El Parlamento de Polonia tiene previsto votar este martes dos proyectos de ley que buscan flexibilizar las leyes sobre el aborto en este país de mayoría católica, que tiene una de las normas más restrictivas de la Unión Europea para interrumpir el embarazo.
El primer proyecto de ley -presentado por el partido de centroderecha Coalición Cívica (KO), del primer ministro Donald Tusk, y La Izquierda- despenalizaría parcialmente la interrupción del embarazo y eliminaría las sanciones penales por ayudar a realizar un aborto, que actualmente pueden puede castigarse con hasta tres años de prisión.
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El segundo proyecto, presentado por los aliados más conservadores de la coalición, Polonia 2050 y el Partido Popular Polaco (PSL), revertiría los efectos de un fallo de 2020 del Tribunal Constitucional (TK), máximo órgano judicial de Polonia, que ilegalizó el aborto en casos de malformaciones fetales graves.
El gobierno centrista y proeuropeo de Tusk prometió flexibilizar las leyes sobre el aborto antes de ganar las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero las diferencias entre las distintas facciones de la coalición han retrasado el proceso.
Actualmente, el aborto solo está permitido en dos circunstancias: cuando el embarazo es consecuencia de un delito, como una violación o un incesto, o cuando pone en riesgo la vida o la salud de la madre.
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El fallo de 2020 del Tribunal Constitucional, que el segundo proyecto de ley busca revertir, determinó que las anomalías fetales graves no constituían motivos legales para abortar.
Antes de ese fallo, 98% de los abortos legales en Polonia se realizaban por este motivo. Según datos del Fondo Nacional de Salud de Polonia (NFZ), durante el primer semestre de 2026 se realizaron solo 573 abortos en hospitales públicos del país.
El año pasado, los hospitales públicos realizaron 851 abortos, según el NFZ. Las nuevas restricciones desencadenaron una ola de protestas en todo el país, que se convirtieron en las mayores manifestaciones multitudinarias en Polonia desde el movimiento anticomunista de 1989.
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El resultado de las votaciones sigue siendo incierto debido a las diferencias dentro de la coalición, que cuenta con mayoría parlamentaria, así como a la postura de la oposición de derecha. Uno de los partidos de derecha no dio instrucciones de voto a sus integrantes.
Cualquier intento de flexibilizar las leyes sobre el aborto a través del Parlamento probablemente se enfrentaría al veto del presidente conservador nacionalista Karol Nawrocki, quien recibió el respaldo del entonces gobernante partido Ley y Justicia (PiS), responsable de impulsar y mantener vigente el fallo judicial de 2020.
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