La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre ha encontrado en el feminismo uno de sus principales campos de confrontación. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han trasladado sus diferencias sobre los derechos de las mujeres al terreno de los ataques personales, en un enfrentamiento que va mucho más allá de sus discrepancias ideológicas. La intención del líder del PP de suprimir el Ministerio de Igualdad y revisar la legislación del aborto ha desencadenado una respuesta contundente del presidente del Gobierno y ha reabierto una discusión con capacidad para influir en la movilización electoral.
El intercambio de acusaciones ha dejado en segundo plano, al menos durante unas horas, las propuestas concretas de los partidos. Sánchez ha cuestionado que Feijóo se considere feminista mientras plantea cambios en las políticas de igualdad y en el acceso al aborto. El dirigente popular, por su parte, ha respondido con reproches relacionados con los escándalos que afectan al entorno del PSOE y ha acusado al presidente de utilizar el feminismo como bandera política sin coherencia con determinados comportamientos de antiguos colaboradores.
La disputa refleja una de las contradicciones de esta campaña: los derechos de las mujeres funcionan al mismo tiempo como asunto legislativo, elemento de identidad ideológica y herramienta para disputar el voto. La cuestión ya no consiste únicamente en qué medidas propone cada partido, sino en quién consigue convencer al electorado de que puede defenderlas con credibilidad.
Feijóo plantea cambios en Igualdad y en la ley del aborto
En una entrevista en la Cadena SER, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si llega a La Moncloa tras las elecciones, eliminará el Ministerio de Igualdad como departamento independiente y mantendrá sus competencias dentro de otra estructura gubernamental. La propuesta supone un cambio de organización política que sus adversarios interpretan como una señal de menor prioridad para las políticas de género.
El dirigente del PP también ha defendido la conveniencia de reabrir el debate sobre el consentimiento de los progenitores para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo. La reforma aprobada en 2023 eliminó ese requisito, de modo que recuperar la autorización parental supondría modificar el marco vigente.
Feijóo sostiene que una decisión de esta naturaleza merece ser compartida con la familia por sus consecuencias personales. Sin embargo, sus críticos consideran que esa exigencia podría limitar la autonomía de las adolescentes, especialmente en situaciones en las que no exista una relación familiar segura o en las que comunicar el embarazo pueda generar conflictos.
El debate tiene una dimensión que trasciende la disputa partidista. La regulación del aborto afecta a la autonomía de las mujeres, a su acceso a los servicios sanitarios y a las condiciones en las que pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Por eso, cualquier propuesta de modificación de la ley obliga a examinar tanto sus argumentos políticos como sus posibles consecuencias prácticas.
El feminismo se convierte en un examen de credibilidad
La respuesta de Pedro Sánchez ha situado el foco en la distancia entre declararse feminista y respaldar medidas concretas relacionadas con la igualdad. El presidente ha cuestionado que Feijóo utilice su experiencia familiar para justificar esa identificación ideológica y ha contrapuesto esa afirmación a sus propuestas sobre el Ministerio de Igualdad y el aborto.
La réplica del líder del PP ha desplazado el enfrentamiento hacia las controversias que rodean al PSOE. Sus alusiones a José Luis Ábalos, a los supuestos pagos relacionados con la prostitución y a las acusaciones de acoso contra el excolaborador socialista Francisco Salazar buscan cuestionar la autoridad moral del presidente para reivindicar el feminismo.
El resultado es una confrontación en la que ambos dirigentes intentan apropiarse de un concepto que mantiene un peso relevante en la sociedad española. Para el PSOE, el feminismo representa una línea de defensa de los derechos conquistados; para el PP, el debate también abre la posibilidad de cuestionar la gestión socialista y sus contradicciones.
El riesgo de esta estrategia es que la discusión sobre políticas públicas quede subordinada a una sucesión de descalificaciones. La igualdad, el aborto y la protección frente a la violencia machista requieren explicaciones sobre medidas, recursos y resultados. Cuando la conversación se limita a determinar quién tiene derecho a llamarse feminista, la disputa gana intensidad mediática, pero pierde capacidad para aclarar qué cambiaría en la vida cotidiana de las ciudadanas.
El voto femenino, una pieza clave del 29-N
La confrontación también responde a un cálculo electoral. Las mujeres representan el 51,7% de los casi 36 millones de residentes en España llamados a votar el 29 de noviembre. Su comportamiento electoral puede resultar decisivo en unos comicios en los que los partidos intentan consolidar a sus propios votantes y atraer a quienes todavía dudan.
Belén Barreiro, directora de la agencia de investigación 40dB, explica a El País que el feminismo sigue siendo una cuestión transversal. A su juicio, la propuesta de suprimir el Ministerio de Igualdad sitúa a Feijóo en una posición que puede interpretarse como una menor prioridad de los asuntos de género. En el caso del aborto, el respaldo a la legislación vigente es mayoritario, aunque disminuye cuando la discusión se centra en las jóvenes de 16 y 17 años.
Ese matiz ayuda a entender por qué el asunto puede beneficiar o perjudicar a distintas formaciones. La defensa del derecho al aborto puede reforzar la movilización de votantes progresistas, especialmente entre las mujeres jóvenes que sitúan el feminismo en el centro de su identidad política. Al mismo tiempo, los escándalos relacionados con antiguos dirigentes socialistas pueden alimentar la desconfianza de otras electoras hacia un partido que ha reivindicado históricamente la igualdad.
El politólogo Ignacio Urquizu ha apuntado, además, que determinadas informaciones sobre la prostitución y el entorno de José Luis Ábalos han coincidido con cambios en el comportamiento electoral de algunas mujeres, incluidas votantes que se acercan a Vox. Esa evolución advierte de que el voto femenino no constituye un bloque homogéneo ni responde automáticamente a las posiciones de los partidos sobre el feminismo.
Igualdad y violencia machista amplían el enfrentamiento
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a Feijóo de ceder ante la ultraderecha y ha advertido de que un eventual cambio de Gobierno podría traducirse en retrocesos en las políticas de igualdad y en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Su reacción busca presentar las propuestas del PP como una amenaza a derechos que considera consolidados.
Desde las filas populares, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz ha respondido recordando las consecuencias de la aplicación de la ley del solo sí es sí, que obligó a revisar condenas de agresores sexuales y adelantó la salida de prisión de algunos de ellos. También ha cuestionado la gestión del sistema de pulseras telemáticas para proteger a víctimas de violencia de género.
Ambos argumentos muestran cómo el debate se extiende a otros asuntos sensibles. El PSOE reivindica las políticas de igualdad como parte de su identidad política, mientras que el PP utiliza los errores de gestión del Gobierno para cuestionar su eficacia y su autoridad en materia feminista. La discusión, por tanto, no se limita a la existencia de un ministerio o a una modificación de la ley del aborto: incluye la evaluación de las políticas públicas y la confianza que generan.
El precedente que recuerda a la derecha sus límites
La controversia también evoca el intento del Gobierno de Mariano Rajoy de restringir el aborto en 2013. La propuesta impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, provocó una intensa movilización social, con el llamado Tren de la Libertad como una de sus expresiones más visibles. Finalmente, la reforma quedó paralizada y Gallardón abandonó el Gobierno en 2014.
La comparación no significa que las circunstancias actuales sean idénticas, pero sí recuerda que el aborto puede convertirse en un asunto de movilización ciudadana capaz de alterar los cálculos de los partidos. Las decisiones sobre derechos reproductivos tienen una dimensión íntima y cotidiana que dificulta tratarlas exclusivamente como instrumentos de confrontación electoral.
En esta ocasión, las reacciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han reforzado el llamamiento a defender esos derechos en las urnas. Mientras tanto, el republicano Gabriel Rufián ha ironizado sobre las consecuencias electorales que podría tener la insistencia de Feijóo en el asunto.
La precampaña entra así en una fase en la que el feminismo puede convertirse tanto en un elemento de cohesión para determinadas candidaturas como en un factor de desgaste para otras. La cuestión decisiva será si los electores interpretan estas posiciones como compromisos políticos reales o como movimientos diseñados para ganar visibilidad.
A medida que se acerque el 29-N, el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo obligará a los partidos a concretar sus propuestas y explicar sus consecuencias. Porque el debate sobre la igualdad no se resolverá únicamente con acusaciones cruzadas: también dependerá de qué derechos pretenden preservar, qué cambios quieren introducir y cómo justifican sus decisiones ante la ciudadanía. @mundiario
