La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia advierte que el hallazgo de un "cuarto oscuro" en el plantel poblano refleja fallas sistémicas en los protocolos de supervisión y seguridad de la SEP.
PUEBLA, Pue., 20 de abril de 2026.- La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) advirtió que el alarmante caso del Colegio Carrusel Magone A.C. no debe ser visto como un hecho aislado, sino como una prueba crítica de las deficiencias del Estado en la detección oportuna de zonas de riesgo dentro de los planteles educativos.
Mediante un comunicado oficial, el organismo subrayó que la infraestructura escolar está siendo utilizada en ocasiones como escenario de violencia debido a la falta de vigilancia estricta y al incumplimiento de sentencias judiciales previas.
El hallazgo que detonó la crisis
La controversia inició el pasado 14 de abril, cuando padres de familia y supervisores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) descubrieron en el área de preescolar un “cuarto oscuro” oculto tras el salón de música. El espacio contaba con:
- Conexión irregular: Acceso directo a una vivienda donde residen familiares de la directiva.
- Mobiliario sospechoso: Presencia de una cama dentro de las instalaciones escolares.
- Denuncias graves: Menores refirieron el uso de este cuarto para la aplicación de castigos físicos y presuntos actos de índole sexual, además del ingreso de hombres ajenos a la institución.
Omisiones institucionales
La ODI señaló que, desde su informe "Es un secreto" (2021), se ha documentado el uso de bodegas, salones sin visibilidad y viviendas internas como zonas de peligro. El organismo recalcó que la SEP tiene la obligación legal de:
- Identificar y eliminar cualquier espacio que no garantice la visibilidad plena de los menores.
- Separar físicamente las áreas habitacionales de las escolares.
- Realizar inspecciones constantes para reducir riesgos de violencia física y sexual.
De acuerdo con la defensoría, lo ocurrido en el Carrusel Magone evidencia una omisión de responsabilidad por parte de las autoridades educativas al permitir que infraestructuras de este tipo operen bajo un esquema de supervisión deficiente.
Estatus de la investigación
A seis días de que el caso se hiciera público, el panorama legal y social se mantiene tenso:
- Fiscalía: La FGE Puebla confirmó la apertura de cuatro carpetas de investigación por delitos en agravio de menores.
- Polarización: Mientras un grupo de padres exige el cierre definitivo y justicia penal, otro contingente se manifestó el pasado 19 de abril en defensa del colegio, negando los abusos y solicitando el retorno a clases presenciales tras calificar las acusaciones como falsas.
La ODI hizo un llamado enérgico a las autoridades ministeriales para que las indagatorias se realicen bajo estándares internacionales de protección a la infancia, evitando en todo momento la revictimización de los niños denunciantes.
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