nullAgustín Dorantes
México sigue administrando demasiados desastres como si fueran fatalidades y no riesgos previsibles. Sequías, inundaciones, incendios y calor extremo, agravados por el cambio climático, exigen abandonar la costumbre en la que se declara la emergencia y se hace un recuento de los daños. El propio CENAPRED advierte que los fenómenos hidrometeorológicos extremos han aumentado su impacto. La política pública debe comenzar antes del desastre.
La extinción del FONDEN no borró la obligación estatal de prever recursos para desastres; sí obliga a replantear cómo financiar prevención y resiliencia. Debemos corregir los incentivos con un presupuesto preventivo en la obra pública, atlas de riesgo actualizados, alertas tempranas, infraestructura hídrica y natural, y estándares de construcción adecuados a cada amenaza.
Los mapas de riesgo, además, deben dejar de ser una obligación de papel y tener un rol fundamental. La Ley General de Protección Civil ya exige considerarlos para autorizar construcciones e infraestructura. Falta volver efectiva la norma, dar capacidades técnicas para municipios, generar coordinación entre órdenes de gobierno y contar con financiamiento federal condicionado a prevención. Reconstruir después puede parecer acción; anticipar es gobernar.
