España ha demostrado durante los últimos años una notable capacidad para superar crisis económicas, recuperar el empleo y mejorar algunos de sus indicadores de bienestar. Sin embargo, bajo esa evolución favorable persiste una realidad mucho menos alentadora: millones de ciudadanos continúan viviendo con ingresos insuficientes, dificultades para pagar su vivienda o una vulnerabilidad económica que convierte cualquier imprevisto en una amenaza para su estabilidad familiar. La distancia entre crecimiento y bienestar constituye una de las principales contradicciones del modelo económico español. Dicho de otro modo: hay una recuperación económica con demasiados ciudadanos al margen.
El 14.º informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), permite medir esa contradicción con particular claridad. Sus datos de 2023 muestran que el 26,5% de la población, aproximadamente 12,7 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. La proporción había aumentado medio punto respecto al año anterior, lo que equivalía a unas 240.000 personas adicionales. El deterioro resultaba especialmente significativo porque se producía mientras otros indicadores económicos evolucionaban favorablemente.
La tasa de pobreza monetaria, en cambio, descendía ligeramente hasta el 20,2%, unos 9,7 millones de personas, mientras la pobreza severa retrocedía hasta el 8,3%, su nivel más bajo desde 2009. También mejoraba la distribución de la renta, con un índice de Gini de 31,5 puntos, mínimo de la serie histórica utilizada por el informe. España presentaba, por tanto, avances reales que sería injusto ignorar, pero insuficientes para resolver una exclusión social que sigue afectando a una parte muy considerable de la población.
La aparente contradicción se explica porque la pobreza no puede medirse exclusivamente por los ingresos. El indicador europeo AROPE incorpora también la privación material y social severa y la baja intensidad laboral de los hogares. Precisamente la privación material experimentó el deterioro más preocupante: alcanzó al 9% de la población, unos 4,3 millones de personas, después de aumentar 1,3 puntos en un solo año. Muchos hogares que no figuraban estadísticamente como pobres empezaban a sufrir carencias importantes en su vida cotidiana.
El PIB no basta para combatir la pobreza
Una de las conclusiones más relevantes del estudio cuestiona la confianza excesiva en el crecimiento económico como mecanismo automático de reducción de la pobreza. Entre 2013 y 2022, el PIB por habitante aumentó un 28,6%, mientras la tasa de pobreza apenas varió entre los valores registrados en 2013 y 2023. La expansión de la actividad, aunque indispensable para generar empleo y financiar servicios públicos, no garantizó una mejora proporcional de las condiciones materiales de los hogares más vulnerables.
El informe utiliza esta evolución para advertir de que confiar exclusivamente en el crecimiento exigiría plazos extraordinariamente prolongados para erradicar la pobreza. Se trata de una extrapolación ilustrativa, no de una previsión económica, pero ayuda a comprender el problema de fondo: la prosperidad agregada puede convivir durante décadas con una distribución insuficiente de las oportunidades.
La creación de empleo representa, sin duda, uno de los principales avances de la economía española. La proporción de personas menores de 65 años que vivían en hogares con baja intensidad laboral descendió hasta el 8,4%, después de una reducción acumulada de siete puntos desde 2015. Es el indicador que mejor cumple los compromisos de la Agenda 2030 y demuestra que la recuperación del mercado de trabajo ha tenido efectos sociales positivos.
Sin embargo, trabajar no siempre permite escapar de la pobreza. Entre quienes tenían un contrato temporal, la tasa de pobreza alcanzaba el 17,9%, frente al 7,8% de los trabajadores indefinidos. La diferencia también resultaba considerable entre quienes trabajaban a tiempo parcial, con un 22,1% de pobreza, y quienes disponían de una jornada completa, con un 10,1%. Estas cifras ponen de manifiesto que la calidad del empleo, la estabilidad contractual y las remuneraciones importan tanto como el número de puestos de trabajo creados.
Las subidas del salario mínimo, la reforma laboral y otras medidas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores deben valorarse en ese contexto. Han contribuido a fortalecer determinados segmentos del mercado laboral, aunque sus efectos no eliminan las dificultades de quienes soportan jornadas reducidas, salarios modestos o elevados gastos familiares. La política económica necesita combinar la creación de empleo con mejoras sostenidas de productividad y remuneraciones, evitando que el aumento de los costes laborales comprometa las oportunidades de contratación de los colectivos más vulnerables.
La vivienda se convierte en una fábrica de desigualdad
Si existe un ámbito donde la distancia entre los ingresos y el coste de la vida resulta especialmente visible, es el mercado de la vivienda. El informe identifica el alquiler como uno de los principales factores asociados a la pobreza, una situación que afecta particularmente a los jóvenes, los hogares monoparentales y las familias con ingresos modestos.
La tasa de pobreza entre quienes vivían de alquiler alcanzaba el 33,1%, frente al 15,8% de quienes residían en una vivienda en propiedad. La privación material y social severa también mostraba diferencias extraordinarias: el 20,1% entre los inquilinos y el 6% entre los propietarios. Aunque estos datos no demuestran que el alquiler provoque por sí solo la pobreza —los hogares de menores ingresos tienen también menos posibilidades de acceder a la propiedad—, evidencian la estrecha relación entre vulnerabilidad económica y condiciones residenciales.
La presión inmobiliaria resulta particularmente intensa en los grandes mercados urbanos y en determinadas zonas turísticas. El aumento de los precios del alquiler, unido a la escasez de vivienda asequible, absorbe una proporción creciente de los recursos familiares y reduce la capacidad para afrontar otros gastos esenciales. Según EAPN, de cada 1.000 euros ingresados por un hogar pobre, 364 se destinaban a gastos relacionados con la vivienda, una carga cercana al triple de la soportada por los hogares que no se encontraban en situación de pobreza.
La pobreza energética añade otra dimensión al problema. En 2023, el 20,7% de la población no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, mientras el 37,1% carecía de capacidad para afrontar un gasto imprevisto de 800 euros. Estas dificultades reflejan hasta qué punto la inflación y el encarecimiento de determinados bienes esenciales pueden deteriorar las condiciones de vida incluso cuando aumentan los ingresos nominales.
La respuesta exige políticas de vivienda más eficaces, pero también una combinación equilibrada de instrumentos. Incrementar el parque público de alquiler, movilizar viviendas desocupadas donde exista demanda, facilitar la construcción y rehabilitación y mejorar la seguridad jurídica constituyen actuaciones complementarias. La regulación de los precios puede proporcionar alivio a determinados hogares, aunque sus efectos sobre la oferta deben evaluarse cuidadosamente para evitar consecuencias contrarias a las pretendidas.
La pobreza infantil, el mayor fracaso colectivo
Probablemente el dato más inquietante del informe sea el relativo a la infancia. En 2023, el 34,5% de los menores de 18 años, más de 2,7 millones de niños y adolescentes, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza monetaria afectaba al 28,9%, aproximadamente 2,3 millones de menores. Estas proporciones superaban ampliamente las registradas para el conjunto de la población y confirmaban la persistencia de una vulnerabilidad que España arrastra desde hace décadas.
La situación resultaba especialmente grave en determinados modelos familiares. Más de la mitad de las personas que vivían en hogares monoparentales o familias numerosas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, con tasas del 52,7% y el 52,4%, respectivamente. La combinación de mayores necesidades económicas, dificultades de conciliación y limitaciones laborales multiplica la exposición a la pobreza, especialmente cuando una sola persona adulta debe sostener el hogar.
Las consecuencias de esta situación van mucho más allá de las privaciones inmediatas. La pobreza infantil condiciona el rendimiento educativo, la salud, las relaciones sociales y las oportunidades profesionales futuras. Un niño que crece en un hogar sin recursos suficientes parte de una posición desfavorable que puede prolongarse durante toda su vida adulta, reproduciendo desigualdades entre generaciones.
El propio informe identifica esa transmisión intergeneracional como uno de los grandes obstáculos para construir una sociedad más equitativa. Entre quienes habían crecido en hogares con una situación económica mala o muy mala, el 25% se encontraba en situación de pobreza en 2023, una proporción superior a la media nacional. Aunque el indicador había mejorado respecto a años anteriores, continuaba reflejando la influencia del origen familiar sobre las oportunidades económicas.
La lucha contra la pobreza infantil debería ocupar, por tanto, un lugar prioritario en la agenda política. No se trata únicamente de ampliar prestaciones económicas, sino de mejorar el acceso a la educación infantil, reforzar las becas, facilitar la conciliación, garantizar una alimentación adecuada y reducir las dificultades residenciales de las familias con menores. Estas políticas tienen un coste presupuestario inmediato, pero también pueden generar importantes beneficios económicos y sociales a largo plazo.
Las pensiones y las prestaciones sostienen el Estado social
El informe aporta una evidencia especialmente relevante sobre el papel redistributivo de las administraciones públicas. Sin transferencias sociales, incluidas las pensiones, la tasa de pobreza habría alcanzado el 42,6% de la población, frente al 20,2% registrado después de esas transferencias. La diferencia equivale a unos 10,6 millones de personas que, según esta estimación estadística, permanecen por encima del umbral de pobreza gracias a la intervención pública.
Las pensiones desempeñan un papel determinante. Entre los mayores de 65 años, la tasa de pobreza se situaba en el 18,3%, pero habría alcanzado el 81,7% en ausencia de prestaciones de jubilación y supervivencia. Estas cifras ilustran la importancia del sistema público de protección social, especialmente en una sociedad envejecida como la española.
Ahora bien, reconocer su eficacia redistributiva no significa ignorar los desafíos de sostenibilidad financiera. El envejecimiento demográfico, la evolución de la población activa y el crecimiento del gasto obligan a mantener un debate riguroso sobre la financiación del sistema. Preservar el poder adquisitivo de las pensiones y garantizar su continuidad a las generaciones futuras exige combinar crecimiento económico, empleo de calidad, productividad y decisiones presupuestarias responsables.
La protección social tampoco puede descansar exclusivamente en las pensiones. El informe muestra que las transferencias distintas de las prestaciones de jubilación y supervivencia redujeron la pobreza en seis puntos porcentuales en 2023, una contribución importante, pero inferior a la registrada durante la fase de mayor intensidad del escudo social desplegado frente a la pandemia.
De ahí que resulte necesario evaluar el alcance real de instrumentos como el ingreso mínimo vital, las rentas autonómicas y las ayudas familiares. La cuestión no consiste únicamente en aumentar las partidas presupuestarias, sino en asegurar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan, reduzcan las situaciones de pobreza persistente y favorezcan, cuando sea posible, la incorporación al empleo.
Mujeres, jóvenes y personas con discapacidad: las desigualdades que permanecen
La pobreza tampoco afecta de manera uniforme a toda la población. Las mujeres presentaban una tasa AROPE del 27,5%, dos puntos superior a la de los hombres, mientras su riesgo de pobreza monetaria alcanzaba el 20,8%, frente al 19,5% masculino. Las diferencias se relacionan con una mayor presencia femenina en empleos a tiempo parcial, interrupciones laborales vinculadas a los cuidados y desigualdades acumuladas en las carreras profesionales.
Los jóvenes afrontaban igualmente una situación preocupante. Entre los 16 y los 29 años, el 27,4% se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social y el 21,4% vivía bajo el umbral de pobreza. La combinación de desempleo, temporalidad, salarios reducidos y dificultades para acceder a la vivienda retrasaba su emancipación y condicionaba sus proyectos familiares y profesionales.
Las personas con discapacidad también registraban obstáculos adicionales, tanto en el acceso al empleo como en su capacidad para afrontar gastos imprevistos. La inclusión laboral, la accesibilidad y la protección de los hogares con mayores necesidades de apoyo forman parte, por tanto, de una estrategia eficaz contra la exclusión social.
Estos resultados muestran que la pobreza no constituye un fenómeno homogéneo ni puede abordarse mediante una única política. Sus causas y manifestaciones varían según la edad, el sexo, la situación laboral, la composición familiar y las condiciones de salud o discapacidad. La eficacia de la intervención pública depende precisamente de su capacidad para reconocer esas diferencias.
España necesita convertir el crecimiento en bienestar
El balance que ofrece EAPN es exigente, pero no completamente negativo. España había conseguido reducir la pobreza severa, mejorar la distribución de los ingresos y disminuir considerablemente el número de personas que vivían en hogares con escasa actividad laboral. Son avances importantes que reflejan tanto la recuperación económica como el efecto de las políticas sociales.
Sin embargo, la persistencia de 12,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social demuestra que esas mejoras no alcanzaban todavía a una parte suficientemente amplia de la población. El país se encontraba, además, lejos de la trayectoria necesaria para cumplir los compromisos de reducción de la pobreza de la Agenda 2030: según el informe, unos 2,6 millones de personas más deberían haber salido de esa situación para mantener el ritmo previsto.
El desafío no debería plantearse como una elección entre crecimiento económico y redistribución. Sin una economía dinámica, empresas competitivas y empleo productivo, resulta difícil financiar de manera sostenible las políticas sociales. Pero sin una distribución más eficaz de las oportunidades, una vivienda accesible y servicios públicos de calidad, el crecimiento puede convivir durante demasiado tiempo con niveles de pobreza incompatibles con las aspiraciones de una sociedad desarrollada.
La experiencia española demuestra que el Estado puede reducir significativamente la pobreza mediante pensiones, prestaciones y servicios públicos. También evidencia que esas herramientas, por sí solas, no bastan para corregir todas las desigualdades generadas por el mercado laboral, la vivienda y las circunstancias familiares.
La prioridad debería consistir en reforzar simultáneamente la capacidad productiva y la cohesión social, con especial atención a la infancia y a los trabajadores de menores ingresos. España necesita crecer más y mejor, pero también conseguir que ese progreso llegue a quienes permanecen en los márgenes de la recuperación. El verdadero éxito económico de un país no se mide solamente por la riqueza que produce, sino por su capacidad para impedir que millones de ciudadanos queden excluidos de ella. Esa es la principal advertencia que deja el informe de EAPN y una de las cuestiones esenciales que debería ocupar el debate sobre el futuro del Estado del bienestar español. @mundiario
Fuente: El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030, 14.º informe, EAPN-ES, junio de 2024. Análisis elaborado a partir de sus datos de 2023, sin extrapolarlos a 2026.
