“Las autoridades deben mentir, necesitan mentir…”, responde un amigo político pragmático respecto a recientes afirmaciones realizadas en el máximo estrado de comunicación institucional que ha tenido México en los últimos casi ocho años. Hablamos de sendos casos en los que ostensiblemente se ha mentido a la ciudadanía y a la opinión pública sobre asuntos que le conciernen: uno que tiene que ver con una afectación ecológica y operativa cuyos efectos son desconocidos a largo plazo; y otro sobre un procedimiento ministerial derivado del cambio de titular al frente de la oficina.
Ambos casos causan evidente indignación. El primero porque las pruebas del desastre eran tan abundantes (videos, fotografías, informes) que la posición institucional negándolas implicaba mucho más que una simple ceguera, exigía una energía activa para despreciar la realidad y recrearse bajo una alternativa imaginaria. El segundo caso habla de un contubernio de protección a una funcionaria, deslindándola de supuestas decisiones del funcionario predecesor, cuando en realidad la pifia (o los actos razonados, aún está por verse) corresponden enteramente a la protegida de la mandataria.
En ambos casos, por desgracia, hay víctimas objetivas cuya búsqueda de justicia y paz es despreciada no sólo por las autoridades responsables sino que queda relativizada por el escándalo de la mentira. “Lo peor –dicen los analistas– es que el gobierno mienta”; pero lo verdaderamente grave es que se dé la espalda a mujeres víctimas de un abuso sistemático mientras nos enredamos en fechas, folios y procedimientos burocráticos; lo grave está en la ‘patente de Corso’ que institucionalmente justifica los actos de ganancia personal o gremial aunque se afecte a lo colectivo, a la sociedad o al bien común.
Lo grave no es la pérdida de confianza en los políticos, ni siquiera en la carta de naturalidad que se le da a la máxima cínica que comenta el político pragmático (“las autoridades deben, necesitan mentir”); lo oscuro de estas situaciones es que la verdad como “hecho posible” ha dejado de ser una realidad institucionalizada socialmente. Si se destierra la posibilidad real de ‘decir la verdad’, toda frontera entre lo verdadero y lo falso pierde sentido; y, en tal caso, ya todos los enunciados resultan idénticamente nimios, vacíos, superficiales, huecos e inservibles.
¿Han notado cómo las tradicionales conferencias de prensa, las posturas institucionales o las declaraciones de personajes relevantes de la vida pública han perdido consistentemente relevancia en el espacio público? No es sólo que haya una mayor pluralidad de voces o que la supuesta democratización digital de los medios de comunicación le reste relevancia a las instituciones tradicionales de poder y orden; también hay responsabilidad en las estrategias de comunicación de los líderes sociales que confunden lo verdadero y lo veraz. Los liderazgos pueden incluso salir a decir algo verdadero pero están desprovistos de veracidad porque sus enunciados y sus silencios (sobre todo estos últimos) confirman que la “decir la verdad” no está institucionalizada socialmente.
Para los teóricos de la moral, existe una distancia enorme entre mentir y no decir la verdad. No sólo porque la primera parece exigir una acción voluntaria para torcer la realidad o para inventarla, mientras que lo segundo puede ser incluso un gentil silencio táctico o una omisión inmotivada e inocente. Sin embargo, hay efectos que ambas comparten y que son nocivos para quienes las utilizan como estrategias objetivas.
Según cuentan, en la moral cristiana pretridentina cada acto en singular debía ser ponderado en una moral casuística previamente estipulada (como en un inmenso manual) y, en forma de veredicto pre sentenciado, el acto estaba permitido, tolerado o sancionado según las circunstancias específicas de su relato. Desde aquella perspectiva, como apuntan varias tesis, incluso la acción de “engañar por un bien superior” no necesariamente era condenable o punible. Por ello, la mentira, además de ser repugnante y estar emparentada con el mal (Satanás es mentiroso y padre de la mentira), se decía que iba más allá de “enmascarar ingeniosamente la verdad” porque evidenciaba un acto ofensivo contra el orden divino.
Sin embargo, la moral cristiana contemporánea suele enfocarse más en la verdad y la caridad que en el compendio de normas prohibitivas. Desde una “moral de actitudes”, la mentira sigue siendo una ofensa a la verdad y a la justicia, pero en lugar de contrastar la realidad con un vademecum de legalismos, ahora se apela mucho más a la ética de la fe, la libertad y la dignidad humana como faros orientadores que –junto a las Escrituras, el magisterio y la buena formación de la conciencia– auxilian a la manera de abordar el tema de la verdad en nuestro complejo ámbito público. Es decir, la moral contemporánea parece distinguir lo verdadero de lo veraz porque, como apuntó Juan Pablo II: “No hay libertad fuera o contra la verdad”.
La distinción pontificia es pertinente porque lo ‘verdadero’ –como apunta agudamente Alex Grijelmo– se opone a lo falso y a lo erróneo (fuera de la verdad); pero lo ‘veraz’ se opone al acto engañoso (contra la verdad). Así, si lo verdadero puede incluir el efecto manipulador de callar verdades sin dejar de ser verdadero.
Claramente hay problemas cuando las instancias ofrecen menos información de la que tienen o cuando dan más de la que es necesaria; pero líderes e instituciones deben asumir que pierden credibilidad y relevancia cuando deciden “guardar” lo verdadero en lugar de participar y hacer partícipes a la sociedad de una búsqueda activa de la verdad. Sólo ahí, volverían a ser veraces.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe