La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas otras investigaciones sobre el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, además del caso por presunta traición a la patria relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas. Así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también calificó como “muy irresponsable” la actuación del exfuncionario.
Las declaraciones ocurren después de que Jáuregui fuera detenido el sábado 17 de octubre y quedara involucrado en dos procedimientos judiciales: uno estatal, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio del servicio público, y otro federal, relacionado con una posible violación a la soberanía nacional.
Durante su conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, Sheinbaum explicó que las fiscalías de Chihuahua y de la República han trabajado conjuntamente en las investigaciones, aunque cada una presentó sus propias acusaciones.
Sobre el alcance de las indagatorias federales, la mandataria señaló que la FGR todavía no termina sus investigaciones porque continúa revisando la posible participación del exfuncionario en otros asuntos.
“Siguen investigando a este ex fiscal en otros temas también”, afirmó, aunque aclaró que será la propia Fiscalía la encargada de informar sobre ellos.
Por ahora, no se han dado a conocer los hechos específicos a los que se refirió la presidenta ni si podrían derivar en nuevas acusaciones penales.
Sheinbaum cuestiona operativo que terminó con cuatro muertos
El caso comenzó en abril de 2026, cuando autoridades de Chihuahua realizaron un operativo relacionado con un laboratorio clandestino de drogas en El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.
Tras esa intervención, un vehículo en el que viajaban dos funcionarios de seguridad mexicanos y dos estadounidenses cayó a un barranco. Los cuatro ocupantes perdieron la vida en el accidente ocurrido el 19 de abril.
La presencia de personal extranjero abrió interrogantes sobre las actividades que realizaba en territorio mexicano y sobre quién había autorizado su participación.
Para Sheinbaum, las irregularidades no se limitaron a la presunta intervención de agentes de Estados Unidos, sino también a las condiciones en las que se organizó el despliegue.
La presidenta cuestionó que los participantes circularan de noche por una carretera sinuosa, en una zona que requería especial conocimiento del terreno, y que realizaran actividades para las cuales, según su explicación, la fiscalía estatal no tenía atribuciones.
“Fue un operativo muy irresponsable”, sostuvo, al considerar que también se habrían incumplido las disposiciones que regulan la actuación de autoridades extranjeras en México.
En ese sentido, lamentó el fallecimiento de las cuatro personas y sostuvo que la investigación deberá esclarecer las decisiones que condujeron al operativo y al traslado en el que ocurrió el accidente.
De negar la participación extranjera a investigar traición a la patria
Uno de los puntos centrales del caso es el cambio entre la versión que inicialmente ofrecieron las autoridades de Chihuahua y los resultados que posteriormente presentó la FGR.
El 20 de abril, un día después del accidente, Jáuregui aseguró que los dos estadounidenses fallecidos no habían intervenido en el operativo contra el laboratorio clandestino.
Según su explicación, ambos eran instructores de la Embajada de Estados Unidos que impartían capacitación sobre el manejo de drones en otra comunidad. Posteriormente habrían solicitado trasladarse con funcionarios mexicanos, con quienes sufrieron el accidente.
Sin embargo, la investigación federal llegó a una conclusión distinta.
El sábado 17 de octubre, la fiscal general Ernestina Godoy informó que se había ejecutado una orden de aprehensión federal contra Jáuregui, después de realizar más de 100 actos de investigación.
De acuerdo con la FGR, el exfuncionario habría ordenado y coordinado el despliegue de abril, permitido la intervención de extranjeros sin autorización y omitido informar adecuadamente a las autoridades federales sobre actividades relacionadas con delitos de su competencia.
Godoy sostuvo que estos hechos podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional, una acusación que deberá ser examinada por la autoridad judicial.
¿Qué sigue para el exfiscal de Chihuahua?
La situación jurídica de Jáuregui se desarrolla en dos ámbitos distintos.
En Chihuahua, la fiscalía estatal le imputó los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Durante una audiencia celebrada el domingo 18 de octubre, un juez rechazó imponerle prisión preventiva por esa causa y estableció medidas cautelares, entre ellas entregar sus documentos de viaje, presentarse periódicamente ante la autoridad y no acercarse a los testigos.
No obstante, esa resolución no significó el cierre de su situación judicial. Después de la audiencia, quedó bajo custodia federal por la orden de aprehensión relacionada con la presunta traición a la patria.
Su defensa informó que sería trasladado al Estado de México para comparecer ante un juzgado federal, mientras que la continuación de la audiencia estatal, en la que deberá resolverse su posible vinculación a proceso, quedó prevista para el jueves 22 de octubre.
El caso también plantea una cuestión que trasciende a Chihuahua: hasta dónde puede llegar la cooperación de México con agencias de seguridad extranjeras.
La Ley de Seguridad Nacional permite la colaboración y el intercambio de información, pero establece que los agentes extranjeros no pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas. Asimismo, exige que las relaciones de servidores públicos con esos agentes se ajusten a los procedimientos de autorización y notificación correspondientes.
Por ello, Sheinbaum insistió en que cualquier colaboración de autoridades mexicanas con gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe respetar los protocolos legales y contar con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando corresponda.
La siguiente etapa del caso deberá esclarecer si Jáuregui autorizó o coordinó actividades fuera de sus atribuciones, qué conocimiento tuvieron las autoridades federales y cuáles son las otras investigaciones mencionadas por la presidenta.
Hasta que los tribunales determinen su responsabilidad, el exfiscal conserva la presunción de inocencia.
