El proceso para determinar quién podrá votar en las elecciones generales del 29 de noviembre entre los españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos entra en una fase crítica. El Tribunal Supremo ha agotado su paciencia con el Gobierno y ha dado un nuevo plazo de cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que entreguen la relación nominal de los 163.020 ciudadanos inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) que pueden verse afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto.
Los datos remitidos hasta ahora por la Administración dibujan una cifra llamativa. Solo 91 personas de los 31.390 expedientes revisados han obtenido el certificado consular que acredita que sus ascendientes sufrieron el exilio en las condiciones establecidas por el Supremo. Es decir, apenas el 0,3% de los expedientes examinados ha desembocado hasta el momento en una acreditación positiva. La cifra no significa que ese porcentaje del conjunto de los 163.020 nacionalizados tenga derecho a votar, pero sí refleja la magnitud del proceso de comprobación que el Gobierno tiene pendiente antes de las urnas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en dos autos de los que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera “incomprensible” que, transcurrido aproximadamente un mes y medio desde su primera resolución, el Ejecutivo todavía no haya entregado la relación nominal solicitada. El tribunal reclama que los datos sean enviados tanto a la propia Sala como a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE).
El requerimiento judicial no es una mera petición administrativa. El Supremo advierte a Bolaños y Albares de que el incumplimiento puede acarrear multas coercitivas e incluso la exigencia de responsabilidad penal. El plazo expira a las 15.00 horas del 28 de octubre de 2026. Si para entonces los ministros no han remitido la relación nominal, la Sala podrá imponer una multa coercitiva y remitir testimonio de particulares para determinar si existe responsabilidad penal.
El tribunal contempla inicialmente una multa de 1.000 euros para cada ministro, que podría reiterarse hasta que se produzca el cumplimiento efectivo del requerimiento. La advertencia coloca a Justicia y Exteriores ante una cuenta atrás especialmente delicada, apenas un mes antes de las elecciones generales.
El Supremo considera que la Administración dispone necesariamente de la información reclamada. Los magistrados arguyen que el Abogado del Estado ya comunicó al tribunal la cifra exacta de 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática e inscritas en el CERA. Por tanto, sostiene la Sala, la Administración debe conocer también su identidad.
Solo 91 certificados entre 31.390 expedientes revisados
La documentación entregada por el Gobierno permite conocer por primera vez con precisión el ritmo del proceso. Según los informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y del Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporados al procedimiento, hasta el 21 de octubre se habían revisado 31.390 expedientes.
De ellos, únicamente 91 habían terminado con una certificación de los encargados de los Registros Consulares acreditando el exilio de los ascendientes en los términos fijados por el Supremo. Ese requisito es determinante. La inscripción en el CERA no basta por sí sola para ejercer el derecho de sufragio en estas elecciones. El tribunal ha ordenado que la Oficina del Censo Electoral advierta expresamente a los afectados de que figurar en el censo no implica automáticamente poder votar.
La cuestión se remonta a la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que permitió acceder a la nacionalidad española de origen a determinados descendientes de españoles. El Supremo estableció medidas cautelares para comprobar que quienes pretendan votar cumplen las condiciones específicas vinculadas al exilio de sus padres o abuelos. En concreto, deben acreditar que nacieron fuera de España, que su familiar fue originariamente español y que sufrió exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, con pérdida o renuncia posterior a la nacionalidad española.
El Gobierno asegura que trabaja contrarreloj
El Ejecutivo sostiene que está haciendo “todo lo humanamente posible” para cumplir las exigencias del alto tribunal. Bolaños afirmó que Justicia ya había trasladado el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral “toda la documentación y todos los nombres” de los que dispone, procedentes de un Registro Civil digitalizado.
Exteriores, por su parte, asegura que tanto el Ministerio como los consulados españoles están trabajando desde el primer auto del Supremo y que se redoblarán los esfuerzos para cumplir el nuevo requerimiento dentro del plazo.
La explicación gubernamental choca, sin embargo, con la conclusión de la Sala. Los magistrados sostienen que, si la Administración ha tramitado y resuelto los expedientes, “conoce perfectamente” la identidad de las personas afectadas. Por eso no encuentran una explicación suficiente para que la relación nominal todavía no haya sido remitida al tribunal.
La preocupación del Supremo se agudiza por la proximidad de las elecciones. La suspensión cautelar puede provocar que ciudadanos inscritos en el CERA no puedan votar si no se determina antes de los comicios que cumplen las condiciones establecidas judicialmente. @mundiario
