La democracia es una construcción colectiva que requiere de la voluntad inquebrantable de los ciudadanos organizados. En el tejido de una nación sana, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) actúan como los vasos comunicantes que llevan vida, justicia y esperanza allí donde el alcance de las instituciones no logra llegar. Ignorar su relevancia es renunciar al futuro. Defenderlas es, en esencia, defendernos a nosotros mismos.
Resulta desolador observar cómo, a partir de 2019, en México se ha erigido una política de desconfianza que busca desarticular el esfuerzo ciudadano. El Estado, en una decisión que carece de visión social, ha implementado un retiro acelerado de apoyos públicos que asfixia la operatividad de miles de causas. Las cifras hablan con la elocuencia del abandono: los recursos destinados a estas organizaciones sufrieron un recorte drástico del 81 por ciento, pasando de una presencia histórica en el presupuesto a una cifra casi simbólica.
Esta deliberada estrategia de debilitamiento no solo es económica; es también administrativa. Se ha impuesto un muro de trámites fiscales y controles punitivos que, lejos de buscar la transparencia, parecen diseñados para desalentar la participación. Cuando el Estado convierte la burocracia en una trampa, no está vigilando la legalidad, está encarcelando la generosidad ciudadana. La creación de nuevas organizaciones se ha frenado, no por falta de ganas de ayudar, sino por el peso de un sistema que sospecha de la libertad y de la solidaridad.
Es precisamente en el vacío, donde surge la grandeza de la sociedad organizada. Mientras las estructuras gubernamentales pierden capilaridad o se ven superadas por la realidad, las organizaciones civiles se mantienen en la primera línea de batalla.
Son ellas que apoyan a madres y padres de niños con cáncer.
Son ellas quienes acompañan a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en tierras de nadie.
Son ellas quienes ofrecen refugio y consuelo a las mujeres que huyen de la violencia más atroz.
Son ellas quienes alimentan al migrante y protegen el entorno natural frente a la voracidad de los megaproyectos.
Las OSC no son entes ajenos; son el capital social de México. Funcionan como escuelas de civismo y laboratorios de soluciones. En cada comedor comunitario, en cada albergue para mujeres y en cada brigada de búsqueda, se está supliendo una ausencia institucional que el Estado, por sí solo, no ha podido (o no ha querido) llenar. Su labor subsidiaria es el último aliento de dignidad en comunidades olvidadas.
Sin embargo, el costo de este compromiso ha sido altísimo. No solo se les persigue con el látigo del presupuesto, sino también con la narrativa del desprestigio. Desde el púlpito del poder, se ha señalado con sospecha el financiamiento internacional, calificando de "adversarios" a quienes simplemente exigen transparencia o justicia ambiental.
Este discurso de odio tiene consecuencias tangibles y dolorosas. Entre 2019 y 2023, casi un centenar de personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, y en una proporción alarmante, la sombra de la responsabilidad recae sobre funcionarios públicos. La impunidad, ese cáncer que carcome nuestro sistema judicial, permite que el 90 por ciento de estos crímenes queden sin castigo. Defender la vida en México se ha convertido en un acto de heroísmo que no debería exigir el martirio.
No podemos permitir que el espacio cívico se convierta en un páramo. La resiliencia de la sociedad civil ha sido ejemplar, pero la resistencia tiene un límite. Es urgente transitar de la confrontación a la colaboración mediante acciones concretas:
Establecer por ley que al menos el dos por ciento del gasto público se destine al fomento de las actividades de las OSC, asegurando su supervivencia y autonomía.
Crear un marco administrativo proporcional que incentive la donación y la participación, eliminando la discrecionalidad en la revocación de estatus fiscales.
Fortalecer con recursos y verdadera independencia a los mecanismos de protección para defensores y periodistas.
Fomentar la unión entre el sector privado, la academia y la cooperación internacional para blindar el espacio cívico frente a tentaciones autoritarias.
La fortaleza de una nación no se mide por la concentración del poder en unas pocas manos, sino por la vitalidad de su gente organizada. El México que anhelamos (justo, incluyente y en paz) solo será posible si entendemos que el gobierno y la sociedad civil deben caminar juntos, no en una relación de sumisión, sino de corresponsabilidad.
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