La iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo federal plantea una modificación a la integración de los Ayuntamientos y elimina explícitamente la referencia al principio de paridad de género en su conformación.
El proyecto de Plan B electoral propone que los municipios sean gobernados por cabildos integrados por una sindicatura y entre siete y quince regidurías, sustituyendo el modelo actual que deja a las leyes locales definir el número de cargos bajo el criterio de paridad.
En la exposición de motivos, el Gobierno federal justifica el cambio bajo dos ejes: evitar que los cabildos se inflen por "criterios de utilidad o renta política" y garantizar que respondan a un "genuino criterio de representación democrática".
Según la propuesta, la reducción generará ahorros que permanecerán en los propios municipios, se destinarán a servicios públicos, obra local y acciones de bienestar.
Sin embargo, en la propuesta de texto constitucional se elimina la mención explícita al principio de paridad de género en la integración de ayuntamientos.
La consultora en materia de género y ex diputada federal, Martha Tagle, criticó que la medida implica un retroceso en derechos conquistados.
"La paridad en Ayuntamientos costó la lucha de mujeres en los estados. En 2015 se ganó jurisprudencia en tribunales; en 2019 se reconoció con paridad en todo.
"Borrarla con el Plan B de la Presidenta Sheinbaum sería un retroceso grave. Esperamos que el Senado mexicano lo enmiende", señaló.
También se prevé que, sin el anclaje constitucional de paridad, los congresos locales podrían diseñar reglas menos exigentes en materia de equidad.