La ampliación del metro de Lisboa, una infraestructura clave para la movilidad de la capital portuguesa, ha acabado convertida en algo más que una obra pública: es el último episodio de una creciente pugna entre Europa y China por las reglas del juego económico. La Comisión Europea ha decidido intervenir y vetar, en la práctica, la participación de un fabricante ferroviario chino en el concurso, al considerar que competía con ventaja gracias a subvenciones estatales.
La decisión marca un precedente relevante en la aplicación del reglamento europeo sobre subsidios extranjeros, una herramienta relativamente nueva que busca blindar el mercado único frente a prácticas consideradas desleales. Aunque el proceso no ha terminado con la expulsión total del consorcio implicado, sí ha obligado a una reconfiguración profunda de su oferta.
De acuerdo con EL PAÍS, el núcleo del conflicto reside en la participación de la empresa china CRRC Tangshan dentro del consorcio Mota-Engil. Según Bruselas, existían indicios sólidos de que el fabricante había recibido ayudas públicas de su país de origen que le permitían presentar una oferta más competitiva de lo que permitirían las reglas del mercado europeo. En otras palabras, no competía en igualdad de condiciones.
La Comisión abrió una investigación en profundidad en noviembre tras detectar estas anomalías. Su conclusión preliminar fue clara: las subvenciones extranjeras estaban distorsionando el concurso público. Ante ese escenario, el consorcio optó por una solución pragmática: sustituir al socio chino por la empresa polaca PESA. Este movimiento ha permitido desbloquear el proceso y evitar una exclusión más drástica.
Una normativa diseñada con un destinatario implícito
Aunque el reglamento europeo sobre subsidios extranjeros no menciona países concretos, su razón de ser apunta de forma evidente hacia China. Bruselas lleva años denunciando prácticas que considera incompatibles con la competencia justa, desde ayudas directas hasta ventajas regulatorias o control de cadenas de suministro.
El caso de Lisboa encaja perfectamente en ese patrón. No se trata solo de una obra de transporte urbano, sino de un símbolo de cómo Europa está dispuesta a utilizar todas sus herramientas regulatorias para frenar la influencia económica de Pekín en sectores estratégicos.
Este endurecimiento no surge en el vacío. En los últimos años, la Unión Europea ha acumulado tensiones con China en múltiples frentes, especialmente en industrias como el automóvil eléctrico o las energías renovables. La preocupación de fondo es siempre la misma: la sobrecapacidad industrial china, alimentada por el apoyo estatal, que acaba presionando a la baja los precios y desplazando a los competidores europeos.
De Lisboa a Bulgaria: un patrón que se repite
El episodio portugués no es un caso aislado. A comienzos de 2024, Bruselas ya intervino en un concurso ferroviario en Bulgaria, donde otra empresa del mismo grupo chino acabó retirándose ante la presión regulatoria. La diferencia clave es que, en aquel caso, el proceso terminó sin resolución formal, mientras que en Lisboa sí se ha alcanzado un desenlace mediante compromisos.
Este matiz es importante porque revela la flexibilidad —y también la contundencia— del nuevo marco legal europeo. La Comisión puede optar por bloquear operaciones, vetar participaciones o, como en este caso, forzar cambios que restablezcan el equilibrio competitivo.
Más allá del caso concreto, la decisión envía un mensaje claro al resto del mundo: el acceso al mercado europeo ya no depende únicamente del precio o la capacidad técnica. También exige cumplir con unas reglas de competencia que Bruselas está dispuesta a hacer valer.
Para las empresas extranjeras, especialmente aquellas respaldadas por Estados con fuerte intervención económica, el aviso es inequívoco. Europa vigilará no solo lo que ofrecen, sino cómo lo hacen. @mundiario