La viabilidad de una sociedad no reside en administrar su presente, sino en atender los problemas que la frenan y generar las condiciones para un futuro más próspero y justo en el más amplio sentido del término.
Hemos insistido, en múltiples ocasiones, en la relevancia de procurar las condiciones democráticas, institucionales, en el respeto a las reglas y a la aplicación de las mismas para una sana convivencia.
Y en particular en cómo la autodenominada 4T ha derruido la institucionalidad que se fue construyendo a lo largo de décadas, ejerciendo arbitrariamente, caprichosamente, el poder público, eliminando contrapesos y poniendo en duda el Estado de derecho.
Refirámonos ahora a una de las aristas fundamentales que tienen que ver con nuestro futuro, me refiero a la pobreza, la polaridad en la distribución del ingreso y las posibilidades de que amplios sectores de la población tengan condiciones para labrarse mejores condiciones de vida.
López Obrador, en su campaña de 2018, acuñó una frase muy exitosa sobre la cual deberíamos volver. Señaló que “por el bien de todos, primero los pobres”.
Más allá del eslogan de una campaña política, la frase arrastraba no solamente la posibilidad de conectar con los sectores más desprotegidos de la población, más del 50 por ciento de la sociedad mexicana, sino además, al señalar que “por el bien de todos”, estaba llamando la atención —al menos en mi lectura— sobre la necesidad de atender un problema estructural de justicia, reducir las tensiones generadoras de encono social y potenciar la capacidad competitiva en un mercado internacional cada vez más exigente, para no hablar de regularizar los mercados laborales, disminuyendo el informal y evitando la distorsión generada por la delincuencia.
Lamentablemente, una frase tan acertada, tan potente como esa, terminó siendo utilizada irresponsablemente como un simple eslogan de campaña.
No por ello debemos dejar de insistir en la relevancia de un propósito de esa naturaleza, que implica sentido de justicia social, de futuro posible, de convivencia pacífica.
Podemos poner sobre la mesa varios ejemplos de los efectos contrarios que las decisiones de López Obrador trajeron consigo.
Detengámonos en esta ocasión en lo relativo a la salud. Todo el esfuerzo por elevar el salario real se va por la borda cuando una familia tiene que atender un problema serio de salud.
El ingreso por la vía de salarios y/o de programas sociales desaparece cuando las familias se enfrentan a un problema grave de salud de alguno de sus miembros y, al acudir a una institución pública, se encuentran con que esta no cuenta con las condiciones mínimas para su atención y tienen que recurrir a instancias privadas.
Hoy vemos importantes movilizaciones que denuncian el deterioro de una de las instituciones más emblemáticas del Estado mexicano, el IMSS, constituida hace más de 80 años justamente para atender a los trabajadores y sus familias.
Los datos están a la vista: un reciente estudio del Instituto Nacional de Salud Pública muestra cómo en 2024 casi 6 millones de hogares incurrieron en gastos excesivos por motivos de salud, lo que significa que tuvieron erogaciones que superan en 30 por ciento su capacidad de pago.
Más datos: entre 2004 y 2016, nuestro país experimentó una importante expansión del sistema de salud.
La proporción de hogares sin aseguramiento disminuyó de 59% en 2004 a 8.3% en 2018, sin embargo, en sólo seis años el deterioro fue brutal, ya que para 2024, la proporción nacional de hogares sin aseguramiento había aumentado al 31%.
Lo más grave es que este retroceso fue especialmente pronunciado en municipios con mayor rezago social.
Entre 2018 y 2024, la proporción de hogares sin aseguramiento aumentó de 9% a 21.3% en los municipios con menor rezago, de 8.9% a 45% en los de rezago medio y de 6.2% a 62.7% en los de alto y muy alto rezago.
Con esos datos, y otros que podría habernos proporcionado el hoy extinto Coneval, podríamos evaluar cómo programas sociales que se financian disminuyendo la capacidad de operación de las instituciones públicas de salud —lo mismo está sucediendo con las de educación— provocan el efecto contrario de lo que dijeron querer corregir, es decir, incrementan la desigualdad social y la atención a los sectores de menores ingresos.
Volvemos al principio: pensar en el futuro de nuestro país implica frenar el deterioro de las instituciones, pero no solamente las político-electorales, sino todas las instituciones del sector público, en particular las de salud y educación, que son realmente aquellas que inciden de una manera determinante en la posibilidad de construir una sociedad con igualdad de oportunidades.
Ante esto estamos, ante el deterioro del país y sus instituciones, y lejos de que, por el bien de todos, resolvamos estos problemas.
