Cuernavaca.- Un comando armado irrumpió en el bar El Rincón de la Banda para perpetrar una masacre de ocho personas durante la madrugada del 18 de abril, negocio ubicado en el poblado de Anenecuilco, cuna de Emiliano Zapata, municipio de Ayala.
Las víctimas mortales son siete hombres y una mujer acribillados y un número indeterminado de heridos, ninguna persona ha sido identificada hasta esta mañana.
El negocio fue atacado a balazos el mismo día que fue inaugurado. Foto: Agencia Reforma
Se informó que el bar había sido inaugurado horas antes y por tanto una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es la extorsión; un delito que tiene postrados al comercio establecido de la zona oriente del estado.
Ayala es un municipio contiguo a Cuautla, considerado a nivel nacional como la región con mayor índice de extorsión en el país.
Así fue la masacre en bar El Rincón de la Banda
Policías, militares y rescatistas en la escena del crimen. Foto: El Universal
Un reporte preliminar identificó a por lo menos cinco hombres armados que arribaron a bordo de motocicletas, de las cuales descendieron y apenas cruzaron la puerta del bar abrieron fuego contra los clientes. Enseguida emprendieron la huida.
Un reporte al número de emergencias, movilizó a las autoridades y los primeros en llegar fueron los paramédicos, quienes confirmaron la muerte de siete hombres en el lugar, mientras que una mujer perdió la vida a consecuencia de las heridas.
Asimismo, se informó que varias personas resultaron lesionadas.
La zona fue acordonada por fuerzas federales, castrenses y estatales, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Al sitio también acudieron efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, así como agentes de investigación criminal y personal del Ministerio Público.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.
Ola de ataques a bares y centros nocturnos
Desde el 11 de abril fuerzas federales, estatales y municipales realizan inspecciones a puntos de venta de alcohol en varios municipios, incluido Cuautla, donde revisaron 22 establecimientos y detectaron faltas administrativas; además clausuraron nueve negocios en Jiutepec y Emiliano Zapata por irregularidades.
La masacre de Ayala se suma a una cadena reciente de ataques en bares y giros nocturnos del oriente morelense.
El 28 de marzo, una balacera en el “Tikis Bar”, en Oaxtepec, Yautepec, dejó cuatro muertos y un herido.
Días antes, el 24 de marzo, un ataque en un bar clandestino cercano al Tecnológico de Cuautla, en la zona de Yecapixtla, dejó tres jóvenes asesinados, entre ellos un estudiante, según se reportó.
El repunte de violencia ya había sido reconocido por el Gobierno federal. El 14 de abril, Omar García Harfuch informó que por instrucción presidencial comenzaron a llegar a Morelos células de investigación de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional para contener la rivalidad delincuencial detectada en la entidad.
Un día después, en Cuautla, cabecera de la región oriente, fue reforzada la presencia federal con alrededor de 200 elementos adicionales de la Guardia Nacional, de acuerdo con reportes locales.
El reforzamiento de operativos y patrullajes se centra en el corredor Cuautla-Ayala-Yautepec-Yecapixtla, territorios en disputa por parte del crimen organizado.
Y aparecen narcomantas
Mantas atribuidas a un grupo que se identificó como La Familia Michoacana fueron colocadas con un mensaje dirigido a autoridades de Morelos, en el que se acusa -sin pruebas- a funcionarios de estar vinculados con la producción y distribución de fentanilo en la entidad.
En el texto se menciona por nombre al comisionado estatal Miguel Ángel Urrutia, así como a mandos identificados como “capitán Juvencio” y “teniente Mario Martínez”, a quienes señalan de presuntamente ocultar droga en patrullas y participar en actividades ilícitas.
El mensaje también incluye amenazas directas contra Urrutia.
Las narcomantas forman parte de una práctica recurrente de grupos criminales para difundir señalamientos, generar presión pública o disputar narrativas en zonas con presencia delictiva y las autoridades han referido que esa acusaciones no constituyen pruebas, aunque suelen ser materia de verificación por parte de autoridades.
JRL