La decisión de la Policía Federal de Brasil de retirar el acceso a un agente estadounidense destinado en Brasilia supone una respuesta calculada bajo el principio de reciprocidad por parte del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El detonante fue la expulsión en EE UU de un comisario brasileño que colaboraba con el sistema migratorio norteamericano, acusado de supuestas irregularidades en la persecución de un político del bolsonarismo.
El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, reconoció el carácter excepcional de la medida, subrayando que se adopta en un contexto de falta de explicaciones formales por parte de Washington. El resultado ha sido la ruptura parcial de los mecanismos de intercambio de información y una señal política clara de descontento institucional.
En el centro de la crisis se encuentra Alexandre Ramagem, figura clave del entorno del expresidente Jair Bolsonaro. Ramagem, condenado en Brasil por su implicación en la intentona golpista, fue detenido en Florida por el servicio de inmigración estadounidense (ICE) y liberado apenas dos días después. El exdiputado bolsonarista fue el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), desde la cual fue acusado de espiar ilegalmente a activistas, opositores y periodistas y para difundir desinformación en favor del exmandatario de ultraderecha.
Lo que inicialmente parecía un ejemplo de cooperación judicial se transformó rápidamente en un foco de fricción. La liberación del exdirector de inteligencia y las posteriores acusaciones contra el agente brasileño —a quien Washington atribuyó una supuesta “persecución política”— desencadenaron una reacción en cadena. Para su liberación, según reporta Folha de São Paulo, tuvieron un rol clave el empresario Paulo Figuereido y el exdiputado Eduardo Bolsonaro en Washington.
Una cooperación en riesgo por la reciprocidad
El principio de reciprocidad, invocado por el Ejecutivo brasileño, es una práctica habitual en las relaciones internacionales, pero su aplicación en este caso atañe a la cooperación policial entre ambos países. Al limitar el acceso del agente estadounidense a bases de datos y dependencias oficiales, Brasil no solo responde a una medida equivalente, sino que introduce un elemento de presión para forzar explicaciones y restablecer canales formales de comunicación.
El propio Lula da Silva ha defendido la decisión como una cuestión de soberanía, en la que aceptar sin respuesta una medida unilateral podría interpretarse como una cesión en términos de autonomía institucional. “Ellos nos hicieron esto, nosotros se lo haremos a ellos. Esperamos que estén dispuestos a dialogar de nuevo y que las cosas vuelvan a la normalidad”, ha dicho el presidente izquierdista en un vídeo junto a Rodríguez y al ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva.
Durante años, Brasil y EE UU han mantenido una estrecha colaboración en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen transnacional y la captura de prófugos. La figura de los “oficiales de enlace” ha sido clave en ese entramado. La expulsión del comisario brasileño implicado en la captura de Ramagem, identificado como Marcelo Ivo de Carvalho, y la respuesta inmediata de Brasil ponen en entredicho ese modelo de cooperación.
Sin acceso a sistemas compartidos ni presencia operativa, la coordinación se resiente y los canales informales pierden eficacia. Además, la falta de comunicación oficial —con decisiones anunciadas a través de redes sociales— añade una percepción de improvisación en Itamaraty que agrava la desconfianza mutua.
El caso no puede entenderse al margen de la política interna brasileña. La detención de Ramagem y su posterior liberación han sido utilizadas por sectores vinculados al bolsonarismo para denunciar una “persecución política”. @mundiario
