La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado un paso decisivo en la investigación del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras y ha señalado directamente a Irán como responsable último del atentado perpetrado en Madrid el 9 de noviembre de 2023. En su escrito de acusación, el Ministerio Público encuadra el tiroteo contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo y fundador de Vox dentro de una campaña internacional del régimen iraní contra opositores, disidentes y voces críticas.
La Fiscalía solicita 27 años de prisión para Mehrez Ayari, a quien identifica como el autor material del disparo que estuvo a punto de acabar con la vida de Vidal-Quadras. Para Naraya Gómez reclama 23 años, mientras que Chahinez Kadid, Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera y Nafis Din Allouch Ahmed se enfrentan a peticiones de 20 años cada uno. Para Adrián Ruiz Blanco, acusado de colaborar en la ocultación de pruebas, solicita 10 años.
Hay un octavo procesado, Sami Bekal Bounouare, alias Pacho, al que la investigación sitúa como supuesto coordinador del atentado. Se encuentra en paradero desconocido y los investigadores creen que pudo refugiarse en Irán. La Fiscalía comparte de este modo la conclusión a la que llegó el juez Santiago Pedraz al cerrar la instrucción en 2025, el ataque habría sido ejecutado por encargo iraní y estaría relacionado con la actividad de Vidal-Quadras contra el régimen de los ayatolás.
El expresidente del Partido Popular de Cataluña recibió un disparo en la cara cuando regresaba a su domicilio después de caminar por el parque del Retiro. El atacante se acercó al político y abrió fuego a corta distancia antes de huir en una motocicleta. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió salvarle la vida. El propio Vidal-Quadras relató posteriormente ante el juez cómo se produjo el ataque. Escuchó que alguien le decía “hola señor”, se giró y recibió el disparo. Después perdió la conciencia y sus recuerdos del momento quedaron fragmentados. La investigación policial permitió reconstruir posteriormente la huida del presunto sicario y seguir el rastro de los distintos implicados.
La detención de Ayari en Países Bajos en 2024 resultó especialmente relevante para las pesquisas. El presunto autor material fue arrestado en Haarlem cuando, según la investigación, estaba relacionado con la preparación de otro atentado contra un disidente iraní. Las autoridades investigadoras han vinculado además la operación con miembros de la denominada Mocro Maffia, una estructura criminal de origen magrebí con presencia en varios países europeos occidentales.
El papel de Vidal-Quadras como opositor a Teherán
La Fiscalía considera que la elección de Vidal-Quadras fue deliberada. El exdirigente del PP catalán y fundador de Vox desarrolló durante años una intensa actividad de apoyo a la oposición iraní y, en particular, a miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (MEK).
El ministerio público recuerda que Teherán había incluido a Vidal-Quadras en 2022 en una lista de sancionados y le acusaba de prestar apoyo a organizaciones terroristas. Para la acusación, ese antecedente constituye una de las claves para entender por qué el político pudo convertirse en objetivo de una operación ordenada desde Irán.
La Fiscalía reproduce además la advertencia publicada por la agencia informativa estatal iraní apenas cinco días después del atentado. El mensaje reclamaba a España que no se convirtiera en escenario de las actividades de la MEK y advertía de que acoger a esta organización o permitir sus actividades en territorio español tendría “graves consecuencias”. El Ministerio Público considera que ese pronunciamiento adquiere especial relevancia a la luz del resto de indicios reunidos durante la investigación.
Una campaña de operaciones clandestinas en Europa
El escrito de acusación no analiza el atentado de Madrid como un episodio aislado. La Fiscalía lo incorpora a un patrón estatal de operaciones de persecución atribuidas a Irán contra sus adversarios políticos en territorio europeo.
El Ministerio Público menciona ataques registrados en Países Bajos en 2015 y 2017, la planificación de un asesinato en Dinamarca en 2018 y la detención en París, también ese año, de una pareja que llevaba medio kilo de explosivos y un detonador. Añade que las autoridades británicas han detectado al menos una decena de planes iraníes destinados a secuestrar o asesinar a personas consideradas enemigas del régimen.
Sobre ese contexto, la Fiscalía sostiene que Irán se ha visto implicado en operaciones encubiertas destinadas a perseguir, intimidar e incluso asesinar a opositores, disidentes y críticos fuera de sus fronteras. Es precisamente dentro de ese patrón donde sitúa el ataque contra Vidal-Quadras.
La tesis coincide con la mantenida por Pedraz al concluir la instrucción. El magistrado consideró que el intento de acabar con la vida del político estaba relacionado con su condición de referente europeo de la oposición al régimen iraní y con el papel que había desempeñado en la defensa de miembros de la MEK.
De la investigación al juicio
La acusación de la Fiscalía supone ahora el paso previo a la celebración del juicio contra los siete procesados que permanecen a disposición de la Justicia española. Las penas solicitadas dibujan la gravedad con la que el Ministerio Público considera los hechos: no solo por el intento de asesinato, sino por su presunta conexión con una estructura organizada y con una finalidad terrorista.
El caso ha recorrido tres años de investigación desde aquel disparo en pleno centro de Madrid. La instrucción permitió reconstruir la actuación de los presuntos autores y colaboradores, seguir la pista internacional de Ayari y reunir indicios que, según el juez y ahora la Fiscalía, apuntan hacia Teherán como origen del encargo.
La principal incógnita sigue siendo el paradero de Pacho, considerado por los investigadores una pieza central de la operación. Su posible refugio en Irán reforzaría, según la hipótesis de la acusación, la conexión internacional del atentado, aunque será el tribunal encargado del juicio el que deberá valorar las pruebas y determinar las responsabilidades penales.
