La batalla por el Senado ha abierto un nuevo frente de negociación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El acuerdo de la izquierda para concentrar sus candidaturas en una sola papeleta ha cambiado los cálculos de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha llevado a los dos partidos conservadores a explorar una fórmula que evite la dispersión de sus votos. El intercambio que se perfila es concreto: Vox podría renunciar a presentarse en determinadas provincias y el PP compensaría ese repliegue con puestos en el Senado designados por los parlamentos autonómicos.
El movimiento no supone una coalición electoral formal, cuyo plazo de registro ya ha expirado, sino una coordinación territorial para maximizar escaños. Feijóo ha confirmado que mantiene conversaciones con Vox y ha defendido que sería un error facilitar que la izquierda controle la Cámara Alta. El líder popular ha apelado a la "discreción y respeto" en las negociaciones, mientras deja abierta la posibilidad de ofrecer a Abascal una compensación política.
La principal propuesta consiste en que Vox no presente candidatos al Senado en algunas circunscripciones donde sus posibilidades de obtener representación directa son reducidas. A cambio, el PP podría facilitar que la formación de Abascal consiga más senadores autonómicos, una vía que ya ha permitido a Vox entrar en la Cámara Alta gracias a acuerdos entre ambos partidos en comunidades donde gobiernan juntos.
La compensación es importante porque Vox no obtuvo senadores por elección directa en 2023. Su respaldo electoral en determinadas provincias no se tradujo en escaños, mientras que el sistema de votación del Senado favoreció a los partidos más votados. Retirar una lista podría permitir que una parte de esos sufragios se concentrara en los candidatos populares y aumentara las posibilidades de que el PP obtuviera un tercer senador en circunscripciones disputadas.
La negociación también contempla otras alternativas, como fórmulas de reparto de candidaturas o acuerdos del tipo "2+1", con dos aspirantes del PP y uno vinculado a Vox, siempre que la normativa electoral y los plazos lo permitan. Sin embargo, la retirada de listas y el reparto de senadores autonómicos aparecen como vías centrales de la conversación.
La dificultad para Abascal es evidente: renunciar a competir bajo las siglas de Vox puede beneficiar al PP, pero también reducir la visibilidad de su partido y trasladar a los populares una parte del voto conservador. Para aceptar el acuerdo, necesitaría garantías de que la compensación se traduce en representación efectiva y no en una promesa genérica.
La candidatura unitaria de la izquierda cambia el tablero
El PSOE y varias formaciones progresistas acordaron concurrir juntas al Senado bajo la marca Senado de Progreso, con candidaturas comunes en decenas de circunscripciones. La alianza reúne a los socialistas, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y otras fuerzas, con adaptaciones territoriales.
El objetivo es evitar que la división del voto progresista facilite una amplia representación del PP. El Senado funciona de manera distinta al Congreso: en las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y los electores pueden marcar hasta tres candidatos. Por ello, una candidatura que concentra apoyos puede obtener tres de los cuatro escaños, aunque la diferencia de votos respecto a sus rivales no sea proporcional a esa distribución.
La unidad de la izquierda no garantiza una mayoría, pero obliga a PP y Vox a revisar sus cálculos provincia por provincia. La cuestión no es simplemente cuántos votos suma cada bloque en el conjunto de España, sino cómo se distribuyen y cuántos candidatos de cada formación pueden resultar elegidos en cada territorio.
Las simulaciones basadas en los resultados de 2023 apuntan a que una retirada de Vox en determinadas provincias podría dar al PP escaños adicionales. No obstante, los cálculos publicados varían: algunas proyecciones señalan alrededor de 19 circunscripciones estratégicas y otras amplían la coordinación necesaria hasta 27. La cifra depende de los supuestos electorales, de la distribución territorial del voto y del objetivo perseguido.
La Cámara Alta no decide la investidura del presidente del Gobierno, pero sí influye en la tramitación legislativa, el control del Ejecutivo y la renovación de instituciones. Puede introducir enmiendas y vetos a las leyes aprobadas por el Congreso, aunque la Cámara Baja dispone de mecanismos para levantar esos vetos. También interviene en procedimientos constitucionales y en la designación de miembros de determinados órganos del Estado.
El objetivo más ambicioso de PP y Vox es alcanzar los tres quintos del Senado, una mayoría cualificada que permitiría realizar determinados nombramientos sin necesitar el respaldo del PSOE. Entre ellos figura la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden a la Cámara Alta. El número exacto de votos requerido depende de la composición de la Cámara, pero se sitúa en torno a 160-161 sobre un total aproximado de 267 senadores.
Esa mayoría también tiene relevancia en los procedimientos de renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque cada órgano se rige por sus propias reglas y no todos los nombramientos dependen exclusivamente del Senado. Alcanzar los tres quintos daría a la derecha una capacidad de negociación institucional mucho mayor que la mayoría absoluta.
Feijóo ha expresado públicamente su aspiración de lograr no solo una mayoría suficiente, sino también esa mayoría cualificada. Sin embargo, las simulaciones construidas únicamente sobre los resultados de 2023 indican que la coordinación entre PP y Vox no bastaría necesariamente para alcanzar los tres quintos, incluso con una retirada extensa de candidaturas. Para conseguirlo serían necesarios resultados electorales distintos o un reparto de escaños más favorable.
El precio político del acuerdo para PP y Vox
El pacto plantea un intercambio de poder entre dos partidos que compiten por una parte del mismo electorado. El PP busca impedir que la unidad progresista debilite su posición en el Senado; Vox pretende convertir su capacidad de negociación en puestos institucionales y consolidar su influencia en las comunidades autónomas.
Para Feijóo, ceder senadores autonómicos puede ser un coste asumible si permite sumar escaños elegidos directamente por los ciudadanos y conservar el control de la Cámara. Pero la operación también podría alimentar críticas sobre el reparto de cargos y obligar al PP a justificar por qué concede representación a un socio que no obtiene los mismos resultados en las urnas.
Abascal, por su parte, debe decidir si prioriza la representación de Vox en determinadas provincias o si acepta una retirada selectiva a cambio de presencia institucional. El riesgo es que el voto útil fortalezca al PP en las generales en su conjunto, mientras Vox obtiene una compensación limitada.
El plazo para registrar las candidaturas concluye el 26 de octubre, de modo que la negociación entra en una fase decisiva. La fórmula final dependerá de cuántas provincias se consideren estratégicas, de las garantías que ofrezca Feijóo y de la disposición de Abascal a asumir un acuerdo que exige renunciar a competir en parte del territorio.
La disputa por el Senado se ha convertido así en una prueba de coordinación para los dos partidos. La candidatura unitaria de la izquierda ha acelerado el diálogo entre PP y Vox, pero no elimina sus intereses divergentes ni garantiza que la suma de sus apoyos se traduzca en una mayoría cualificada. El resultado del acuerdo dependerá tanto de la letra pequeña de la negociación como de lo que decidan los electores provincia por provincia. @mundiario
