El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, defendió este martes la decisión de ese órgano de solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU para atender la situación en México.
Al presentar su informe anual ante la Tercera Sección de la Asamblea, en Nueva York, remarcó que para el CED, existen indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas -tipificadas como crímenes de lesa humanidad- en el País y de la persistencia de esta práctica hasta el día de hoy.
El Comité, expuso, llegó a esa conclusión, tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las aportaciones de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, junto con los antecedentes recopilados desde 2012, momento en que se inició el procedimiento.
En abril de este año decidió aplicar por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, explicó Albán, para someter la situación a examen de la Asamblea General con carácter de urgencia.
"Esta decisión no constituye una determinación de la responsabilidad internacional del Estado mexicano; asimismo, el Comité no halló indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas. Ya sea mediante una acción deliberada o por omisión", destacó.
"Reconocemos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas, sin dejar de señalar la persistencia de graves problemas estructurales que requieren atención".
El artículo 34, añadió el presidente del CED, constituye un mecanismo preventivo excepcional que permite dar la voz de alarma y está diseñado para movilizar la atención y la cooperación internacionales ante situaciones de especial gravedad.
"Al aplicarlo, el Comité ejerció las competencias o facultades que los propios Estados le han conferido a través de la Convención", sostuvo.
Ahora, mencionó, corresponde a la Asamblea examinar las oportunidades de cooperación, movilización y apoyo internacionales que este procedimiento puede ofrecer para ayudar a México.
"México podría considerar esto beneficioso en ámbitos como la búsqueda, la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la investigación forense y la protección de las víctimas y sus familias", aseguró.
"El Comité ya ha formulado propuestas concretas para orientar dicha cooperación internacional; por nuestra parte, reafirmamos, como hago ahora mismo, nuestro compromiso de seguir colaborando con México, tanto a través de los procedimientos habituales como mediante el mantenimiento de un diálogo constructivo con las autoridades mexicanas y la sociedad civil".
