En Israel, las elecciones no se juegan únicamente en la disputa entre los bloques políticos tradicionales. También dependen de una comunidad que denuncia sentirse cada vez más alejada de las instituciones: los ciudadanos palestinos con nacionalidad israelí. Para ellos, acudir a las urnas supone mucho más que respaldar una candidatura. Es una forma de intentar influir en un sistema en el que, según denuncian, sus derechos y demandas reciben una atención insuficiente.
Los ciudadanos árabes representan cerca de una quinta parte de la población israelí, pero su peso político no siempre se corresponde con su dimensión demográfica. La fragmentación de sus partidos y las dificultades para establecer alianzas con otras formaciones limitan su capacidad para convertir sus votos en influencia institucional.
Ahmad Tibi, dirigente de Ta’al y parlamentario desde hace décadas, defiende que aumentar la participación electoral es fundamental para dificultar la continuidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu. Su estrategia pasa por movilizar a los votantes y reforzar la representación árabe en la Knéset, el Parlamento israelí, compuesto por 120 escaños.
Sin embargo, el reto va más allá de una aritmética parlamentaria. La separación entre las formaciones árabes refleja diferencias sobre cómo ejercer la oposición: mientras unos priorizan la coordinación política, otros apuestan por negociar acuerdos que permitan obtener resultados concretos para sus comunidades.
El deterioro de la convivencia desde los ataques del 7 de octubre
La guerra desencadenada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha agravado las tensiones entre las comunidades. Numerosos ciudadanos palestinos de Israel denuncian un ambiente de mayor desconfianza, episodios de discriminación y restricciones a la expresión de opiniones relacionadas con Gaza y Cisjordania.
Este contexto ayuda a explicar por qué la participación electoral está marcada tanto por la voluntad de cambio como por el desencanto. Algunos electores consideran que votar es una herramienta para defender sus derechos; otros cuestionan que las principales fuerzas políticas estén dispuestas a incorporar sus reivindicaciones a una futura agenda de Gobierno.
La controversia también alcanzó a las instituciones electorales. El Comité Electoral Central intentó excluir a las listas árabes de los comicios, una decisión que posteriormente fue revocada por el Tribunal Supremo. El episodio alimentó las críticas sobre la igualdad de trato y el espacio disponible para la representación política palestina dentro del Estado israelí.
La seguridad y la representación, dos frentes inseparables
Las demandas de esta comunidad no se limitan al conflicto palestino-israelí. La inseguridad vinculada al crimen organizado constituye otra de sus principales preocupaciones. Las cifras citadas durante la campaña reflejan una elevada incidencia de homicidios en las localidades árabes, un problema que alimenta las críticas sobre la respuesta de las autoridades.
Mansur Abbas, líder de Ra’am, representa una estrategia diferente a la de quienes descartan cualquier entendimiento con partidos judíos. Su participación en la coalición gubernamental de 2021 mostró que la colaboración parlamentaria podía abrir una vía para negociar medidas dirigidas a las necesidades de la población árabe.
La cuestión de fondo sigue abierta: ¿puede una comunidad influir de manera efectiva en las decisiones del país si parte de sus representantes encuentra dificultades para acceder a acuerdos de poder?
La participación electoral, por sí sola, no garantiza respuestas a la discriminación, la inseguridad o la falta de representación. Pero la abstención tampoco elimina esos problemas. El desafío consiste en transformar el respaldo en las urnas en capacidad de negociación, políticas públicas y garantías de igualdad. En esa distancia entre votar y conseguir resultados se encuentra una de las claves políticas de estas elecciones. @mundiario
