El Senado de la República aprobó este martes 20 de octubre de 2026 la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca modernizar las transacciones en comercios y trámites gubernamentales.
Sin embargo, la medida generó controversia por las restricciones al uso de dinero en efectivo en determinadas actividades económicas.
¿Se prohibirá pagar en efectivo en comercios?
La nueva legislación, aprobada con 72 votos a favor y 37 en contra, establece que los proveedores de bienes y servicios, así como las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deberán habilitar infraestructura para aceptar pagos digitales.
Entre los métodos contemplados se encuentran las tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, códigos QR, tecnología NFC y domiciliaciones. No obstante, la ley no elimina de manera generalizada el dinero en efectivo. El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, aclaró que su implementación será progresiva.
🚨 #ÚLTIMAHORA El Senado aprobó en lo general la nueva ley que establece la obligación de realizar pagos digitales y electrónicos, con 73 votos a favor y 34 en contra.
— Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026
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El punto más relevante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades donde únicamente se aceptarán pagos digitales. En esos casos, se permitirá efectivo o cheque cuando existan contingencias que impidan las transacciones electrónicas.
¿Por qué el PAN y el PRI rechazaron la ley?
La aprobación provocó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles afectaciones económicas para pequeños negocios y consumidores. El senador panista José Máximo García López rechazó lo que calificó como un “cheque en blanco para Hacienda”, al considerar que la medida representa riesgos para los comercios.
Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano advirtió que las comisiones bancarias cobradas a los establecimientos podrían trasladarse a los consumidores. Aunque la legislación busca ampliar la inclusión financiera, su aplicación dependerá de los sectores que determine Hacienda.
