Los diversos episodios violentos que se han registrado en los penales de Sinaloa, principalmente por disputas entre facciones del crimen organizado, han dejado un sinnúmero de víctimas mortales, entre ellas un menor de dos años; lo que evidencia el deterioro del sistema penitenciario.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en el país, debido a la sobrepoblación carcelaria generada tras la detención de ¡más de 70 mil personas en la actual administración!
El objetivo es, dijo Omar García Harfuch, que el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, y que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior.
El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, señaló que analizan alternativas legales y la posible liberación de personas procesadas por delitos menores para “generar un equilibrio en ese sistema penitenciario”.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 7 de octubre, 23 de los 32 estados del país obtuvieron una calificación promedio reprobatoria (por debajo de los 6.0 puntos, en una escala de 1 a 10).
La CNDH, tras la revisión en 278 centros penitenciarios y de reinserción social estatales, federales y militares, “identificó de manera reiterada la creciente presencia de incidentes al interior de estos en los que, en gran medida se establece una relación con el fenómeno del incremento de la presencia de la delincuencia organizada”.
Reportó sobrepoblación en 129 centros estatales (49.4 por ciento) y hacinamiento en 124 centros (el 47.5 por ciento).
Además confirmó, en el ¡98.9 por ciento! de los centros penitenciarios estatales, una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad y, en el ¡93.1 por ciento!, insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos.
En el ¡92.3 por ciento!, el personal de seguridad y custodia es insuficiente; y, en el 77 por ciento de los casos, hay deficiencias en los servicios de salud.
Esta radiografía deja claro porqué las cosas están como están al interior de los centros penitenciarios del país.
¿Y en Querétaro, cómo andan las cosas? El estado obtuvo una calificación promedio estatal de 6.41 en sus cuatro centros de reinserción social. Los resultados arrojan un desempeño regular generalizado, con variaciones específicas por centro: el de Jalpan de Serra obtuvo la calificación más alta de la entidad, con 6.70; el de San Juan del Río, 6.51; el Femenil de San José El Alto, 6.28, y el Varonil No. 1 de San José El Alto, 6.17, la calificación más baja.
Según el diagnóstico, hay temas que es importante atender en los cuatro penales. 1) Seguridad interna: Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, junto con la falta de programas efectivos para prevenir y atender incidentes violentos; 2) Control directivo: Deficiencias o falta de supervisión del funcionamiento de los centros por parte de sus respectivos titulares; 3) Procesos disciplinarios: Irregularidades y deficiencias en el procedimiento formal para imponer sanciones disciplinarias; 4) Clasificación y registro: Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad e insuficiencia en la organización y registros para planes de actividades; 5) Reinserción social: Inadecuada vinculación de las personas privadas de la libertad con la sociedad para su posterior integración; y 6) Salud y adicciones: Insuficiencia o inexistencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
La CNDH detalló las realidades particulares de los centros de reinserción social en la entidad y que, evidentemente, requieren intervenciones focalizadas: En el Varonil No. 1 de San José El Alto hay sobrepoblación; es el único penal que opera por encima de su capacidad, con 2 mil 227 personas en una infraestructura diseñada para 2 mil 195. También es el único en el que se reportó desatención o deficiencias específicas en el tratamiento a internos que viven con VIH o SIDA.
En el Femenil de San José El Alto, la CNDH detectó específicamente condiciones materiales deficientes y falta de higiene en sus instalaciones. Además, reportó insuficiencia de vías para la remisión de quejas por violaciones a derechos humanos y carencia de actividades deportivas.
El de Jalpan registra una población controlada (70 internos con capacidad para 121), pero carece o resultan insuficientes las actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
En el Femenil, el Varonil No. 1 y el de San Juan del Río fueron detectadas omisiones graves en la atención a personas bajo condiciones de aislamiento, deficiencias en la prevención de violaciones a derechos humanos y mal cuidado de las poblaciones indígenas y LGBTTTIQ+.
En suma, aunque la mayoría de las prisiones en Querétaro mantienen una densidad poblacional adecuada en relación con su capacidad (excepto el Varonil No. 1), todas presentan observaciones en cuanto a la reinserción social, la escasez de personal operativo de seguridad y programas preventivos contra la drogadicción.
Nadie reclama por un impuesto no cobrado, pero todos reclaman por una obra no concluida
