Con 30.1% menos personal para procurar justicia que el promedio nacional, opera la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, de acuerdo con un análisis de Pulso Puebla elaborado con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2026 del INEGI.
El estudio señala que la entidad contó con 52.1 servidores públicos dedicados a la procuración de justicia por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 74.5.
A la falta de personal se suma una brecha presupuestal. La Fiscalía ejerció mil 750 millones de pesos durante 2025, equivalente a 256 pesos por habitante, frente al promedio nacional de 466.8 pesos, es decir, 45.1% menos recursos por habitante.
El análisis también identificó rezagos en la integración de investigaciones. En Puebla, solo 24.8% de las carpetas de investigación abiertas contó con una persona imputada, por debajo del promedio nacional de 30.6%. El documento aclara que esta proporción no equivale a una tasa de esclarecimiento, pero sí es un indicador relevante sobre los procesos de investigación.
En este contexto, el robo en sus distintas modalidades representó 40.2% de los delitos registrados en Puebla durante 2025, cifra superior al promedio nacional de 23.8%.
Durante 2025 se abrieron 82 mil 122 carpetas de investigación en Puebla: 81 mil 527 en materia penal para personas adultas y 595 en justicia para adolescentes.
De estas, 20 mil 398 (24.8%) contaron con persona imputada, 61 mil 129 (74.4%) se registraron sin persona imputada y 595 (0.7%) tuvieron condición mixta.
Se determinaron 27 mil 110 carpetas en etapa de investigación inicial y mil 80 en etapa complementaria; al cierre del año quedaron 87 mil 864 procedimientos pendientes de concluir.
En los registros de la FGE, el patrimonio es, por amplio margen, el bien jurídico más afectado (45,473 delitos, 55.4% del total), seguido de la familia (11,055, 13.5%) y la vida e integridad corporal (7,773, 9.5%).
Los cinco delitos específicos más frecuentes registrados por la FGE fueron: robo en todas sus modalidades (40.2%), violencia familiar (12.9%), lesiones (7.2%), amenazas (7.1%) y fraude (6.1%).
