La polémica por el voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la conocida como ley de nietos suma un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo ha puesto fecha límite al Gobierno para que entregue los nombres de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar de su derecho al sufragio, una medida que amenaza con dejar a miles de ciudadanos fuera de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, disponen hasta las 15.00 horas del 28 de octubre para remitir la información solicitada. Si no cumplen el requerimiento, el tribunal contempla la posibilidad de imponer multas y de exigir responsabilidades penales.
La exigencia judicial llega después de que la Administración no haya facilitado la relación nominal completa, pese a conocer la identidad de las personas cuyos expedientes de nacionalidad ha tramitado. Para los magistrados, esa información resulta esencial para determinar quiénes están afectados por la suspensión y permitir que se aclare su situación antes de los comicios.
El margen de tiempo es reducido. Las elecciones están convocadas para el 29 de noviembre y el censo electoral que se utilizará en la votación ya tiene una fecha de cierre establecida. Por eso, la disputa administrativa y judicial puede tener consecuencias directas para miles de españoles residentes en el extranjero.
Solo se han expedido 91 certificados tras revisar más de 31.000 expedientes
Uno de los datos que más preocupación genera es el ritmo de revisión de los casos. Según la documentación aportada por la Abogacía del Estado al Supremo, hasta el 21 de octubre se habían examinado 31.390 expedientes, pero únicamente se habían expedido 91 certificados consulares para acreditar que los solicitantes eran descendientes de españoles exiliados.
Estos documentos son importantes porque constituyen una de las vías previstas para que las personas afectadas puedan ejercer su derecho al voto pese a la suspensión cautelar. Los consulados deben certificar que sus padres o abuelos sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con la orientación sexual, en los términos contemplados por la resolución judicial.
La diferencia entre el número de expedientes revisados y los certificados emitidos evidencia las dificultades del procedimiento. Además, la exigencia de comprobar la situación individual de cada solicitante añade presión a unos servicios consulares que deben resolver las gestiones en un plazo muy limitado.
El Supremo considera difícil de justificar que el Gobierno no haya entregado la lista de afectados cuando la propia Administración dispone de los datos de las personas que han solicitado y obtenido la nacionalidad. Por ello, reclama la información con carácter urgente y advierte de que la falta de actuación administrativa podría impedir que ciudadanos con derecho a votar lleguen a ejercerlo.
¿Por qué el Supremo ha suspendido el voto de los nacionalizados por la ley de nietos?
La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles exiliados pudieran obtener la nacionalidad española.
El problema surgió a raíz de una instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la interpretación de los supuestos de acceso a la nacionalidad. Según esa instrucción, se presumía la condición de exiliados de determinados españoles que abandonaron el país entre julio de 1936 y diciembre de 1955.
El Tribunal Supremo considera que esa interpretación no se ajusta a lo establecido por la ley. A petición de Vox e Iustitia Europa, acordó en septiembre suspender cautelarmente el derecho al voto de los afectados mientras se aclara la situación.
Posteriormente, el alto tribunal rechazó levantar la medida de cara a las elecciones del 29 de noviembre. No obstante, dejó abierta una excepción: las personas que acrediten mediante un certificado consular que cumplen las condiciones exigidas para ser consideradas descendientes de exiliados podrán votar.
Una polémica con consecuencias para miles de españoles en el extranjero
La exigencia de entregar los nombres pretende aclarar quiénes están afectados por la medida y facilitar que las autoridades electorales dispongan de información precisa. El tribunal también ha reprochado a la Administración que no haya aportado hasta ahora el desglose solicitado entre las distintas vías por las que se concedió la nacionalidad.
Mientras tanto, las personas afectadas se enfrentan a la incertidumbre sobre su participación en las próximas elecciones. Para quienes viven fuera de España, la tramitación consular y los plazos administrativos pueden resultar decisivos: sin la acreditación exigida, la nacionalidad por sí sola no garantiza que puedan votar en estos comicios.
La controversia también ha adquirido una dimensión política. El Gobierno ha defendido el derecho de los nuevos ciudadanos españoles a participar en las elecciones, mientras que Vox e Iustitia Europa cuestionan la interpretación que permitió conceder parte de esas nacionalidades.
Con la fecha límite del 28 de octubre cada vez más cerca, la respuesta del Ejecutivo será determinante para conocer el alcance de la revisión y las posibilidades reales de resolver los casos pendientes. El Supremo ha dejado claro que exige la lista completa y que el incumplimiento puede tener consecuencias. Para los 163.020 afectados, el desenlace determinará si pueden superar los obstáculos administrativos y judiciales para ejercer su derecho al voto el próximo 29 de noviembre. @mundiario
