Por años —veinticinco, para ser precisa— milité en el Partido de la Revolución Democrática. No lo
hice desde una lógica instrumental, sino desde una convicción: la política, para ser democrática,
debía anclarse en la construcción de base social, en la formación de ciudadanía y en una ética pública
capaz de sostener el poder sin vaciarlo de sentido. Esa experiencia no es un dato biográfico menor;
es el punto de observación desde el cual hoy leo lo que ocurre en Morena, particularmente en
Michoacán.
El PRD, como han documentado analistas como Lorenzo Meyer, surgió como una expresión histórica
de ruptura frente a un sistema político antidemocrático y cerrado. Durante un tiempo, logró articular
demandas sociales, identidades colectivas y un horizonte democrático compartido. Sin embargo, ese
impulso se fue diluyendo. La lógica de corrientes, la fragmentación interna y la sustitución del debate
político por la disputa de posiciones derivaron en un proceso de desgaste que la literatura ha descrito
como degradación institucional que terminó en la autofagia.
No se trata de una anécdota del pasado. Es, más bien, una advertencia analítica. Porque hoy, en
Morena, y a pocos años de su formación, comienzan a observarse signos que remiten a esa misma
trayectoria: una tensión creciente entre proyecto y poder, entre identidad y posicionamiento.
La inminente definición de la coordinación estatal en Michoacán —figura que anticipa la candidatura
al gobierno— condensa esa tensión. El método de selección mediante encuestas, que Morena ha
institucionalizado, se presenta como un mecanismo moderno, incluso democratizador. Y en efecto,
tiene ventajas operativas: introduce métricas, reduce la discrecionalidad y permite decisiones
rápidas en contextos de alta competencia.
Sin embargo, desde una mirada sociológica y de comunicación política, el problema no está en el
instrumento en sí, sino en su propósito de medición cuantitativa. Cuando los números se convierten
en el criterio dominante, lo cualitativo - las cualidades que le dan sentido a lo político- no cuentan
para la determinación de quien sería el o la mejor candidata. Lo medible, en este caso, —conviene
subrayarlo— no debería agotar lo significativo e importante que es la calidad de quien podría
gobernar el estado en los próximos años.
Las encuestas capturan niveles de conocimiento, intención de voto, posicionamiento mediático. Pero
no registran con la misma precisión la densidad ética de una trayectoria, la consistencia de un
liderazgo o su capacidad de articular comunidad. En términos de Giovanni Sartori, una democracia
no se sostiene únicamente en sus procedimientos, sino en la calidad de quienes compiten en ella. Y
como advertía Norberto Bobbio, las reglas son necesarias, pero insuficientes sin un contenido
normativo que les dé sentido.
Desde esta perspectiva, privilegiar el dato cuantitativo tiene implicaciones que van más allá de la
estrategia electoral. Sin embargo, sus riesgos son estructurales, ya que favorece perfiles mediáticos
sobre liderazgos con arraigo social o con cualidades personales importantes para el alcance de los
principios que dieron origen y sostienen a Morena.
En el mediano y largo plazo, sus efectos son más complejos. Se desplaza el eje de la construcción
política hacia la presencia mediática; se incentiva así la lógica del posicionamiento sobre la de la
eficacia, eficiencia, honestidad y cumplimento en la función pública. Se debilita la coherencia interna
del movimiento al relativizar sus principios en función de su rentabilidad electoral.
Dicho de otro modo: se gana en eficacia lo que se pierde en calidad ética y política.
Este desplazamiento no es exclusivo de Morena. Forma parte de una tendencia más amplia que la
teoría de partidos (Katz y Mair) ha descrito como organizaciones que, al centrarse en la competencia
electoral, se distancian progresivamente de la sociedad que dicen representar. El riesgo es claro: la
política se profesionaliza, pero se vacía; se vuelve eficiente, pero pierde sentido.
En este contexto, el discurso del “humanismo mexicano”, promovido por la presidencia de Claudia
Sheinbaum, introduce una exigencia adicional. No es sólo una narrativa; es un marco normativo que
remite, en última instancia, a la idea del bienestar colectivo como criterio de acción política, en la
tradición de Jeremy Bentham. Pero ese principio no se sostiene únicamente en los resultados;
requiere coherencia en los procesos.
Y es ahí donde Michoacán se vuelve un caso ilustrativo. La fragmentación interna de Morena no es
simplemente el reflejo de ambiciones individuales, sino la expresión de una pluralidad de proyectos
que coexisten sin una articulación clara. En términos sociológicos, podría decirse que el movimiento
enfrenta un proceso de diferenciación interna no resuelta: múltiples racionalidades políticas
operando bajo una misma estructura.
La pregunta, entonces, no es si el método de encuesta es válido o no, que sí lo es. La pregunta es
más profunda: ¿qué tipo de liderazgo se está produciendo cuando el criterio central es la
competitividad a través de la medición del conocimiento por la persona y no la consistencia
ideológica, ética y de resultados demostrables en el desempeño público?
Recuperar la dimensión cualitativa en la selección de candidaturas no implica abandonar la
racionalidad estratégica. Implica, más bien, reequilibrarla. Reconocer que no toda popularidad es
liderazgo, que no toda visibilidad es representación, y que no toda victoria electoral es,
necesariamente, un avance democrático.
En última instancia, lo que está en juego en la elección interna de Morena en Michoacán no es sólo
una candidatura. Es la definición del tipo de política que se quiere ejercer: una política orientada a
medir el poder o una orientada a construir legitimidad, y la consecución del “humanismo mexicano”.
Entre ambas, la diferencia no es técnica. Es, en sentido estricto, una diferencia de proyecto histórico.
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