El acceso a una vivienda asequible continúa siendo uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario español. Con los precios del alquiler bajo presión en numerosas ciudades, el Gobierno ha aprobado una nueva partida de 180 millones de euros destinada a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. El objetivo es aumentar la oferta de inmuebles a precios accesibles y facilitar que más hogares encuentren una vivienda sin dedicar una parte excesiva de sus ingresos al alquiler.
La iniciativa se acompaña de otros 45 millones para financiar siete proyectos de alojamiento universitario, con los que se prevé crear unas 2.000 plazas. Ambas medidas pretenden actuar sobre colectivos y territorios donde encontrar alojamiento se ha convertido en una dificultad creciente.
La subvención de 180 millones se distribuirá entre cinco comunidades autónomas en función de la población residente en las zonas tensionadas. Cataluña recibirá más de 119 millones de euros, la mayor asignación del programa, al contar con 271 municipios incluidos en esta categoría.
El País Vasco dispondrá de 31 millones para actuar en 18 municipios, mientras que Navarra recibirá 13,3 millones para sus 21 localidades declaradas tensionadas. Asturias contará con 5,9 millones para cinco municipios y Galicia obtendrá 10,2 millones, destinados a las zonas de A Coruña y Santiago de Compostela.
La distribución refleja la concentración territorial de las ayudas, pero también pone sobre la mesa una cuestión importante: disponer de financiación no garantiza, por sí solo, que aumente rápidamente el número de viviendas disponibles. La eficacia del programa dependerá de los proyectos que se pongan en marcha, los plazos administrativos y la capacidad de las comunidades para convertir los fondos en inmuebles habitables y asequibles.
Qué podrán hacer las comunidades con los 180 millones
Los recursos permitirán financiar distintas actuaciones sobre el mercado residencial. Entre ellas figuran la construcción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social o asequible, la compra de inmuebles existentes para incorporarlos a este parque y la adquisición de suelo para futuros proyectos de vivienda protegida.
También se contempla la urbanización de terrenos residenciales, una fase necesaria para que determinados suelos puedan acoger nuevas promociones. A estas posibilidades se suma la cobertura de impagos en contratos de alquiler, con la intención de ofrecer mayores garantías a los propietarios y favorecer la salida de más viviendas al mercado.
Esta variedad de medidas permite intervenir en diferentes puntos del problema, desde la disponibilidad de suelo hasta la gestión de los arrendamientos. Sin embargo, sus resultados no serán inmediatos en todos los casos. Comprar viviendas ya construidas puede facilitar una respuesta más rápida, mientras que urbanizar terrenos y levantar nuevos edificios exige más tiempo.
Por ello, una de las claves será comprobar cuántas viviendas llegan efectivamente al mercado y en qué condiciones económicas. El volumen de dinero movilizado es relevante, pero su repercusión social dependerá de que los precios resulten asumibles para los hogares que más dificultades tienen para acceder a una casa.
Otros 45 millones para el alojamiento universitario
El segundo decreto aprobado por el Consejo de Ministros destina 45 millones de euros a siete proyectos universitarios que prevén generar unas 2.000 plazas de alojamiento en seis comunidades autónomas.
La Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,3 millones; la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, 8,1 millones; la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, 6,5 millones; la Universidad de Burgos, 5,9 millones; la Universitat Jaume I de Castelló, 4,5 millones; la Universidad de Jaén, 3,5 millones, y el Ayuntamiento de Lleida, 2,9 millones.
La medida busca aliviar los gastos de alojamiento de estudiantes y personal universitario, además de facilitar la movilidad académica. En ciudades donde la demanda de alquiler es elevada, disponer de residencias asequibles puede reducir parte de la competencia por las viviendas convencionales.
En conjunto, las dos partidas suman 225 millones de euros para ampliar las alternativas residenciales. El reto ahora será transformar esa inversión pública en una oferta estable y accesible, capaz de responder a una demanda que sigue encontrando importantes obstáculos para acceder a una vivienda. @mundiario
