El futuro de las pensiones públicas ha dejado de ser una discusión reservada a los despachos políticos y a los informes económicos para convertirse en una de las preocupaciones que marcan la precampaña electoral. Miles de personas han recorrido este sábado las calles de Madrid para reclamar la protección de las prestaciones, exigir mejoras en las cuantías y advertir de los riesgos que, a su juicio, entrañaría avanzar hacia modelos con mayor participación privada. La movilización llega después de varias declaraciones polémicas sobre la sostenibilidad del sistema y sitúa a los partidos ante una cuestión que afecta tanto a los jubilados actuales como a quienes todavía cotizan.
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, organizadora de la convocatoria, cifra la asistencia en unas 40.000 personas. La Delegación del Gobierno todavía no ha facilitado un balance propio. La marcha ha contado también con la participación de colectivos sociales, entre ellos el Sindicato de Inquilinas, en un contexto de creciente conexión entre las reivindicaciones sobre las pensiones, el acceso a la vivienda y el coste de la vida.
Las consignas pronunciadas durante el recorrido han reflejado el principal temor de los manifestantes: que las prestaciones públicas pierdan protección o que una parte de las cotizaciones termine desviándose hacia mecanismos privados. “¡Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden!” y “¡Las viudas y los viudos no se callarán!” han sido algunos de los mensajes más repetidos.
Las declaraciones de PP y Vox avivan el debate
De acuerdo con El País, la movilización se produce después de que representantes de la derecha hayan cuestionado la situación del sistema. El diputado de Vox José María Figaredo calificó las pensiones de “zombi” y defendió avanzar hacia un modelo que combine el reparto público con la capitalización privada. Por su parte, Ester Muñoz, diputada del PP, advirtió de que el sistema iba a “petar” y reclamó una transformación que definió como “valiente”.
Ambas declaraciones han contribuido a colocar las pensiones en el centro de la discusión política. Los dirigentes de PP y Vox han tratado posteriormente de rebajar la polémica y han expresado su respaldo a los pensionistas y a la actualización de las prestaciones. Sin embargo, para los convocantes, las palabras de sus representantes parlamentarios obligan a aclarar qué reformas proponen y cómo pretenden garantizar los ingresos de quienes se jubilen en los próximos años.
Las reivindicaciones que van más allá de la protesta
Los manifestantes no dirigen sus demandas exclusivamente a la oposición. También reclaman al Gobierno mejoras concretas en las prestaciones y medidas para corregir desigualdades que afectan especialmente a los pensionistas con menos ingresos y a quienes han sufrido trayectorias laborales más precarias.
Entre sus principales peticiones figura equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, situado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas según los datos recogidos en la convocatoria. También exigen reducir la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, además de eliminar las penalizaciones que afectan a determinados trabajadores obligados a jubilarse anticipadamente después de haber cotizado durante cuatro décadas o más.
Esta última reivindicación ha dado especial protagonismo a Asjubi, el colectivo que reclama acabar con los recortes aplicados a quienes se retiran antes de la edad ordinaria por circunstancias que, en muchos casos, no han elegido. Su situación pone sobre la mesa una contradicción: haber acumulado muchos años de cotización no siempre evita una reducción permanente de la prestación cuando la salida del mercado laboral se produce antes de lo previsto.
El Congreso llegó a admitir a trámite el 22 de septiembre una iniciativa de Podemos destinada a corregir parte de estas penalizaciones. La propuesta recibió 178 votos favorables, 33 votos en contra de Vox y 136 abstenciones del PP. Sin embargo, la disolución de las Cortes impidió que el proyecto legislativo continuara su recorrido, por lo que la reclamación sigue pendiente de una respuesta parlamentaria efectiva.
El envejecimiento de la población aumenta la presión financiera
Detrás de las consignas existe un desafío económico que ningún partido puede ignorar. El sistema español debe afrontar la jubilación de las generaciones del baby boom, al tiempo que aumenta la cuantía de las prestaciones por la actualización vinculada al IPC y por las bases de cotización de quienes acceden ahora a la jubilación.
La Seguridad Social destinó en 2025 un total de 189.598 millones de euros a las pensiones contributivas, un 6,2% más que en 2024, cuando el gasto ascendió a 178.500 millones. En 2023, la cifra había sido de 168.000 millones. Esta evolución muestra la magnitud de los recursos necesarios para mantener las prestaciones y explica por qué su financiación ocupa un lugar destacado en las discusiones presupuestarias.
No obstante, el incremento del gasto no significa por sí solo que el sistema sea inviable. Un estudio reciente de Fedea sostiene que las reformas aprobadas durante los últimos cinco años han mejorado sus perspectivas de sostenibilidad para las próximas décadas. Parte de esa mejora procede del aumento de los ingresos por cotizaciones y de los cambios que moderan la generosidad futura de las prestaciones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha analizado la evolución del gasto en pensiones en relación con el producto interior bruto. Las estimaciones citadas en el debate sitúan el gasto medio previsto hasta mediados de siglo en el 14,6% del PIB, mientras que el cálculo del gasto bruto, al incorporar determinadas medidas de ingresos, se sitúa en el 13%. La diferencia entre ambas cifras y sus respectivos criterios resulta relevante para determinar si serán necesarias nuevas medidas.
La próxima revalorización, otra prueba para el Gobierno
La reforma aprobada en 2021 estableció que las pensiones contributivas se actualicen conforme a la evolución de los precios, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Las prestaciones mínimas y las no contributivas siguen, además, una senda de incrementos específicos.
Las previsiones apuntan a una subida cercana al 3,5%, aunque el porcentaje definitivo depende del dato de inflación que debe utilizarse para el cálculo. La cifra oficial está prevista para el 15 de diciembre, después de las elecciones del 29 de noviembre. La decisión de posponer el anuncio definitivo sitúa la próxima actualización en un momento políticamente delicado, cuando los partidos tendrán que explicar cómo concilian la protección de los pensionistas con las necesidades de financiación pública.
El debate no se limita a cuánto cobrarán quienes ya están jubilados. También afecta a los trabajadores que hoy sostienen el sistema con sus cotizaciones y que necesitan saber qué prestaciones podrán recibir en el futuro. Las decisiones sobre ingresos, edad de jubilación, penalizaciones y mecanismos de financiación tendrán consecuencias distintas según la generación y la trayectoria laboral de cada persona.
A estas cuestiones se suma la ampliación del acceso a la pensión de viudedad para determinadas parejas que tuvieron hijos en común sin haberse casado ni inscrito como parejas de hecho. La medida aprobada por el Consejo de Ministros permite acreditar la convivencia mediante el padrón durante dos años ininterrumpidos y contempla un plazo de un año para que determinados posibles beneficiarios anteriores demuestren su derecho.
La protesta de Madrid reúne así demandas muy diferentes bajo una misma preocupación: la seguridad económica después de la jubilación. Con la campaña electoral en marcha, los partidos tendrán que concretar sus propuestas y explicar quién asumirá el coste de las reformas. La sostenibilidad financiera será una parte esencial de esa discusión, pero también lo serán la suficiencia de las prestaciones, la igualdad y la confianza de los ciudadanos en el sistema público. @mundiario
