Esta semana concluyó en la Cámara de Diputados el parlamento abierto para discutir la nueva legislación ambiental del país, la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y laa Protección al Ambiente. No es un tema menor ni lejano. Hablamos de la ley que, desde 1988, define cómo se evalúa el impacto de una obra, cómo se ordena el territorio y cómo se protege lo que todavía nos queda de naturaleza. Su última revisión integral ocurrió en 1996. Casi treinta años después, México es otro, y Querétaro, sin duda, también.
En entregas anteriores he insistido en que estamos ante la construcción de un nuevo andamiaje jurídico ambiental, y que su éxito dependerá de que sepamos aterrizarlo. Hoy quiero mirar esta ley desde el lugar que conozco mejor: el agua. Porque si algo he aprendido al frente del Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro es que cada problema hídrico es, en el fondo, un problema ambiental.
Cuando coordinamos la elaboración del Programa Hídrico del Estado y lo sometimos a consulta pública, escuchamos a productores, comunidades, industria, academia y sociedad civil. Desde muy distintas trincheras, muchas voces coincidieron en algo: nuestros acuíferos no se agotan solamente por lo que extraemos, sino también por la forma en que ocupamos el suelo. Cada hectárea que se urbaniza sin planeación deja de infiltrar agua. Cada bosque que se pierde en nuestras serranías es una esponja menos. Cada descarga sin tratar es un río que deja de ser fuente de vida para convertirse en riesgo.
Por eso veo con buenos ojos que la nueva ley incorpore figuras como la evaluación ambiental estratégica y, sobre todo, el impacto ambiental acumulativo. Durante años hemos evaluado los proyectos uno por uno, como si cada fraccionamiento o cada parque industrial existiera de manera aislada. Pero el acuífero no los resiente por separado; los resiente todos juntos. Reconocer el impacto acumulativo es, en pocas palabras, empezar a ver el territorio como lo ve el agua.
Lo mismo ocurre con el ordenamiento ecológico del territorio y con la economía circular. Para un estado que crece con la velocidad de Querétaro, el ordenamiento ecológico no puede seguir siendo un documento de consulta ocasional. Debe convertirse en la herramienta que nos diga dónde sí podemos crecer y dónde debemos proteger, empezando por las zonas de recarga que sostienen el agua de las próximas generaciones.
Ahora bien, ninguna ley se cumple sola. Una norma ambiental vale lo que valen las instituciones capaces de aplicarla: personal técnico calificado, capacidad de inspección, información pública confiable y una coordinación real entre los distintos órdenes de gobierno. Ahí es donde los estados tenemos una responsabilidad propia que no podemos delegar ni posponer.
Querétaro tiene tarea, y la oportunidad de adelantarse. Primero, armonizar nuestra legislación estatal de protección ambiental con el nuevo marco general, de la mano de la legislación hídrica que desde el Consejo hemos venido impulsando, para que agua y medio ambiente no tengan reglas que se contradigan. Segundo, hacerlo con la misma lógica de apertura con la que construimos el Programa Hídrico, escuchando a las comunidades y a los sectores que viven todos los días las consecuencias de nuestras decisiones. Tercero, avanzar hacia una visión institucional integrada, en la que la política del agua y la política ambiental se diseñen y se ejecuten desde un mismo lugar, con una sola mirada sobre el territorio.
He dedicado buena parte de mi vida pública a hablar del agua. Desde el Consejo, desde la reforestación con base en la ciencia y desde la defensa de espacios naturales como Peña Colorada, hoy estoy más convencida que nunca de que defender el agua es defender el bosque, el suelo, la biodiversidad y el aire que respiramos. No son agendas distintas; son la misma causa vista desde ángulos diferentes.
El agua nos enseñó a mirar el territorio completo. Es momento de que nuestras leyes, y nuestras instituciones, también lo hagan.
Presidenta del Consejo Consultivo del Agua
del Estado de Querétaro.
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