El secuestro y el robo de vehículo son industrias criminales de alta especialidad. Las bandas que se dedican a estos negocios perfeccionan, a lo largo de los años, su manera de operar. Para prosperar necesitan un repertorio de habilidades y contactos. Los robacoches, por ejemplo, deben tener la destreza para interceptar y encañonar al conductor en el momento preciso, y el temple para conducir el vehículo robado hasta un predio donde puedan ocultarlo. Además, y esto es lo más importante, estas bandas suelen operar con base en relaciones estables de cercanía y confianza entre socios. Por eso mantienen generalmente una dimensión relativamente reducida, y por eso el robo de automóviles sólo ocasionalmente, y en algunas pocas regiones, constituye una línea de negocio de un cártel mayor.
Cuando las autoridades desarticulan una banda de secuestradores o de robacoches, el impacto sobre la incidencia es directo. Así, a golpe de operativos y detenciones, ha sido posible contener estos delitos. De acuerdo con la encuesta de victimización del INEGI (Envipe), en 2025 hubo 392 robos de vehículo por cada 100 mil habitantes. Es, por mucho, la cifra más baja en los 16 años que lleva levantándose la encuesta (el registro más alto es de 2012, con 790 unidades robadas por cada 100 mil habitantes).
Con la extorsión ocurre algo muy distinto. Cada mes, a veces cada semana, nos enteramos de la detención del líder de algún grupo dedicado al cobro de cuotas. Los casos más sonados son los de alcaldes que operaban redes de extorsión desde el palacio municipal, como ocurría en Tequila y en Juchitán. También destacan los de mafiosos involucrados en algún homicidio de alto perfil, como El Botox, señalado como autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. Además se han implementado incontables operativos rastrillo en los que, en un solo día, cae una red de varias decenas de delincuentes.
Sin embargo, con los extorsionadores queda la impresión de que es el cuento de nunca acabar. Cada vez que cae un líder o una red, el reemplazo llega en cuestión de semanas, a veces de días. Los escasos testimonios de víctimas que se atreven a hablar ayudan a entender esta aparente paradoja. A juzgar por varias de esas crónicas, pareciera que cualquier malandro puede hacerla como extorsionador.
Y es que, a diferencia del robo de vehículos, cobrar piso no exige un oficio. No hace falta saber desmantelar un coche ni tener comprador para las autopartes, y tampoco se requiere una red de socios de toda la confianza. Basta con un teléfono, una moto y un arma. Los extorsionadores tienen a su alcance una infinidad de formas de intimidar: amenazas, golpizas, incendios de locales, rafagueos de fachadas. Ni siquiera necesitan cumplir cada amenaza; les basta con hacerlo de vez en cuando para que el miedo trabaje por ellos.
Lo único que necesita el extorsionador son dos condiciones. La primera es una autoridad local que tolere, o que de plano proteja, su actividad. La segunda es una población con suficiente miedo como para pagar en silencio. Mientras ambas se mantengan, el negocio prospera. Si las fuerzas federales o estatales capturan a un cobrador, o a toda una célula, pronto aparece alguien dispuesto a ocupar su lugar. El miedo sigue ahí y la policía sigue mirando hacia otro lado.
No abona gran cosa a la discusión pública insistir en el lugar común de que la solución es construir policías y ministerios públicos confiables. Es cierto: esa es la solución de fondo. Pero, además de voluntad política y presupuesto, es una solución que requiere tiempo; no meses, ni años, sino de décadas. Así, el problema del cobro de piso parece intratable: el Estado mexicano lo administra como puede, sin mucha convicción de poder resolverlo.
O tal vez el remedio de mediano plazo pase por soluciones drásticas. En septiembre pasado fue detenido el alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos vínculos con Los Cromos, la franquicia de extorsionadores del CJNG en la región del Istmo. De forma un tanto inusual, el gobernador Salomón Jara pidió al Congreso de Oaxaca declarar la desaparición inmediata del ayuntamiento de Juchitán. Se designó a un comisionado, se desarmó a la policía local y la seguridad del municipio quedó en manos de fuerzas federales y estatales. Dos días después de la detención de Sánchez Altamirano, Emilio Montero dejó el cargo de titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Montero es otro político juchiteco al que también se relaciona con Los Cromos.
A diferencia de otros casos recientes, el gobernador de Oaxaca –que durante años tuvo a Montero y a Sánchez Altamirano entre sus aliados en el Istmo– decidió cortar de tajo con un grupo político con arraigo local, pero con vínculos criminales insoslayables. Fue, al menos, un mensaje contundente para los malandros que extorsionan en Juchitán: quienes los solapaban desde arriba ya no están. Fue también una maniobra de control de daños bien pensada por parte del gobernador Jara y una lección que otros liderazgos de Morena deberían tomar en cuenta.
