Tijuana, BC.-Los lineamientos del Plan B de reforma constitucional en materia electoral fueron presentados hoy en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y propone entre las modificaciones, reducir los gastos en congresos locales, reducir regidurías y ajustar salarios.
El Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), señaló que Baja California fue retomada como referencia nacional porque mantiene el congreso local más costoso del país, con diferencias presupuestales marcadas frente a otras legislaturas estatales.
Añadió que entre entidades persisten diferencias en salarios y recursos legislativos, por lo que la propuesta busca ajustar gastos administrativos vinculados a representación pública local.
Te puede interesar: En Zona Dorada de TJ piden presencia policíaca y del personal de Inspección
Ingresos superiores al salario presidencial
Expuso que la propuesta también alcanza a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), donde algunos consejeros mantienen ingresos superiores al salario presidencial en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México.
También se plantea reducir regidurías y establecer un máximo de 15 integrantes, debido a que actualmente varios municipios mantienen estructuras superiores en representación local, agregó.
Espinoza Valle indicó que esa reducción busca racionalizar recursos municipales, porque el número de regidores también genera diferencias presupuestales importantes entre ayuntamientos del país.
Recordó que el Plan A no avanzó porque faltaron votos aliados, pese a que Morena, Partido del Trabajo (PT) y PVEM mantenían mayoría legislativa suficiente en ambas cámaras federales.
Generaron resistencia política
Añadió que el nuevo planteamiento deja fuera la reducción de prerrogativas partidistas y cambios inmediatos en diputaciones plurinominales, puntos que generaron resistencia política.
La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez aseguró en la conferencia de prensa, que la iniciativa parte de disminuir privilegios institucionales y ampliar derechos democráticos dentro del funcionamiento general del sistema electoral.
Expuso que el planteamiento busca fortalecer mecanismos de participación ciudadana en decisiones vinculadas a representación pública.
