La carrera por la alcaldía de Monterrey en 2027 comenzó a mover las piezas políticas en Nuevo León. La diputada local priista Lorena de la Garza Venecia se registró en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) con la intención de competir por la candidatura regiomontana, mientras su trayectoria dentro del gobierno del exmandatario Rodrigo Medina de la Cruz vuelve a colocarse bajo la lupa.
Ese nuevo momento político permite revisar un antecedente poco recordado: en noviembre de 2017, una resolución administrativa le impuso inhabilitación y sanción económica por su actuación al frente de la Corporación para el Desarrollo Turístico y como integrante de FIDECITRUS.
El documento exhibido atribuyó las sanciones a irregularidades relacionadas con apoyos solicitados para Bosque Mágico. Su existencia acredita que la resolución fue emitida en esa fecha.
Lorena de la Garza fue electa como presidenta del Congreso.El expediente no fue un hecho aislado. Durante 2016, la Contraloría de Nuevo León anunció inhabilitaciones contra exsecretarios y exdirectores de la administración de Rodrigo Medina. Federico Vargas, Luis Marroquín, Rodolfo Gómez, Rolando Zubirán, Juana Aurora Cavazos y Sergio Alanís aparecieron entre los sancionados. En agosto de 2020 se reportó que la Sala Especializada en Anticorrupción revocó las sanciones administrativas impuestas a seis exfuncionarios.
La comparación muestra por qué cada expediente debe leerse con fecha y estado procesal. Una sanción anunciada o dictada puede ser impugnada, revocada o modificada. En el caso de De la Garza, la relevancia actual proviene de su aspiración política y de la lluvia de panorámicos en donde se promociona su imagen.
En el caso de De la Garza, actualmente diputada local por el PRI y representante del Distrito 8, la priista confirmó su intención de buscar la presidencia municipal de Monterrey y participó en la convocatoria panista abierta a perfiles ciudadanos y de otras fuerzas políticas. Su registro; sin embargo, no significó un cambio de militancia.
La legisladora ha planteado que su objetivo es competir mediante un proyecto conjunto entre PRI y PAN. No obstante, la dirigencia nacional de Acción Nacional señaló el 7 de septiembre de 2026 que hasta ese momento “no existe ninguna alianza construida” para los comicios de 2027 y que cualquier definición será tomada posteriormente dentro de la estrategia nacional del partido.
ExpedientesDe la Garza fue funcionaria durante gobierno de Rodrigo Medina
Antes de llegar al Congreso de Nuevo León, De la Garza ocupó cargos dentro de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, donde fue directora de Planeación y Evaluación y posteriormente directora general, de acuerdo con su perfil oficial en el Congreso estatal.
Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación confirman que en 2015, durante el gobierno de Rodrigo Medina, Lorena de la Garza aparecía como directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico y firmó convenios de coordinación en materia turística junto con funcionarios estatales y federales.
Este antecedente cobra relevancia rumbo al proceso electoral de 2027 debido a que, tras concluir la administración de Medina, la Contraloría de Nuevo León abrió distintos procedimientos administrativos contra exfuncionarios de ese sexenio.
¿Quiénes fueron inhabilitados tras el sexenio de Medina?
En junio de 2016, la Contraloría de Nuevo León informó la inhabilitación durante 10 años de cuatro exfuncionarios por irregularidades relacionadas con incentivos económicos otorgados a Siderúrgica de Linares.
Las sanciones fueron aplicadas a Juana Aurora Cavazos, exsecretaria de Desarrollo Social; Juan Manuel Fernández García y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quienes habían dirigido el Instituto de Vivienda del Estado. También se les fijó entonces una sanción resarcitoria solidaria por 210 millones de pesos.
Dos meses después, en agosto de 2016, la Contraloría anunció otras inhabilitaciones. Federico Vargas Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, y Luis Gerardo Marroquín Salazar, exsecretario de Obras Públicas, fueron sancionados con 10 años sin poder ocupar cargos públicos.
En esa misma resolución también fueron sancionados cinco trabajadores vinculados con la entonces Secretaría de Obras Públicas: dos quedaron inhabilitados y otros dos recibieron suspensiones por tres meses, según la información difundida entonces. De esta forma, entre las resoluciones de junio y agosto se documentaron al menos ocho inhabilitaciones vinculadas con procedimientos administrativos contra integrantes o trabajadores de la administración anterior.
La construcción comenzó en el sexenio de Rodrigo Medina.¿Qué pasó con las sanciones?
Las sanciones impuestas a exfuncionarios del gobierno de Rodrigo Medina dieron origen a litigios y procedimientos posteriores. Sin embargo, en la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no fue posible corroborar documentalmente que seis de esas sanciones hayan sido revocadas específicamente en 2020, por lo que ese dato requiere la resolución correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa o de la autoridad que hubiera dejado sin efectos las inhabilitaciones antes de presentarlo como un hecho definitivo.
Lo que sí está documentado es que las inhabilitaciones anunciadas en 2016 formaron parte de las investigaciones administrativas y penales emprendidas al terminar el gobierno de Medina, entre ellas la denominada Operación Tornado, que revisó presuntas irregularidades relacionadas con incentivos, obras públicas y manejo de recursos.
Los exfuncionarios que consiguieron la revocación de las sanciones fueron: Federico Vargas, Luis Marroquín, Rodolfo Gómez, Rolando Zubirán, Juana Aurora Cavazos y Sergio Alanís.
De funcionaria estatal a aspirante por Monterrey
Rumbo a 2027, el pasado administrativo de quienes buscan gobernar Monterrey volverá inevitablemente al escrutinio público. En el caso de Lorena de la Garza, su paso por el gobierno de Rodrigo Medina forma parte de su trayectoria, pero también obliga a distinguir con precisión entre responsabilidades políticas, antecedentes administrativos y sanciones que realmente le hayan sido atribuidas.
Más allá de señalamientos por asociación, el reto será que autoridades, partidos y aspirantes transparenten expedientes, resoluciones y responsabilidades individuales. En una contienda donde el pasado puede convertirse en arma electoral, la discusión debería sostenerse en documentos y hechos comprobables, no en culpas heredadas ni acusaciones sin sustento.
