PÁTZCUARO, Mich., 17 de marzo de 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no está preparado para enfrentar un recorte presupuestal derivado del eventual Plan B de la reforma electoral, lo que obligaría a ajustar programas, reducir actividades en campo y priorizar el gasto operativo, advirtió una consejera del organismo.

Entrevistada en el marco del anuncio de un encuentro de formación cívica y participación ciudadana, a pregunta expresa, la consejera Carol Berenice Arellano Rangel, reconoció que es positivo que la reforma electoral no pasó, pero con el Plan B se avizoran recortes.

Abundó que aunque los organismos públicos locales electorales (Oples) lograron mantenerse tras el debate de la reforma fallida, el escenario inmediato apunta a una reconfiguración interna marcada por restricciones financieras. “No estamos listos para el recorte, pero sí estamos listos para atender las disposiciones que nos marquen los congresos”, señaló.

Explicó que, de concretarse una reducción presupuestal, incluso en escenarios hipotéticos de hasta 20 por ciento, el Instituto tendría que replantear su operación, comenzando por la cancelación o disminución de actividades públicas, como jornadas en campo, visitas a escuelas y programas de capacitación tanto interna como dirigida a la ciudadanía.

Detalló que el IEM trabaja bajo una planeación anual con recursos previamente definidos, por lo que cualquier ajuste impactaría directamente en la ejecución de sus programas. En ese contexto, dijo, se priorizarían rubros indispensables como nómina y servicios, lo que desplazaría acciones sustantivas de promoción democrática.

La consejera subrayó que una de las principales afectaciones sería la reducción del contacto directo con la ciudadanía, lo que podría incidir en la participación electoral. “Si no tenemos presencia pública, si no trabajamos la cultura cívica, se corre el riesgo de que la gente solo nos identifique en procesos electorales y no quiera participar”, advirtió Arellano Rangel.

Añadió que el trabajo del Instituto no se limita a la organización de elecciones, sino que incluye consultas ciudadanas, actividades de educación cívica y acompañamiento a comunidades indígenas en sus procesos autónomos, tareas que requieren presencia territorial y personal operativo.

Indicó que limitar estas funciones implicaría trasladar al organismo a un esquema más centrado en trabajo de escritorio, con menor impacto social. No obstante, sostuvo que, aun con restricciones, no se pondría en riesgo la legalidad ni la organización de los comicios.

“Las elecciones se van a seguir garantizando, la democracia no está en riesgo, pero sí habría una disminución en nuestras actividades”, puntualizó Arellano Rangel.

Finalmente, la Consejera Electoral alertó que una menor presencia institucional podría traducirse en un aumento del abstencionismo, al debilitarse la confianza ciudadana en las autoridades electorales, especialmente en un contexto donde el proceso electoral iniciará en septiembre próximo.

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