La muerte de una pareja puede dejar a una familia en una situación económica vulnerable, especialmente cuando el superviviente no tiene reconocido ningún vínculo legal con la persona fallecida. Para evitar que esa circunstancia impida acceder a una prestación esencial, el Gobierno prevé modificar los requisitos de la pensión de viudedad: las parejas con hijos en común podrán solicitarla sin haberse casado ni inscrito como pareja de hecho, siempre que demuestren que han convivido durante al menos dos años consecutivos antes de presentar la solicitud.
La medida, a la que ha tenido acceso El País, forma parte de un decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, pretende adaptar las prestaciones públicas a una realidad familiar en la que las parejas no casadas tienen cada vez más presencia.
El cambio afecta a una cuestión determinante para muchas familias: la diferencia entre acreditar una relación estable en la práctica y haber cumplido los trámites administrativos para que esa relación tenga reconocimiento legal.
Un cambio que elimina una barrera administrativa
Hasta ahora, las parejas que no estaban casadas y tampoco habían formalizado su relación como pareja de hecho podían encontrar dificultades para acceder a la pensión de viudedad, incluso cuando tenían hijos en común y habían compartido hogar durante años.
Con la reforma planteada, la existencia de descendencia conjunta permitirá aplicar un criterio distinto. El superviviente tendrá que acreditar una convivencia estable y notoria durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, sin necesidad de demostrar que la pareja estaba inscrita oficialmente.
Para justificar ese requisito, el borrador establece que bastará con presentar el certificado de empadronamiento. De este modo, el procedimiento dejaría de depender de una formalización previa de la relación y pondría el foco en la convivencia efectiva de la pareja.
La modificación supondría una diferencia importante para quienes han organizado su vida familiar sin pasar por el registro de parejas de hecho o por el matrimonio. En esos casos, la ausencia de documentación formal sobre la relación podría dejar de ser un obstáculo determinante para acceder a esta protección económica.
¿Qué requisitos deberán cumplir las parejas para cobrar la pensión?
La propuesta distingue entre las parejas que tienen hijos en común y aquellas que no han tenido descendencia conjunta. Esta diferencia resulta fundamental para entender quiénes podrían beneficiarse de la nueva regulación.
En el caso de las parejas con hijos, el requisito central será demostrar que han vivido juntas de manera ininterrumpida durante al menos dos años antes de solicitar la prestación. No será necesario haberse casado ni haber formalizado la relación como pareja de hecho.
La situación será diferente para las parejas sin hijos en común. Para ellas, se mantendrían las condiciones actuales: acreditar un mínimo de cinco años de convivencia continuada y haber inscrito la pareja de hecho, como máximo, dos años antes del fallecimiento.
Las parejas de hecho con hijos también conservarán el régimen que les permite acceder a la prestación cuando cumplen las condiciones legales correspondientes, entre ellas el periodo exigido desde la formalización de la relación.
La reforma no elimina, por tanto, todos los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. Su objetivo es flexibilizar las condiciones para un grupo concreto de familias que hasta ahora podía quedar desprotegido por no haber formalizado legalmente su vínculo.
La medida también podría beneficiar a familias de personas fallecidas
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que no se limitaría a las nuevas situaciones que se produzcan después de su aprobación. El borrador contempla una ventana de un año para que potenciales beneficiarios vinculados a fallecimientos anteriores puedan acogerse a la modificación.
Esta previsión abre la puerta a que personas que perdieron a su pareja en el pasado puedan solicitar la prestación si cumplen las nuevas condiciones. Sin embargo, será necesario atender a los términos definitivos de la norma para conocer cómo se aplicará este mecanismo y qué documentación deberá presentarse en cada caso.
El Gobierno no ha ofrecido una estimación del número de personas que podrían beneficiarse del cambio. No obstante, el contexto social ayuda a entender su alcance: según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en la información sobre la reforma, alrededor de la mitad de los hijos nacen de parejas no casadas.
Esta realidad refleja que el matrimonio ya no constituye la única forma de organización familiar. Por ello, mantener diferencias de protección basadas exclusivamente en la formalización de la relación puede generar situaciones en las que dos familias con circunstancias similares reciban un tratamiento distinto ante el fallecimiento de uno de sus miembros.
Más protección para las personas divorciadas o separadas
El decreto ley que prepara el Ejecutivo incluye también cambios en otras situaciones relacionadas con las pensiones de viudedad. Uno de ellos afecta a las personas divorciadas o separadas antes de 2008 que perciben otra pensión pública.
Con la modificación propuesta, estas personas podrán acceder a la pensión de viudedad y compatibilizarla con otra prestación, como una pensión de jubilación o de incapacidad, en los supuestos contemplados por la nueva regulación.
La medida busca corregir una limitación que podía reducir la protección económica de determinados beneficiarios. En un contexto de envejecimiento de la población y de trayectorias familiares cada vez más diversas, la compatibilidad entre prestaciones puede resultar decisiva para mantener los ingresos después de la muerte de una expareja.
El decreto también contempla las incapacidades derivadas de catástrofes
La reforma no se limita a las prestaciones por viudedad. El texto incluye una disposición para mejorar la cobertura de determinadas prestaciones de la Seguridad Social cuando la incapacidad o el fallecimiento estén relacionados con catástrofes naturales.
La propuesta permitiría que las normas aprobadas para responder a una emergencia extraordinaria establezcan que determinadas prestaciones se asimilen a contingencias profesionales. Esto podría mejorar su cobertura respecto al tratamiento que recibirían si se reconocieran como contingencias comunes.
El Ejecutivo justifica este cambio en la experiencia acumulada durante distintas catástrofes y emergencias de los últimos años, que ha puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer respuestas más homogéneas y previsibles a las personas afectadas. El alcance concreto de estas mejoras dependerá de las condiciones que establezca la normativa aplicable a cada suceso.
¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto ley este martes. Si finalmente sale adelante, la norma comenzará a aplicarse tras su aprobación, aunque deberá someterse posteriormente a la convalidación del Congreso en el plazo de un mes para mantener su vigencia.
Este trámite parlamentario será determinante para consolidar las modificaciones. Por ello, aunque la propuesta supone un avance potencial para las parejas con hijos que no han formalizado su relación, sus condiciones definitivas dependerán del texto aprobado y de su continuidad legislativa.
La iniciativa forma parte de una serie de medidas laborales y de Seguridad Social que el Gobierno pretende impulsar antes de las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Entre las propuestas pendientes figura también una posible subida del salario mínimo interprofesional para 2027.
En el caso de la pensión de viudedad, la cuestión de fondo va más allá de un cambio administrativo: se trata de determinar hasta qué punto el sistema público debe reconocer la realidad de las familias que conviven y comparten responsabilidades sin haber formalizado su relación. Si la reforma prospera, acreditar dos años de convivencia con hijos en común podría convertirse en la llave para acceder a una prestación que hasta ahora dependía de requisitos más restrictivos. @mundiario
