El Gobierno no quiere que el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del Defensor del Pueblo sobre la conocida como Ley de Nietos se interprete como una validación definitiva de la suspensión del voto a los españoles nacionalizados que viven en el extranjero. Moncloa ha expresado su “respeto” por la decisión del Pleno, pero ha insistido en que el fallo se limita a una cuestión procesal, porque el máximo órgano de garantías considera que todavía no se ha agotado la vía judicial abierta ante el Tribunal Supremo.
La posición del Ejecutivo es, por tanto, que la batalla jurídica continúa. El Gobierno sostiene que el fallo del tribunal de garantías no entra en el fondo de la controversia y recuerda que tampoco lo ha hecho todavía el Supremo. Desde La Moncloa insisten en que todos los ciudadanos españoles deben conservar sus derechos electorales en condiciones de igualdad.
“El Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia”, han señalado fuentes de Moncloa. “No puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”, añaden desde el Ejecutivo.
El Constitucional ha rechazado por diez votos a dos el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar acordada por el Supremo. La mayoría considera que el recurso era “prematuro” porque el procedimiento ordinario sigue abierto y los afectados todavía pueden presentar alegaciones ante el alto tribunal.
La decisión deja intacta, de momento, la situación creada por el Supremo. Pero no significa que el Constitucional haya establecido que los españoles afectados carezcan de derecho a votar. El tribunal no ha resuelto si la suspensión cautelar es constitucional o no. Simplemente ha considerado que no puede entrar todavía en esa cuestión mientras exista una vía judicial ordinaria pendiente. “La decisión del Pleno del órgano de garantías constitucionales se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión, como no lo ha hecho tampoco el Supremo”, señalan fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno cuestiona una suspensión masiva mediante una cautelar
La controversia vuelve ahora al Supremo, que deberá valorar las alegaciones de los afectados y la información que aporten las administraciones antes de adoptar nuevas decisiones sobre las medidas cautelares. El Ejecutivo considera especialmente problemática la dimensión de la medida adoptada por el Supremo. La controversia afecta a 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática que residen fuera de España y cuya situación electoral ha quedado condicionada por la interpretación judicial de las vías utilizadas para acceder a la nacionalidad.
La cuestión no afecta a la nacionalidad española en sí misma, sino a los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El Supremo estableció cautelarmente que quienes hubieran accedido a la nacionalidad mediante la instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que presumía la condición de exiliado no podrían ejercer el voto mientras se aclara el alcance de esa normativa.
Para el Gobierno, sin embargo, la dimensión de la medida exige extremar las garantías. “Confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado”, sostienen desde Moncloa.
El Ejecutivo coloca así el debate en el terreno de los derechos fundamentales. No cuestiona que los tribunales puedan revisar la legalidad de una actuación administrativa, pero defiende que una restricción general del sufragio debe contar con unas garantías especialmente exigentes.
Gabilondo mantiene su preocupación
El Defensor del Pueblo también ha respetado formalmente la decisión del Constitucional, aunque ha expresado su preocupación por las consecuencias prácticas de la suspensión. La institución dirigida por Ángel Gabilondo recuerda que acudió al tribunal de garantías precisamente por la proximidad de las elecciones y porque consideraba que los autos del Supremo, confirmados el 12 de octubre, podían producir efectos irreversibles en la práctica para ciudadanos que, por los plazos del proceso electoral, podrían quedar sin capacidad efectiva de votar el 29-N.
El Defensor había solicitado medidas cautelarísimas para proteger derechos fundamentales como el sufragio y la igualdad. Su argumento era que esperar a que concluyera toda la vía judicial ordinaria podía hacer que una eventual reparación llegase demasiado tarde, una sentencia favorable después de las elecciones no permitiría recuperar el voto que un ciudadano no hubiera podido ejercer el 29 de noviembre.
Gabilondo ha defendido además que su actuación estaba expresamente amparada por la Constitución y por la ley que regula la institución. El artículo 162.1.b de la Carta Magna permite al Defensor del Pueblo interponer recurso de amparo, mientras que su ley orgánica le encomienda la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.
La Junta Electoral ya había enviado la documentación del CERA
El problema adquiere una dimensión práctica por la cercanía de las elecciones. La Junta Electoral Central (JEC) ordenó preparar el envío de la documentación electoral a los 2,7 millones de españoles inscritos en el CERA, aunque la situación de una parte de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática esté pendiente de resolución.
El envío de la documentación, por tanto, no significa necesariamente que todos sus destinatarios puedan votar. La clave está en determinar quién queda afectado por la suspensión cautelar del Supremo y quién puede acreditar que cumple los requisitos fijados por el alto tribunal.
Esta situación introduce una dificultad adicional para la Administración electoral y para la red consular española. El problema consiste en identificar a tiempo qué ciudadanos obtuvieron la nacionalidad acreditando las circunstancias de exilio exigidas por la ley y cuáles se beneficiaron de la presunción establecida por la instrucción de 2022. @mundiario
