El último pleno del Congreso ha dejado una fotografía reveladora de la relación entre el Partido Popular y Vox, cooperación en los territorios, pero distancia táctica en la política nacional. La moción presentada por el partido de Santiago Abascal para implantar de forma explícita la “prioridad nacional”, un principio que busca privilegiar a los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas, vivienda y prestaciones, fue finalmente rechazada con el voto en contra de los populares, pese a que Génova había intentado previamente suavizar el texto mediante una enmienda.
El episodio ilustra la coexistencia de acuerdos políticos en el ámbito autonómico con desacuerdos sustanciales cuando el debate se traslada al Congreso. En comunidades como Extremadura o Aragón, ambas formaciones han sido capaces de sellar pactos que incorporan el concepto de “prioridad nacional” bajo formulaciones más ambiguas, vinculadas al principio del “arraigo” o la residencia legal. Sin embargo, en el plano estatal, Vox ha optado por una versión más explícita y restrictiva que el PP no ha estado dispuesto a respaldar.
La iniciativa defendida por Vox, con figuras como Ignacio Hoces en la tribuna, planteaba medidas de amplio alcance desde la “reemigración” de inmigrantes en situación irregular hasta la limitación del acceso a servicios públicos más allá de las urgencias. También proponía reservar determinadas prestaciones exclusivamente a ciudadanos españoles, eliminando criterios de la Ley de Extranjería como el arraigo que sí figuran en los acuerdos autonómicos.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, trató de introducir una enmienda que replicaba el lenguaje utilizado en Extremadura con una “prioridad nacional” reinterpretada dentro de los márgenes legales existentes, basada en criterios administrativos ya reconocidos como el empadronamiento o la residencia prolongada. Vox rechazó esta reformulación por considerarla insuficiente.
La negativa de los de Abascal a aceptar la enmienda dejó al PP ante la disyuntiva de respaldar un texto más duro de lo que está dispuesto a asumir públicamente o desmarcarse. Optó por lo segundo.
El silencio estratégico del PP
Uno de los aspectos más llamativos del debate fue la estrategia discursiva del PP. Durante la intervención parlamentaria, su portavoz, Carmen Navarro, evitó confrontar directamente con Vox en cuestiones ideológicas sensibles, centrando su discurso en críticas al Gobierno y eludiendo el núcleo de la propuesta ultra.
Sin embargo, esa contención retórica contrastó con la decisión final de votar en contra de la moción junto al resto de la Cámara. Este silencio en la tribuna y rechazo en la votación refleja una posición que evita el choque frontal con Vox sin asumir el coste político de apoyar una medida que se resiste a asumir por completo, que abre las costuras del partido y podría perjudicar la campaña de Juanma Moreno en Andalucía, donde pretende crecer desde el centro.
El voto negativo del PP no puede entenderse sin el contexto de los acuerdos autonómicos en la última semana. En Extremadura, la investidura de María Guardiola con el apoyo de Vox incluyó referencias al principio de “prioridad nacional”, aunque matizadas jurídicamente. Lo mismo ocurre en Aragón, donde el pacto de gobierno de Jorge Azcón incorpora ese concepto bajo una formulación basada en el “arraigo”.
Estos acuerdos obligan al PP a mantener un delicado equilibrio de integrar algunas demandas de Vox para garantizar la gobernabilidad regional, pero sin trasladar íntegramente esas posiciones al ámbito estatal, donde el escrutinio político y jurídico es mayor. @mundiario