibles torturas, malos tratos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra migrantes y solicitantes de asilo que permanecen en la ciudad dos meses después de la entrada masiva de finales de julio.
Defensa ha remitido el informe de Amnistía a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta y ha instado al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a investigar y determinar posibles responsabilidades individuales. El Ministerio ha explicado que pretende preservar el “buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”. La decisión no supone dar por acreditadas las acusaciones de la ONG, pero sí trasladarlas a los órganos que pueden investigarlas y determinar si existen responsabilidades penales o disciplinarias.
El movimiento de Defensa es especialmente relevante porque coloca el informe de Amnistía dentro de un procedimiento institucional y judicial. La organización no ha presentado una sentencia ni una conclusión judicial, sino una investigación de campo en la que asegura haber encontrado indicios suficientes para hablar de un posible patrón de abusos.
Amnistía Internacional realizó una visita a Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre. Durante esos días entrevistó a más de 65 migrantes y solicitantes de asilo, entre ellos 31 menores de entre 13 y 17 años y 26 mujeres, dos de ellas embarazadas. La organización asegura haber recopilado 22 testimonios directos sobre actuaciones atribuidas a militares.
Las acusaciones son variadas y, de confirmarse, tendrían distinta relevancia jurídica. Amnistía habla de palizas, golpes con porras, puñetazos, amenazas, humillaciones, confiscación o destrucción de teléfonos, robo de dinero y actuaciones destinadas a expulsar a personas de determinados lugares de la ciudad.
También recoge testimonios sobre episodios ocurridos durante la noche, en algunos casos con militares presuntamente encapuchados, que habrían utilizado espray irritante y fuerza física contra migrantes. La ONG afirma haber tenido acceso a fotografías y vídeos y haber comprobado lesiones compatibles con algunos de los relatos, aunque la existencia de una lesión no demuestra por sí misma quién la causó ni bajo qué circunstancias.
Uno de los testimonios recogidos describe que un joven habría sido inmovilizado con bridas, introducido en el maletero de un vehículo, golpeado y posteriormente arrojado por un terraplén. Otro joven asegura que sufrió una lesión después de ser empujado desde una altura considerable. Estos relatos son acusaciones individuales y tendrán que ser contrastados mediante pruebas médicas, imágenes, identificaciones y declaraciones de otros testigos.
La utilización por parte de Amnistía del término “tortura” tampoco significa que todos los episodios denunciados encajen automáticamente en esa categoría penal. El concepto jurídico de tortura exige elementos específicos relacionados con la gravedad del sufrimiento, la finalidad de la conducta y la participación o consentimiento de un agente público. Por eso será la investigación judicial la que deberá determinar qué hechos pueden acreditarse y cómo deben calificarse jurídicamente.
El elemento que Amnistía considera un patrón
La organización sostiene que los testimonios no deben analizarse como episodios aislados, concluyendo que determinadas prácticas “parecen responder a un patrón”, especialmente en actuaciones que atribuye a unidades de Regulares y de la Legión. Uno de los elementos más llamativos del informe es la denuncia de un supuesto hostigamiento cotidiano, en el que Amnistía Internacional afirma que algunos migrantes son identificados de manera agresiva y que se les dificulta el acceso al centro de Ceuta, así como a comercios o supermercados.La organización asegura que su propio equipo presenció un episodio en el que militares se acercaron a personas racializadas que estaban sentadas en un banco, les preguntaron si eran de allí y les ordenaron marcharse. Cuando los investigadores preguntaron por qué se producía aquella actuación, aseguran que un militar respondió: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.
Si esa actuación se produjera de forma sistemática y estuviera basada en criterios raciales o religiosos, abriría otra cuestión diferente de la violencia física: el posible uso irregular de los controles de seguridad para establecer un perfil de las personas sometidas a vigilancia.
El informe presta especial atención a mujeres y menores no acompañados. Amnistía recoge testimonios sobre insultos, humillaciones y comportamientos de carácter sexual hacia mujeres migrantes, incluidas mujeres embarazadas. La organización también afirma que existen investigaciones judiciales por posibles delitos sexuales contra mujeres y niñas migrantes, aunque estas investigaciones deben distinguirse de los testimonios recopilados por la ONG.
Con los menores ocurre algo similar. Amnistía denuncia que algunos niños que permanecen en Ceuta sin referentes adultos no estarían obteniendo una respuesta adecuada a sus peticiones de protección. La situación adquiere una dimensión particular porque la legislación española establece obligaciones específicas de protección para los menores no acompañados.
El informe no se limita a los militares. Amnistía también describe una situación humanitaria que considera insuficiente. Según la organización, miles de personas continúan viviendo en asentamientos informales o directamente en la calle, sin acceso adecuado a agua, higiene, alimentación y atención sanitaria.
La ONG sostiene que algunos migrantes deben recorrer largas distancias para conseguir alimentos y que los horarios de distribución pueden coincidir con los de asistencia médica, obligando en determinados casos a elegir entre comer o recibir atención.
También recoge testimonios sobre personas con heridas que habrían esperado durante horas para ser atendidas y denuncia comentarios supuestamente racistas realizados por personal sanitario. Estas acusaciones, al igual que las dirigidas contra los militares, requieren comprobación individual.
La dimensión humanitaria es importante porque el despliegue militar se produjo en un contexto extraordinario. La entrada masiva de finales de julio desbordó los recursos disponibles y obligó al Estado a utilizar las Fuerzas Armadas para tareas de apoyo y vigilancia. Reuters ha señalado que la crisis provocó una enorme presión sobre las capacidades de Ceuta y que miles de personas permanecían todavía en condiciones precarias semanas después.
Amnistía Internacional denuncia malos tratos y torturas a los migrantes en Ceuta por parte de militares, basándose en una veintena de testimonios.
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 30, 2026
Se trata de jóvenes, mujeres y niños que además de palizas habrían sufrido robos y vejaciones. pic.twitter.com/c4UlxAwW6n
El informe llega en plena investigación sobre la crisis de Ceuta
La respuesta del Ministerio tiene dos planos. El primero es judicial: remitir el informe a Fiscalía y al Juzgado de Guardia permite que las acusaciones sean examinadas por las autoridades competentes. El segundo es interno: Defensa ha pedido al Mando de Operaciones que determine si existen responsabilidades individuales.
Esto resulta relevante para las propias Fuerzas Armadas. Si las acusaciones fueran falsas o estuvieran basadas en hechos que tuvieron una explicación distinta, la investigación puede esclarecerlo. Si algunos episodios se acreditaran, tendría que determinarse quién intervino, qué órdenes recibió, qué protocolos existían y si hubo incumplimientos.
La investigación también deberá distinguir entre uso legítimo de la fuerza y abuso de la fuerza. Los militares desplegados en Ceuta tienen una misión concreta y operan en un escenario de tensión, pero ese contexto no permite convertir cualquier actuación coercitiva en legítima ni, en sentido contrario, considerar automáticamente ilícito cualquier empleo de la fuerza.
La asociación militar ATME ha criticado a Amnistía por no recoger, a su juicio, las agresiones sufridas por los propios militares y ha animado a la organización a acudir a la Justicia si dispone de pruebas suficientes. Esa posición introduce otro elemento que también deberá formar parte del análisis: el despliegue se desarrolla en un contexto en el que miembros de las Fuerzas Armadas han denunciado agresiones y situaciones de riesgo.
La denuncia de Amnistía aparece, además, cuando la Audiencia Nacional investiga las circunstancias de la entrada masiva de julio y la respuesta de las autoridades españolas. La jueza María Tardón está reconstruyendo qué información tenían las instituciones antes del colapso fronterizo y qué decisiones adoptaron posteriormente. @mundiario
