De acuerdo con diversas notas publicadas esta semana, un grupo de senadores tiene lista una nueva iniciativa de Ley General para Regular y Fomentar el uso de la Inteligencia Artificial en México, que se discutirá en el Senado en los próximos días. A diferencia de la mayoría de las iniciativas que se han presentado en dicha materia, ésta tiene una relevancia particular, pues ha sido redactada con el supuesto consenso de legisladores de diversos partidos, incluyendo tanto a Morena y aliados, como a los partidos de oposición. De ser así, la iniciativa tendría altas probabilidades de ser aprobada en el corto plazo.
Aunque a la fecha de redacción de esta colaboración, no se ha publicado un texto oficial y actualizado de la iniciativa, el senador del PRI, Rolando Zapata, ha admitido su existencia y próxima presentación, y la periodista Leticia Robles de la Rosa ha publicado diversos extractos literales de la nueva propuesta que, de ser precisos, levantan muchas preocupaciones, específicamente por los riesgos que implica para la libertad de expresión.
Para empezar, la iniciativa prevé una nueva generación de derechos, que los legisladores han denominado “neuroderechos”. Como todo buen abogado sabe, la creación legislativa de nuevos derechos siempre lleva implícita la imposición de nuevas obligaciones para terceros. Dicho de otra forma, por cada nuevo derecho que se incorpora en una ley, siempre habrá una persona, grupo de personas o incluso el Estado que deberá adaptar su conducta, para que ese nuevo derecho se respete. Esta adaptación puede consistir en una obligación de hacer algo, o de abstenerse de actos que antes le estaban permitidos.
Así, toda creatividad legislativa que amplíe los derechos de un grupo de personas, debe ser revisada con un estándar reforzado para verificar si las nuevas obligaciones o restricciones aparejadas son razonables y constitucionales. Cuanto más abstracta o ambigua parezca la nueva parrilla de derechos, mayor debe ser la suspicacia pública de su impacto negativo, o incluso, de una intención oculta o paralela por parte de los legisladores.
De acuerdo con Robles de la Rosa, los nuevos neuroderechos incluyen la “continuidad psicológica; privacidad mental; integridad cognitiva y protección frente a inferencias no consentidas; autonomía de la voluntad; equidad y no manipulación neurotecnológica indebida” y, para protegerlos, en la iniciativa se prohíbe y sanciona el empleo de Inteligencia Artificial “para manipulación cognitiva, política, electoral o social con fines ilícitos o contrarios a los principios democráticos”. Considerando que nuestra actual legislatura se ha valido de toda clase de pretextos subjetivos para intentar censurar las críticas al oficialismo, no sorprende en absoluto que los “neuroderechos” se hayan redactado con ese grado de ambigüedad, pues tal como se anuncian, con un mínimo esfuerzo interpretativo, prácticamente cualquier contenido generado con IA podría considerarse como una “inferencia no consentida” en la “continuidad psicológica” de alguien, que permitiría sancionar o censurar el contenido. Lo único que sorprende es que la iniciativa no provenga de Morena, sino que tenga el aval y coautoría de la oposición.
Eso sí, según los adelantos de Robles de la Rosa, nuestros legisladores tuvieron el cuidado de aclarar que no se considerarán como manipulación política o electoral, “las actividades de comunicación política”, es decir, que los partidos políticos no pueden ser sancionados por manipulación política, pero los particulares sí. La iniciativa invierte los roles de un Estado liberal, donde el debate público debería tener restricciones mínimas, mientras que la comunicación de las autoridades y los partidos debería quedar sometida a una regulación más estricta. Y pensar que, según el senador Zapata, los legisladores invirtieron 16 meses de trabajo para crear este modelo innovador. Esperemos que la ola de reacciones que desató el anuncio de la iniciativa sirva para que los legisladores revisen y rectifiquen su alcance.