Durante 2026, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) han rescatado a 95 personas víctimas de delitos contra la libertad en Juárez, 62 de las cuales permanecieron secuestradas para obligar a sus familias a pagar hasta 60 mil dólares como rescate.
Según los datos de la autoridad preventiva, la mayoría de las víctimas han sido personas migrantes que fueron engañadas por traficantes de personas que les prometieron llevarlas a Estados Unidos, pero al llegar a la ciudad las secuestraron; mientras que un mínimo porcentaje han sido personas locales que fueron privadas de la libertad al pertenecer a grupos rivales del crimen organizado.
En lo que va del año la autoridad preventiva también ha detenido a cinco personas con órdenes de aprehensión: una mujer y un hombre por el delito de secuestro y tres hombres por el delito de privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), dadas a conocer por la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez a través del Comité de Indicadores, de enero a septiembre, la autoridad investigadora abrió 48 carpetas por el delito de secuestro, 38 de los casos en los que las víctimas fueron múltiples personas migrantes y 10 más en los que fueron personas locales.
Sólo en septiembre, se registró un caso de una persona local y cuatro casos más en los que las víctimas fueron 11 personas en contexto de movilidad; sin embargo, en los indicadores delictivos dados a conocer ayer, todavía no aparecen dos hechos registrados en octubre: el de un hombre salvadoreño y el de una familia colombiana que fue dejada en libertad después de múltiples pagos por parte de sus familiares, que sumaron un total de 60 mil dólares.
“Siguen habiendo personas que están intentando cruzar, y pues sigue existiendo ese delito; yo creo que va a ser un delito que va a permanecer en la comunidad por la dinámica social de la misma comunidad”, lamentó Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez.
Prueba anticipada
“Hemos tenido reuniones con él (fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Javier Sánchez Herrera), varias reuniones hemos tenido, reuniones en corto, hemos hablado de los procesos, procedimientos; la principal petición, en específico, fue la prueba anticipada, también la vinculación con el sector empresarial para cuando haya algunas cámaras que puedan ayudar a resolver alguna investigación, cuando se encuentran presentes en alguna instalación comercial, también sea motel, hotel, etcétera, que pudiera presumirse alguna de esas cosas. Ha habido una disposición muy fuerte del gremio de las diferentes asociaciones del gremio hotelero por colaborar, lo cual es grato ver”, externó.
Destacó que la principal petición del organismo ciudadano es la prueba anticipada en la persecución del delito contra personas en contexto de movilidad, ya que permite tener testigos extranjeros que abandonarán el país, y debe ser autorizada por un juez para poder incorporarla al juicio, por lo que se han tenido conversatorios con los jueces. (Con información de Luz del Carmen Sosa)
