Las investigaciones sobre el secuestro y homicidio de 10 trabajadores mineros en Sinaloa sumaron cinco personas detenidas durante dos operativos realizados en los municipios de El Rosario y Mazatlán. Entre los arrestados está Jesús Abraham “N”, conocido como “El Talibán”, a quien las autoridades identifican como una persona cercana a un jefe regional vinculado con la facción de Los Chapitos.
Según información de El Universal, las capturas ocurrieron los días 16 y 17 de octubre, con participación de elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, apoyados por tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
El primer operativo se llevó a cabo en El Rosario, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva. Entre ellos se encuentra una persona de nacionalidad colombiana. De acuerdo con los reportes oficiales citados por el medio, los arrestados formarían parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano “N”, alias “Casco” o “El 81”, señalado como jefe regional de Los Chapitos.
Un día después, las autoridades detuvieron a Jesús Abraham “N” en Mazatlán. El hombre fue localizado en posesión de armamento y un vehículo, según la información difundida sobre el operativo.
¿Quién es “El Talibán” y qué relación tendría con Los Chapitos?
Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, es señalado por las autoridades como una persona de confianza de Juan Benito “N”, conocido como “Beny 17”, a quien identifican como jefe regional de Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico.
La detención se produjo después del arresto de los cuatro presuntos integrantes de la célula en El Rosario. Las acciones forman parte de trabajos de inteligencia dirigidos contra personas consideradas generadoras de violencia en la entidad.
Los datos difundidos por las autoridades apuntan a posibles vínculos de los cinco detenidos con hechos delictivos graves. Sin embargo, su presunta relación con esos casos deberá esclarecerse durante las investigaciones ministeriales; las detenciones, por sí solas, no determinan su responsabilidad penal.
Investigan su posible relación con el caso de los 10 mineros
Uno de los principales puntos de la investigación es el secuestro de trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero en La Concordia, Sinaloa. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los cinco detenidos estarían vinculados con la privación de la libertad y el homicidio de 10 trabajadores.
El caso provocó preocupación por la violencia que afecta a la región y por los riesgos que enfrentan quienes trabajan en actividades mineras. La investigación busca determinar la participación que habría tenido cada uno de los detenidos y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Las autoridades también relacionan a los arrestados con otro caso de privación ilegal de la libertad registrado semanas después, aunque se trata de una investigación distinta.
También los relacionan con el secuestro de cuatro turistas
El segundo caso corresponde al secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, ocurrido el 3 de febrero en Mazatlán.
La posible conexión entre los detenidos y ambos hechos forma parte de las líneas de investigación reportadas por las autoridades. Para establecer responsabilidades será necesario reunir y analizar los elementos de prueba correspondientes, así como esclarecer la intervención que presuntamente tuvo cada persona.
La relación de los arrestados con estos casos se mantiene en el ámbito de las investigaciones. La información disponible no permite dar por acreditada su culpabilidad ni anticipar el resultado de los procedimientos judiciales.
Los detenidos quedaron a disposición de la FGR
Tras los operativos, las cinco personas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las indagatorias.
De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ministerio Público deberá realizar las diligencias y los peritajes correspondientes, reunir los datos de prueba y determinar la situación jurídica de los detenidos.
Las investigaciones permitirán establecer si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales por los hechos que se les atribuyen. Mientras tanto, las autoridades deberán acreditar ante las instancias judiciales la posible participación de cada uno de los arrestados en los delitos investigados.
