Eduardo Clark informó este martes que existen casos documentados de fármacos sustraídos de hospitales; el Gobierno busca reforzar su identificación y rastreo digital
El Gobierno de México reconoció este martes 20 la existencia de casos de desvío de medicamentos destinados a pacientes del sistema público de salud, algunos de los cuales presuntamente terminan a la venta en establecimientos cercanos a hospitales y centros de salud.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que existen casos documentados y otros que requieren investigaciones adicionales para determinar cómo ocurre la sustracción de los fármacos.
El funcionario advirtió que estas prácticas afectan directamente a las personas que dependen del suministro gratuito de medicamentos, especialmente cuando los productos que deberían recibir en las unidades médicas son ofrecidos a cambio de dinero.
Clark aclaró que la existencia de estas irregularidades no significa que el personal médico, de enfermería o los trabajadores del sector salud sean responsables, de manera generalizada, del desabasto. No obstante, sostuvo que es necesario cerrar los espacios que permiten el desvío de insumos.
¿Cómo busca el Gobierno evitar la venta ilegal de medicamentos?
Entre las acciones planteadas por las autoridades se encuentra mejorar la identificación de los medicamentos adquiridos con recursos públicos. El objetivo es que las cajas tengan leyendas más visibles que permitan reconocer que son propiedad exclusiva del sector salud y que deben entregarse gratuitamente a los pacientes.
La medida también facilitaría la identificación de productos que aparezcan en tianguis, farmacias privadas u otros puntos de venta, pese a estar destinados al sistema público.
Otra estrategia consiste en desarrollar herramientas digitales para rastrear la distribución de los medicamentos. De acuerdo con Clark, estos mecanismos permitirían conocer el origen, el lote y el destino de los productos, con especial atención a tratamientos de alto costo.
El funcionario explicó que algunos medicamentos pueden superar los 200 mil pesos por caja, por lo que resulta relevante reforzar los controles sobre su traslado y entrega.
Aunque las autoridades señalaron que existen hechos documentados, durante la presentación no se precisó el número total de casos, las instituciones involucradas ni las posibles sanciones derivadas de las investigaciones.
Por ahora, el Gobierno plantea fortalecer la vigilancia y la trazabilidad para reducir las oportunidades de sustracción y comercialización irregular de medicamentos gratuitos.
