El 29-N se celebrarán comicios generales y, una vez más, el protagonismo político corresponderá a los partidos. Estas organizaciones se erigen en los sujetos protagonistas de nuestro pseudodemocrático sistema político. De hecho, buena parte del déficit democrático que padece el Régimen del 78 es responsabilidad de las principales formaciones que han capitaneado la Monarquía Parlamentaria.
Desde un punto de vista meramente jurídico de los poderes del Estado, los partidos no son necesarios. Es decir, a nivel legislativo y de elecciones locales, basta con que se presente una agrupación de electores sin adscripción partidista (o una lista de independientes) para configurar la representación de los plenos municipales y provinciales, así como de los parlamentos autonómicos y central.
Por otro lado, la esfera ejecutiva está formada por funcionarios, personal laboral y cargos públicos. En ninguno de estos casos es jurídicamente necesaria la militancia en ningún partido político: los primeros son reclutados mediante un proceso selectivo; los segundos, mediante contratación por la Administración; y los terceros, mediante nombramiento por parte de un Alcalde y/o Presidente (provincial, autonómico o del Gobierno). Por su parte, estos dos últimos cargos superiores -en términos jerárquicos- son elegidos por la corporación municipal, provincial y por las respectivas asambleas supralocales, según el caso. En resumen, todos los empleados públicos pueden no depender de ningún partido político para ejercer su servicio.
Y en la esfera judicial, el personal logra su estatus laboral mediante oposición.
Sin embargo, a pesar de esta aparente prescindencia partidista, estas organizaciones han colonizado las instituciones, tal y como denuncian juristas como Rubén Gisbert (influencer regeneracionista), Luis María Pardo (líder del también regeneracionista Iustitia Europa) o como en su día expuso el renovador Movimiento 15-M.
El apoyo financiero y mediático a estas organizaciones, la polarización política, la inexistencia de mecanismos que premien los valores éticos como forma de ascenso (orgánico y administrativo) o la solidez que da pertenecer a una organización estable configuran un sistema político donde las grandes formaciones buscan parasitar las instituciones, donde se premia la mediocridad arribista y donde se castiga al militante honesto. Lo hemos visto recientemente con Melchor León (PSOE), un político enormemente honrado, o lo apreciamos en febrero de 2022 con Pablo Casado, un líder que, a priori, quería limpiar el PP.
En este sentido, buena parte de las fallas de nuestro Régimen, desde el punto de vista de la regeneración democrática, tienen como responsables a los representantes de los partidos políticos. He aquí algunos ejemplos de colonización administrativa:
1. Subvenciones.
2. Financiación empresarial.
3. Posibilidad de recibir créditos bancarios.
4. Puertas giratorias.
5. Partidismo y proyección social en casi todos los medios de comunicación, ya sean públicos (controlados por cargos públicos totalmente dependientes de partidos) o privados (financiados por empresas relacionadas con un determinado partido político).
6. Listas cerradas y bloqueadas, salvo al Senado.
7. Modelo de reclutamiento orgánico que premia la adulación, como antes señalábamos.
8. Endogamia laboral.
9. El escaso funcionamiento democrático interno en la mayoría de estas fuerzas, en las que impera el “dedazo”.
10. Patrimonialización institucional (Justicia, TC, CIS, radiotelevisiones públicas, Senado, fundaciones, chiringuitos…).
11. Despilfarro de gasto político.
12. Creación de un sistema electoral a la medida de los grandes partidos, donde prima absolutamente la competencia desleal contra las formaciones minoritarias y donde los ciudadanos independientes son casi inexistentes.
13. Normalización de los cotos privados. Nos referimos a la existencia de cargos públicos que, en su práctica totalidad, están vinculados a partidos políticos. Ello limita las oportunidades de acceso de acceso al Parlamento y al Ejecutivo de personas físicas de la sociedad civil -muchas de ellas, brillantes- ajenas a los partidos políticos.
14. La distancia entre las cúpulas y los ciudadanos. Incluso a pesar de estar en la era digital, el contacto entre estas élites y la sociedad civil es muy burocrático o inexistente más allá del ámbito municipal.
Por supuesto que aquí reconocemos que no todos los partidos ni todos los políticos son iguales, así como admitimos el derecho a existir de estas organizaciones más su utilidad desde el punto de vista filosófico-político (gestación de viejas y nuevas ideas) y psicosocial (oportunidad de ampliar el círculo de amistades). Tampoco negamos el derecho de los partidos a presentarse a elecciones -el mismo derecho aplicamos a las candidaturas independientes o a las agrupaciones de electores-. Simplemente, criticamos sus privilegios y malas prácticas.
Tampoco debemos olvidar que, desde el punto de vista jurídico, no dejan de ser organizaciones privadas sin ánimo de lucro, como lo son las ONG, asociaciones, sindicatos, la Iglesia católica o las organizaciones patronales. Estas no intervienen directamente en la vida institucional y la sociedad funciona igualmente.
De esta manera, trabajar temporalmente en una corporación local o en un parlamento se puede ejercer perfectamente sin apadrinamiento partidista: simplemente, cumpliendo los requisitos técnicos para presentarse en una lista. Por su parte, con los cargos ejecutivos ocurre más de lo mismo. Supongamos que se abriese un proceso selectivo abierto a la ciudadanía (para nombrar cargos públicos) y que la persona nombrada fuese de confianza de su superior y que estuviese ética y técnicamente cualificada: pues la actuación de los partidos políticos se vuelve absolutamente prescindible.
Pero tenemos tan institucionalizados en nuestra mente a los partidos políticos que hasta nos olvidamos que la propia legislación española recoge las agrupaciones de electorales, el nombramiento de cualquier ciudadano para puestos ejecutivos o las oposiciones como forma de acceso a la carrera judicial y para parte de la administración civil del Estado. En otras palabras, los dirigentes de los partidos se aprovechan de su poder e influencia para ocupar, con fines arribistas, espacios públicos que ni el propio ordenamiento jurídico les reconoce directamente a nivel profesional. Es decir, estamos ante una sociedad civil colonizada, en términos psicológico-políticos, por las castas partidistas. @mundiario
