La batalla electoral del próximo 29 de noviembre no se decidirá únicamente en el Congreso. El Senado también concentra una parte importante de las negociaciones entre partidos, ante la posibilidad de que la distribución de escaños cambie y afecte a decisiones institucionales de gran relevancia. En este escenario, la izquierda ha comenzado a coordinar candidaturas y Vox estudia una fórmula para evitar que la división del voto de derechas facilite la obtención de senadores por parte de sus adversarios.
La iniciativa de la formación de Santiago Abascal supondría un cambio respecto a su estrategia habitual de concurrir con sus propias siglas. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, el partido contempla dejar sin candidatos algunas circunscripciones y pedir a sus votantes que respalden las listas del PP. El objetivo declarado es dificultar que el bloque progresista consiga el control de la Cámara Alta.
Una candidatura progresista busca concentrar el voto en las provincias
El PSOE y varias organizaciones situadas a su izquierda han registrado una candidatura conjunta para el Senado bajo el nombre de Senado de Progreso. La alianza reúne a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Batzarre y Més, además de los socialistas.
La lista se presentará en 45 provincias, con algunas excepciones territoriales. Sus integrantes pretenden aprovechar la concentración de apoyos para disputar al PP los escaños que ha conseguido durante la legislatura y alterar el reparto de fuerzas en la Cámara Alta.
La estrategia responde a una particularidad del sistema electoral español. En el Senado, los electores votan directamente a candidatos individuales y, en las circunscripciones provinciales ordinarias, suelen elegirse cuatro senadores. Por ello, coordinar los apoyos puede resultar determinante: cuando varias formaciones afines presentan candidaturas separadas, sus votos pueden repartirse entre distintos aspirantes y reducir sus opciones de conseguir representación.
La fórmula acordada por las fuerzas progresistas contrasta con lo ocurrido en las negociaciones para el Congreso, donde no se logró una candidatura unitaria que incluyera también a Podemos. De este modo, ambas cámaras afrontan los comicios con dinámicas diferentes, aunque el resultado de las dos influirá en el equilibrio político posterior.
Vox valora retirar candidatos, pero la decisión tiene riesgos
Santiago Abascal ha trasladado a sus seguidores que su formación actuará pensando en el resultado general de las elecciones. Sus declaraciones han abierto la puerta a un posible entendimiento con el PP para el Senado, aunque la dirección de Vox todavía debe concretar el alcance de esa colaboración.
El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha advertido de que tendrán que adoptarse decisiones difíciles. La resolución corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, mientras continúa abierto el plazo legal para presentar las candidaturas, fijado entre el 21 y el 26 de octubre.
Una vez descartada la posibilidad de registrar una coalición convencional dentro del plazo establecido, la alternativa que cobra relevancia consiste en no presentar listas propias en aquellas provincias donde Vox considere remotas sus opciones de obtener representación. En esos territorios, el partido podría solicitar el voto para los candidatos populares.
Sin embargo, el movimiento también entraña riesgos electorales. El respaldo explícito al PP en el Senado podría impulsar el voto útil a favor de los populares y trasladarse a la papeleta del Congreso, donde ambas formaciones compiten por una parte del mismo electorado. Además, existen territorios en los que las relaciones entre dirigentes locales del PP y Vox son tensas, lo que complicaría la aplicación de una estrategia coordinada.
La renovación del Constitucional sitúa al Senado en el centro del debate
La importancia de esta disputa va más allá del reparto de escaños. El Senado participa en la elección de miembros de instituciones constitucionales y desempeña funciones relevantes en determinados procedimientos del Estado. Su composición puede influir, por tanto, en decisiones que trascienden la legislatura.
Uno de los asuntos pendientes es la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por la Cámara Alta, cuyo mandato expiró en diciembre. Entre ellos se encuentra el actual presidente, Cándido Conde-Pumpido. El procedimiento incluye la presentación de candidatos por los parlamentos autonómicos y su posterior evaluación antes de la votación correspondiente.
La designación requiere una mayoría de tres quintos, por lo que el resultado electoral y los acuerdos entre partidos serán factores importantes para determinar si se alcanza el consenso necesario. Un cambio en la correlación de fuerzas podría modificar las negociaciones sobre los perfiles propuestos, aunque no garantiza por sí mismo una composición concreta del tribunal.
El PP conserva la mayoría absoluta en el Senado durante la legislatura que termina, mientras que Vox no obtuvo senadores electos en las generales de 2023. Sus cuatro representantes actuales proceden de designaciones autonómicas.
La posible coordinación entre ambos partidos introduce así una nueva variable en la campaña. Si Vox decide concentrar sus esfuerzos en el Congreso y apoyar al PP en determinadas provincias para el Senado, el acuerdo marcaría un cambio estratégico entre las dos formaciones. Su alcance dependerá de las decisiones que adopten en los próximos días y de cómo respondan los votantes en las urnas. @mundiario
