Grecia ha decidido intervenir de forma directa en el acceso de los menores a las redes sociales. El Parlamento ha aprobado una ley que prohibirá a los menores de 15 años utilizar las plataformas incluidas en su ámbito de aplicación desde el 1 de enero de 2027. La iniciativa, impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, pretende reducir los riesgos asociados al uso intensivo de las aplicaciones digitales y obligar a las empresas tecnológicas a impedir que los niños eludan el límite de edad.
La medida sitúa a Grecia en el centro de un debate que se extiende por Europa: hasta dónde pueden llegar los Estados para proteger a los menores en internet sin restringir de manera desproporcionada su libertad de expresión, su acceso a la información y su vida social. El Ejecutivo defiende que las familias no pueden enfrentarse solas a plataformas diseñadas para captar y prolongar la atención de sus usuarios. La oposición, por su parte, cuestiona la eficacia de una prohibición general y advierte de los riesgos asociados a los sistemas de verificación de edad.
La entrada en vigor está prevista para comienzos de 2027, pero sus consecuencias dependerán de cómo se aplique la norma, de qué servicios queden incluidos y de la capacidad de las plataformas para comprobar la edad de sus usuarios sin recopilar información personal innecesaria.
La legislación establece que, a partir del 1 de enero, los menores de 15 años no podrán acceder a las redes sociales afectadas por la restricción. Este límite no se aplicará únicamente a las cuentas que se abran después de esa fecha, sino que las plataformas también deberán comprobar la edad de quienes ya tengan un perfil activo. Esto significa que el hecho de disponer de una cuenta desde hace varios años no garantizará que un menor pueda seguir utilizándola, obligando a las empresas a adaptar sus sistemas para identificar a los usuarios que no cumplan con la edad mínima e impedirles el acceso a los servicios cubiertos por la nueva ley.
La norma no supone una prohibición general de internet. Su objetivo es restringir el acceso a determinadas plataformas sociales, especialmente aquellas cuyo funcionamiento se basa en la interacción continua, las recomendaciones algorítmicas y el desplazamiento interminable por publicaciones o vídeos. Instagram y TikTok son ejemplos de los servicios que se sitúan en el centro del debate, aunque el alcance jurídico concreto dependerá de la definición de plataforma incluida en la legislación y de su aplicación.
Según la información facilitada sobre el texto, las aplicaciones de mensajería privada, como WhatsApp y Messenger, así como determinadas plataformas educativas y de vídeo, entre ellas YouTube, quedarían excluidas. Esta distinción es relevante porque muestra que el objetivo no es impedir que los menores utilicen cualquier servicio digital, sino limitar su presencia en redes sociales específicas. La clasificación de los servicios y las posibles excepciones serán determinantes para evitar interpretaciones contradictorias.
Las plataformas deberán verificar la edad de sus usuarios
Uno de los elementos centrales de la ley es que la responsabilidad técnica recaerá directamente en las empresas tecnológicas. Por ello, el Gobierno ha advertido a las plataformas que deben preparar sistemas fiables de verificación de edad y garantizar que estos respeten la privacidad de los usuarios. Al respecto, el ministro griego de Gobernanza Digital, Dimitris Papastergiou, señaló que las compañías podrán utilizar herramientas estatales como Gov.gr Wallet o Kids Wallet, aunque no estarán obligadas a adoptar exclusivamente estas soluciones; también dispondrán de la libertad de desarrollar sus propios mecanismos para comprobar si un usuario alcanza la edad mínima requerida.
Kids Wallet ya funciona en Grecia como herramienta de supervisión digital para las familias. En el marco de la nueva legislación, podría servir para confirmar si una persona tiene al menos 15 años sin transmitir necesariamente su nombre completo o su fecha de nacimiento exacta a cada plataforma.
El modelo descrito por el Gobierno se basa en proporcionar una respuesta limitada: si el usuario cumple o no el requisito de edad. Según Papastergiou, la aplicación no rastrea las páginas que visita ni los mensajes que intercambia y no necesita comunicar su fecha de nacimiento a los servicios que realizan la comprobación.
La propuesta intenta resolver uno de los principales problemas de la verificación de edad: demostrar que una persona cumple un requisito legal sin crear una base de datos adicional sobre sus hábitos digitales. Sin embargo, el resultado dependerá de la implementación técnica, de la información que efectivamente se comparta y de las garantías de auditoría y seguridad. Un sistema diseñado para proteger la privacidad debe demostrar también que no permite usos secundarios de los datos ni genera nuevas vulnerabilidades.
La ley griega no contempla multas ni sanciones para los padres en caso de que un menor consiga eludir las restricciones, ya que el enfoque del Ejecutivo consiste en trasladar la responsabilidad del cumplimiento directamente a las plataformas en lugar de castigar a las familias por cada infracción individual. Esta decisión responde a una cuestión puramente práctica: los menores pueden recurrir a cuentas alternativas, falsear su edad o utilizar diversos mecanismos para sortear los controles. Por lo tanto, si el sistema dependiera únicamente de la vigilancia familiar, la aplicación de la norma resultaría desigual y sumamente difícil de supervisar.
Al atribuir a las empresas la obligación de verificar la edad, el Gobierno pretende que la protección no dependa exclusivamente de la capacidad de cada padre o madre para controlar el uso del teléfono. Mitsotakis ha defendido este planteamiento al señalar que las familias tienen dificultades para competir con algoritmos diseñados para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos.
El primer ministro ha advertido de que el llamado scrolling infinito puede perjudicar el sueño y la concentración de los menores. La preocupación se relaciona con el diseño de las plataformas, las recomendaciones automatizadas y la exposición prolongada a contenidos que pueden reforzar patrones de uso compulsivo.
No obstante, la prohibición plantea interrogantes sobre su aplicación cotidiana. La eficacia dependerá de la capacidad de las plataformas para detectar intentos de elusión, de la cooperación entre empresas y autoridades y de la existencia de procedimientos claros para corregir errores. También será importante determinar qué mecanismos de reclamación tendrán los usuarios cuando un sistema los identifique equivocadamente como menores.
Una votación que refleja la división política griega
La aprobación de la ley ha evidenciado un desacuerdo significativo entre el Gobierno y la oposición. Nueva Democracia, la formación de Mitsotakis, fue la única que respaldó el texto durante toda su tramitación, mientras que el Partido Comunista de Grecia y la izquierda radical de Rumbo a la Libertad (Plefsi Eleftherias) se opusieron desde el comienzo. A este rechazo se sumaron la izquierda populista de Syriza y la extrema derecha de Solución Helénica y de Niki en la votación definitiva; por su parte, los socialistas del Pasok optaron finalmente por la abstención.
Las críticas se concentran en la amplitud de la restricción, la falta de garantías científicas que, a juicio de sus detractores, justificarían una prohibición general y los posibles problemas de privacidad asociados a la verificación de edad. Algunos críticos consideran que sería preferible imponer obligaciones más estrictas a las plataformas para limitar los mecanismos adictivos, mejorar la moderación de contenidos y ofrecer herramientas de protección adaptadas a los menores, en lugar de excluirlos de determinadas redes.
El ministro de Estado, Akis Skertsos, ha defendido que la norma es necesaria, proporcionada y compatible con el Derecho comunitario. El Ejecutivo sostiene que la intervención responde a una obligación de proteger la salud y la seguridad de los menores. La oposición, sin embargo, cuestiona tanto el procedimiento como el alcance de la medida y ha planteado dudas sobre si el Gobierno se adelanta a una regulación europea todavía en desarrollo.
El Gobierno griego ha insistido en que una respuesta europea facilitaría la aplicación de los límites de edad, por lo que el ministro Papastergiou señaló que Grecia ya participa en el desarrollo de una solución digital común junto con Chipre, Francia, Irlanda, Italia, España y Dinamarca. Esta coordinación resulta especialmente importante debido a que las plataformas operan en numerosos países utilizando infraestructuras tecnológicas compartidas; de lo contrario, si cada Estado establece sistemas incompatibles, las empresas enfrentarían requisitos fragmentados y los menores podrían encontrar vías para eludir las restricciones simplemente cambiando de servicio o de configuración.
Una solución europea podría establecer criterios comunes de verificación y protección de datos, aunque todavía sería necesario definir cómo se armonizarían las obligaciones legales, las excepciones y los mecanismos de supervisión. La compatibilidad con la normativa comunitaria será una cuestión esencial para la aplicación de la ley griega.
La experiencia de otros países también servirá de referencia. Francia aprobó una iniciativa similar, pero la medida mencionada en la información facilitada fue anulada por el Tribunal Constitucional francés al considerar desproporcionada la restricción de la libertad de expresión. Ese precedente muestra que el objetivo de proteger a los menores no elimina la obligación de justificar la necesidad y proporcionalidad de las limitaciones. @mundiario
