BOGOTÁ, Colombia (AP) — Líderes indígenas de toda la Amazonía llevarán su lucha contra la minería ilegal , el narcotráfico y la deforestación a una conferencia de las Naciones Unidas en Viena que comienza el lunes.
Más de una docena de representantes indígenas de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador participan en la conferencia de la ONU sobre delincuencia organizada transnacional, conocida como COP13, que se celebra del 19 al 23 de octubre.
Los líderes quieren que los gobiernos aborden las redes financieras que se esconden tras los delitos medioambientales, al tiempo que otorgan a los pueblos indígenas un papel más importante en la protección de sus territorios ancestrales y en la elaboración de un acuerdo internacional propuesto.
Las redes criminales amenazan los territorios indígenas
Galois Flores, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis de Perú, declaró a The Associated Press que la minería ilegal de oro, la tala ilegal de árboles y el narcotráfico están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las comunidades indígenas.
“La deforestación y la contaminación en la Amazonía ya no son solo problemas ambientales, sino una crisis de delincuencia organizada transnacional y de seguridad”, dijo Flores.
Flores afirmó que el mercurio proveniente de la minería de oro está contaminando los ríos utilizados para la pesca y el consumo de agua potable, mientras que las redes criminales tienen acceso a armas, dinero y la capacidad de intimidar a las comunidades. En respuesta, los Wampis han establecido dos puestos de vigilancia, cada uno con 14 guardias indígenas, para combatir la minería ilegal. Sin embargo, quienes se resisten a los grupos criminales enfrentan amenazas y violencia, añadió Flores.
Peligros similares azotan al pueblo Kakataibo en la Amazonía central peruana, donde los narcotraficantes han establecido plantaciones ilegales de coca y laboratorios de procesamiento en bosques ancestrales, según líderes indígenas. Marcelo Odicio, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo, afirmó que seis líderes Kakataibo han sido asesinados desde 2020, mientras que los representantes de la comunidad enfrentan amenazas con frecuencia.
Al otro lado de la frontera, en Brasil, Francisco Piyako Apiwtxa, líder ashaninka , describió las amenazas que representan la tala ilegal, el narcotráfico y las carreteras utilizadas para transportar mercancías ilícitas. En julio, relató, al menos cinco hombres fuertemente armados y enmascarados entraron en una comunidad ashaninka, amenazando a las familias y buscando a los líderes indígenas. Piyako afirmó que la insuficiente protección gubernamental ha obligado a las comunidades indígenas a enfrentarse por su cuenta a los grupos criminales.
“Nuestros territorios, nuestros hogares, nuestras aguas, el futuro de nuestros hijos están en juego”, dijo.
En la región de Putumayo, al sur de Colombia, la líder indígena Ingry Mojanajinsoy afirmó que los grupos armados que antes dependían del narcotráfico para financiarse están recurriendo cada vez más a la minería ilegal. Incluso cuando la minería se realiza fuera de los territorios indígenas, señaló, la contaminación se propaga río abajo, contaminando los ríos y los peces de los que dependen las comunidades para su alimentación.
Según la organización ambientalista y de derechos humanos Global Witness, al menos 105 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en América Latina en 2025, lo que representa el 85% de los 124 asesinatos documentados en todo el mundo. Colombia registró 39 asesinatos, seguida de Brasil con 26.
Impulsar un acuerdo internacional sobre delitos ambientales
La conferencia de Viena reúne a países que trabajan en el marco de un tratado de la ONU para combatir la delincuencia organizada transnacional. Se espera que los gobiernos consideren la posibilidad de iniciar negociaciones sobre un nuevo protocolo para abordar los delitos ambientales, incluidos la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de especies silvestres.
Raphael Hoetmer, director del programa para la Amazonía occidental de Amazon Watch, afirmó que el crimen organizado y las economías ilícitas se han convertido en importantes amenazas para la Amazonía, los pueblos indígenas y el clima mundial.
Criticó la dependencia de los gobiernos en las operaciones y redadas militares, argumentando que no abordan las causas subyacentes y pueden dejar a las comunidades indígenas atrapadas en la violencia.
En cambio, los delegados exigen mayores derechos territoriales para los pueblos indígenas, apoyo para la protección territorial liderada por la comunidad y una mayor participación en las negociaciones internacionales.
“La conferencia no solo debería acordar comenzar a negociar un protocolo contra los delitos que afectan al medio ambiente, sino también garantizar que los pueblos indígenas sean consultados seriamente en el proceso”, dijo Hoetmer.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirmó que trabaja con comunidades indígenas de toda América Latina para combatir el crimen organizado y las amenazas ambientales, y mencionó un proyecto en Brasil que ayuda a las comunidades a monitorear la minería ilegal de oro y a colaborar más estrechamente con las autoridades.
El proyecto también ha contribuido a sentar las bases de un sistema nacional para detectar y responder a los delitos ambientales, declaró Alejandra Silva, portavoz de la UNODC. La agencia no especificó si los representantes indígenas tendrían un papel formal en la negociación del protocolo propuesto.
Flores pidió que los delitos ambientales se traten con la misma seriedad que el narcotráfico y el tráfico de armas, incluyendo el rastreo de flujos financieros ilícitos y la interrupción de los mercados de oro extraído ilegalmente. Odicio instó a los gobiernos a reconocer a los guardianes territoriales indígenas y a proteger a los líderes amenazados.
Flores afirmó que las operaciones policiales aisladas son insuficientes porque los mineros ilegales suelen regresar una vez que las fuerzas de seguridad se retiran. Soldados hicieron una observación similar a la AP durante una redada en una mina ilegal en Perú en agosto, indicando que los mineros esperaban a que las tropas se marcharan antes de reanudar el trabajo.
“No queremos dejar a las futuras generaciones ríos envenenados con mercurio, bosques destruidos y comunidades controladas por la violencia criminal”, dijo Flores.
