El pasado político de Jordi de la Fuente amenaza con convertirse en uno de los principales focos de controversia de Vox ante las elecciones del 29 de noviembre. El dirigente ultra, elegido cabeza de lista de la formación por Tarragona, tiene previsto sentarse en el banquillo en julio de 2027 por su presunta participación en el asalto a un centro de menores extranjeros no acompañados en El Masnou (Barcelona). La Fiscalía solicita para él dos años y dos meses de prisión por un delito de incitación al odio, además de otras penas que podrían comprometer su futuro político si recayera una condena.
El procedimiento judicial se remonta a julio de 2019, cuando una concentración contra la presencia de menores migrantes en el albergue de El Masnou derivó en un episodio violento que dejó cuatro heridos. La elección de De la Fuente como candidato parlamentario añade ahora una dimensión política a una causa que lleva años pendiente de resolución.
Una causa judicial que puede alterar sus planes políticos
La Fiscalía sostiene que De la Fuente participó en una movilización en la que se profirieron amenazas e insultos racistas y que, posteriormente, encabezó un grupo que se dirigió al centro de menores. Según la acusación, los hechos se produjeron en un contexto de hostilidad contra los jóvenes migrantes, alimentado también por mensajes difundidos en las redes sociales.
El Ministerio Público atribuye al dirigente de Vox un delito relacionado con la incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional. Además de la pena de prisión, reclama nueve meses de multa, cinco años de inhabilitación especial para actividades profesionales relacionadas con menores y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue.
La situación plantea una cuestión que va más allá de la trayectoria individual del candidato: la relación entre los tiempos de la justicia y los de la política. Si De la Fuente obtiene un escaño en el Congreso, el procedimiento podría trasladarse al Tribunal Supremo por su condición de diputado, con la correspondiente solicitud de suplicatorio a la Cámara para poder continuar el proceso penal.
Este posible cambio de órgano judicial introduce incertidumbre en un caso que todavía no ha llegado a juicio casi ocho años después de los acontecimientos. La causa, por tanto, podría coincidir con el inicio de una nueva legislatura y quedar condicionada por los trámites necesarios para juzgar a un parlamentario.
De un entorno neonazi a la dirección de Solidaridad
La candidatura de De la Fuente también reabre el debate sobre los perfiles que Vox incorpora a sus listas. El dirigente, concejal en Sant Adrià de Besòs y representante de la formación en la Diputación de Barcelona, no cuenta con una vinculación conocida con Tarragona, pese a encabezar la candidatura por esta provincia.
Su trayectoria política incluye su paso por el Movimiento Social Republicano (MSR), una organización de extrema derecha, y por Plataforma per Catalunya (PxCat), formación de carácter xenófobo en la que ocupó responsabilidades de organización. En 2019 entró en Vox, donde consolidó su relación con dirigentes de la estructura catalana del partido.
En marzo de 2025, Santiago Abascal respaldó su nombramiento como secretario general de Solidaridad, el sindicato vinculado a Vox. La decisión ya había generado polémica por los antecedentes políticos de De la Fuente y sus antiguas posiciones ideológicas.
Entre los aspectos más controvertidos de su pasado figuran su admiración por el ideólogo ruso Alexander Duguin y su colaboración con medios vinculados al Kremlin, en los que defendió la posición de Rusia tras la anexión de Crimea en 2014. También ha recibido críticas por sus antiguas afinidades con Hezbolá y por declaraciones antisemitas que organizaciones defensoras de los intereses de Israel han cuestionado públicamente.
Las listas electorales vuelven a evidenciar las tensiones internas de Vox
El caso de Tarragona destaca entre los cambios y las continuidades de las candidaturas del partido para los comicios del 29 de noviembre. La formación mantiene buena parte de sus perfiles habituales, aunque algunas salidas y modificaciones de puestos reflejan diferencias internas sobre cuestiones ideológicas y estrategias electorales.
Una de las bajas más relevantes es la de Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Murcia y representante del sector más contrario al aborto. Su sustitución por Joaquín Robles ha reavivado el debate sobre los límites de la posición de Vox en materia de interrupción voluntaria del embarazo, después de que Robles defendiera una regulación que permitiría abortar en determinados supuestos.
En Baleares, Jorge Campos ha quedado fuera de la candidatura, en un contexto de tensiones internas dentro de la organización. En Valencia, Carlos Flores ha cedido el primer puesto a Ignacio Gil Lázaro y ha pasado a la tercera posición. Por Alicante, José María Sánchez García también retrocede un puesto, aunque las previsiones electorales apuntan a que podría conservar su escaño.
El impacto electoral de una candidatura bajo sospecha judicial
Vox nunca ha conseguido un diputado por Tarragona en el Congreso, pero los sondeos apuntan a que podría obtener uno de los seis escaños que se disputan en la provincia. Si las previsiones se cumplen, De la Fuente podría acceder a la Cámara baja mientras afronta una causa penal relacionada con unos hechos de extrema gravedad.
La diferencia entre una acusación y una condena resulta esencial: el dirigente no ha sido juzgado por este procedimiento y deberá defenderse ante los tribunales. Sin embargo, la proximidad entre su posible entrada en el Congreso y el juicio previsto convierte su candidatura en un asunto con consecuencias que trascienden la campaña electoral.
El desenlace judicial determinará las responsabilidades penales que puedan acreditarse, mientras que su designación plantea preguntas sobre los criterios con los que los partidos seleccionan a sus representantes. Para Vox, el resultado electoral en Tarragona podría abrir la puerta a un nuevo escaño, pero también situar a uno de sus candidatos en el centro de una controversia judicial que lleva años sin resolverse. @mundiario
