España ha modificado la forma de responder a la presencia de buques marroquíes en el entorno marítimo de Ceuta y Melilla. Según la información publicada el 18 de octubre, la Armada ha pasado de realizar principalmente un seguimiento desde el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) a reforzarlo con la salida de patrulleros que se aproximan a las embarcaciones extranjeras y acompañan sus movimientos. El cambio se resume en una nueva actitud operativa citada por el diario El Mundo: "Estamos más vigilantes, ya no esperamos a que entren para actuar".
El episodio que precipitó esta revisión ocurrió los días 30 y 31 de julio, cuando Ceuta afrontaba una entrada masiva de migrantes desde Marruecos. En aquellas mismas jornadas, buques de la Marina Real marroquí penetraron en aguas que España considera propias, según las informaciones publicadas posteriormente. El Gobierno español confirmó que se habían producido incursiones y, de acuerdo con las crónicas, la Armada tuvo que reforzar el dispositivo con nuevas unidades, mientras el jefe del Estado Mayor de la Defensa contactaba con las autoridades marroquíes para exigir el cese de esas actuaciones.
La coincidencia entre la crisis terrestre y los movimientos navales elevó la preocupación en Madrid. No obstante, la información disponible no demuestra por sí sola que ambas actuaciones formaran parte de un plan coordinado. Lo que sí puso de manifiesto fue la necesidad de disponer de una respuesta marítima más inmediata cuando la presencia de buques militares extranjeros se produce en un contexto de máxima tensión.
Antes, el COVAM monitorizaba los movimientos y analizaba los datos de navegación. Con el protocolo reforzado, la Armada puede desplegar patrulleros para aproximarse a las embarcaciones, seguir sus maniobras y mantener una observación directa. La información publicada también apunta a una mayor capacidad de actuación inmediata por parte de las unidades, sin esperar necesariamente una nueva orden de un mando superior para iniciar el movimiento.
Por una parte, mejorar la vigilancia de los espacios marítimos españoles y disponer de información más precisa sobre el comportamiento de cada buque. Por otra, hacer visible que las aproximaciones a Ceuta y Melilla reciben una respuesta desde el primer momento. Se trata de una medida de vigilancia y disuasión, no de una declaración de que todo barco marroquí que atraviese esas aguas esté cometiendo una infracción.
Qué es el "paso inocente" y qué permite el derecho internacional
El concepto de paso inocente está recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por España. Su artículo 17 reconoce que los buques de todos los Estados pueden atravesar el mar territorial de otro país, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la Convención. El artículo 18 define el paso como una navegación que debe ser rápida e ininterrumpida, con determinadas excepciones, y el artículo 19 establece cuándo deja de ser inocente.
Entre las conductas incompatibles con ese derecho figuran las amenazas o el uso de la fuerza contra el Estado ribereño, las prácticas con armas y determinadas actividades de obtención de información que perjudiquen su defensa o seguridad. Por tanto, invocar el paso inocente no convierte cualquier maniobra en legal ni impide que el Estado costero valore la conducta de una embarcación.
En el caso de Ceuta, la cuestión no consiste únicamente en determinar si un buque marroquí aparece en las aguas territoriales, sino en analizar por dónde navega, qué hace, cuánto tiempo permanece y si su comportamiento se ajusta al derecho internacional. La presencia de un buque militar añade sensibilidad al episodio, pero tampoco permite concluir, sin examinar las circunstancias, que todo tránsito sea ilícito.
La Convención contempla además reglas específicas para los buques de guerra que incumplen las normas de paso y no atienden una petición de cumplimiento. La respuesta debe apoyarse en esas disposiciones y en los hechos constatados, no únicamente en la nacionalidad de la embarcación.
El refuerzo se apoya en patrulleros de la Armada desplegados en las dos ciudades autónomas. El Atalaya, perteneciente a la Fuerza de Acción Marítima y con base habitual en Ferrol, opera en Ceuta. Según los datos publicados, tiene una dotación de 48 personas y dispone de cuatro ametralladoras y un cañón. Su misión incluye vigilar los espacios marítimos, detectar actividades extraordinarias y contribuir al cumplimiento de la legislación internacional.
En Melilla se encuentra el Isla de León, un patrullero con una tripulación de diez personas y una ametralladora Browning. La unidad también opera en aguas próximas a Ceuta y a la isla Perejil, aunque su despliegue actual se concentra en Melilla. En el episodio de julio, España movilizó además otros medios navales desde Rota, de acuerdo con las informaciones publicadas sobre la crisis.
La actividad de los buques marroquíes ha descendido después de aquellos incidentes. Según la información difundida el 18 de octubre, no se habían registrado movimientos de ese tipo durante los diez días anteriores, ni durante la visita de los Reyes a las ciudades autónomas. La ausencia de nuevas incursiones no elimina, sin embargo, la importancia del cambio de protocolo: la revisión busca establecer una respuesta para futuras situaciones, no únicamente resolver el incidente pasado.
Vigilancia y disuasión sin romper la relación con Marruecos
El desafío para Defensa es mantener una presencia suficiente para proteger la soberanía española sin alimentar una escalada innecesaria. La salida de patrulleros puede reducir el tiempo de reacción, mejorar el conocimiento de la situación y advertir a cualquier embarcación de que sus movimientos están siendo observados. Pero una aproximación entre buques militares también exige reglas claras de navegación, comunicación y mando para evitar maniobras peligrosas o incidentes que puedan desembocar en una confrontación.
La relación con Rabat añade otra dificultad. España y Marruecos cooperan en ámbitos esenciales, entre ellos la gestión migratoria y la seguridad regional, pero mantienen discrepancias sobre la soberanía y el estatus de Ceuta, Melilla y otros espacios. Madrid debe defender su posición jurídica y territorial sin perder los canales diplomáticos que permiten gestionar las crisis.
El nuevo protocolo pretende precisamente aumentar la capacidad de respuesta sin hacer inevitable una intervención coercitiva. La presencia de un patrullero no significa que deba expulsarse automáticamente a toda embarcación: significa que España quiere observarla de cerca y estar preparada para actuar si las circunstancias y el derecho lo permiten.
La cuestión principal será comprobar cómo se aplica el protocolo ante una nueva aproximación de buques marroquíes. La eficacia del cambio dependerá de la coordinación entre el COVAM, las unidades desplegadas y la cadena de mando, así como de que existan criterios operativos claros para distinguir un tránsito legítimo de una conducta que pueda comprometer la seguridad española.
También será importante determinar si el refuerzo se mantiene de forma permanente o se adapta a la evolución de la amenaza. Una vigilancia más activa puede aumentar la capacidad disuasoria, pero no sustituye a la comunicación diplomática ni resuelve las diferencias políticas entre ambos países. @mundiario
